Los senadores de Cambiemos llegaron ayer a la comisión de Asuntos Constitucionales con el objetivo de emitir un dictamen que autorice al juez Claudio Bonadio a allanar los domicilios de Cristina Fernández de Kirchner e incluso el despacho de la senadora. Los representantes del FpV-PJ repudiaron la maniobra al sostener que se violaba la ley y la Constitución al habilitar el operativo sin que se supieran cuáles eran los fundamentos que llevaron al juez a tomar dicha determinación. La discusión se empantanó más que nada por la indisimulable intención del senador del PRO Federico Pinedo de conseguir un hecho político-mediático. Lo salvó su par de Córdoba, Ernesto Martínez, quien incorporó un artículo que le exige al juez el envío de los fundamentos para que el proyecto sea debatido el jueves a partir de las 11. Eso fue lo que permitió que el peronismo de Argentina Federal aportara las firmas necesarias para que el dictamen sea válido.

El presidente de Asuntos Constitucionales, el peronista de Catamarca Dalmacio Mera, habilitó el tratamiento del dictamen con la voz entrecortada, como si estuviese demasiado nervioso a pesar de que ya se sabía que CFK no iba a participar del encuentro. Cuando cedió la palabra hubo silencio por un par de minutos, hasta que Pinedo levantó la mano. Sin sonrojarse, buscó resolver rápidamente el tema al proponer autorizar los allanamientos sobre la base de que un senador no debe tener privilegios por encima del resto de los ciudadanos. Eso sí, aseguró que “sería deseable en el futuro que todos los jueces sepan que se debe actuar resguardando la acción legislativa” y, en ese sentido, también dejó para otra oportunidad la exigencia de que los jueces deban “fundamentar los pedidos de allanamiento en todas las causas” que tengan a un legislador involucrado. Por si acaso, indicó que, en el caso de que este operativo incluya las oficinas de la ex presidenta, se deberían enviar veedores para “evitar cualquier abuso”. No especificó a qué tipos de abuso se refería. Los legisladores del kirchnerismo lo miraban como si no pudieran creer lo que decía.

Le respondió la mendocina Anabel Fernández Sagasti (FpV-PJ), destacando la ausencia de los requerimientos legales que fundamentan el allanamiento y advirtió que el oficio enviado, que no superaba una carilla, no especificaba los domicilios a relevar. “De aprobarse así como está, estamos abriendo una peligrosa puerta que baja el estándar republicano y deja a los legisladores a merced de cualquier causa espectacular como ésta”, dijo. La mendocina señaló que no se pretende un tratamiento especial para la ex presidenta, sino que reclaman que “se le respeten, como a cualquier ciudadano, sus garantías constitucionales”. La senadora buscó luego demostrar las verdaderas intenciones que hay detrás de esta causa al sostener que el Gobierno está tratando de “tapar el desastre económico”.  Es más, aseguró que “este mamarracho de causa tiene también intereses de un grupo de opositores funcionales al Gobierno, que se han visto pegados como dadores de gobernabilidad a un Gobierno que en materia económica no pega una. Está en sus ideas proscribir a la persona que más votos tiene en la oposición”, dijo en obvia alusión al interbloque Argentina Federal, que conduce Miguel Angel Pichetto. Ninguno de ese bloque recogió el guante. Fernández Sagasti recordó también que Bonadio, a quien siempre llamó “no juez”, fue denunciada por la ex presidenta y por eso entiende que debía haberse apartado de la causa.

Pinedo respondió con chicanas al nombrar a Amado Boudou, Milagro Sala y Julio De Vido, entre otros, para inhabilitar los argumentos de la mendocina que lo había criticado por carecer de honestidad al sumarse al operativo político mediático.

Sin embargo, los dichos de Fernández Sagasti, así como los de Marcelo Fuentes, hicieron reflexionar al cordobés Martínez: propuso, de una forma no tan clara, incorporar un artículo al proyecto que le reclama al juez los fundamentos de la medida como condición para dar la autorización. Eso fue rápidamente avalado por el hasta ese momento silencioso Rodolfo Urtubey. El que no se mostró convencido fue el justicialista de Chubut Mario Pais, quien consideró que no se podía emitir dictamen sin los fundamentos en la mano y, por lo tanto, se negó a firmar. A esa altura, el puntano Adolfo Rodríguez Saa se había escabullido del salón sin emitir opinión. El que tampoco habló pero sí estampó su firma fue el salteño Juan Carlos Romero. La rúbrica de Mera le permitió retirarse al oficialismo con el dictamen de mayoría y la noticia que pretendían.

Hubo un dato que los legisladores de Cambiemos intentaron pasar por alto y es que el oficio remitido por el juzgado de Bonadio no detallaba las direcciones que se pretenden allanar y tampoco quedaba claro si está la intención de ingresar al despacho de CFK en el Senado. Ante esa “omisión” del magistrado, los legisladores decidieron incluir en el dictamen las direcciones de los domicilios que están dispuestos a autorizar para que sean allanados y entre ellas no figuran ni el despacho ni las oficinas de CFK en el Instituto Patria. Sobre este edificio, Fernández Sagasti denunció durante la reunión que fue detectada la presencia de dos integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia que se habían ubicado frente al instituto. Lo curioso fue que, al notar esa presencia, los empleados del Patria realizaron la denuncia y un patrullero de la Policía de la ciudad determinó que se trataba de agentes de la AFI. “Están violando la ley de seguridad interior”, denunció la legisladora. El oficialismo hizo un interminable silencio y sólo el senador Pais propuso que se haga la denuncia ante el fiscal de turno.