La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 generó gran expectativa entre los medios comunitarios, populares y alternativos, que se contaron entre sus principales impulsores. A poco de cumplirse diez años, el balance de su incidencia en el sector sin fines de lucro es notable a pesar de las restricciones de su aplicación.

Se registran 228 radios y televisoras del sector social activas en todo el país, según un minucioso relevamiento realizado en base a diversas fuentes estatales, académicas, de las redes de medios y otras organizaciones que hizo un equipo de investigación financiado por Conicet y la Defensoría del Público. De ellas, 73 se crearon durante la vigencia de la antigua Ley de Radiodifusión, 140 en el proceso de debate, sanción y aplicación de la Ley Audiovisual, y 15 desde su modificación por decretos. Esto implica un ritmo de surgimiento de 2,7 emisoras por año entre 1980 y 2007, 20 entre 2008 y 2015, y 5 entre 2016 y 2018. Por lo tanto, es evidente que el proceso de discusión, formulación e implementación de la norma, junto con las demás políticas de promoción, incidieron en la exponencial multiplicación de radios y televisoras comunitarias.

Una variable fundamental para la sustentabilidad de las emisoras es su legalización, exigida por la ley pero poco cumplida. Desde su sanción y hasta julio de 2017, se otorgaron 96 licencias, 56 de forma directa y 40 a través de concursos. Ninguna para radios en zonas de conflicto, aunque se destaca la legalización de canales de televisión digital en Ciudad de Buenos Aires. Del total, 68 licencias se otorgaron entre 2010 y 2015 y 28 desde 2016. Esto marca un ritmo de legalización de 0,9 licencias por mes en el gobierno anterior y 1,2 en el actual, si bien desde 2015 no se convocan a nuevos concursos por licencias. Aunque inéditos en la historia de la radiodifusión argentina, los avances en materia de legalización no llegan a satisfacer las exigencias del sector que, entre otras cosas, necesita una licencia para protegerse de decomisos que afectan gravemente su sostenibilidad y para acceder a más y diversas fuentes de financiamiento.

Los fondos de fomento conocidos como Fomeca, política fundamental prevista en la ley pero hoy ralentizada, destinaron a equipamiento e infraestructura más de $ 46,2 millones desde que comenzaron a implementarse en 2013 y hasta 2016. En total, 130 organizaciones lo ganaron al menos una vez. El estudio de diez radios y televisoras de tres regiones diferentes del país que hicieron Alejandro Linares, Verónica Longo, Ana Laura Hidalgo, Natalia Traversaro, Natalia Vinelli y la autora y el autor de este artículo, verificó que estos fondos favorecieron sustancialmente la mejora de su infraestructura y equipamiento. El aporte permitió a algunos medios terminar de constituirse como tales con la tecnología necesaria.

El fomento a la producción radiofónica repartió $ 49,1 millones en el mismo periodo. En total se entregaron 499 subsidios a 297 organizaciones para producción radiofónica. En cuanto a producción audiovisual, el Fomeca destinó $ 91,4 millones que se repartieron en un total de 348 subsidios. Estos fondos incidieron en el aumento de la generación de contenidos regionales y locales en distintos puntos del país. La totalidad de los medios estudiados en Córdoba y CABA fortalecieron la generación de contenidos propios a partir del aporte realizado por éste y otros fondos estatales.

Se infiere también un crecimiento en la cantidad de trabajadores/as del sector no lucrativo. Las radios y televisoras estudiadas en el marco de la  investigación cuentan con un promedio de 14 comunicadores/as (fijos y colaboradores) cada una. Si esto se extrapola a las 155 emisoras comunitarias surgidas desde 2008, se puede sostener que hubo desde entonces un importante crecimiento en la participación del sector social dentro de la masa laboral de la comunicación audiovisual. 

Sin embargo, las experiencias analizadas tienen dificultades para pagar salarios. Una de las razones es que las líneas de fomento no los incluyen. No obstante, el ingreso de fondos estatales de distintas procedencias contribuyó a la economía general de los medios –como lo verificamos en Córdoba y CABA–, lo que redundó en el sostenimiento de fuentes de trabajo y/o en la generación de nuevas rentas. A pesar de sus limitaciones, las políticas de legalización y fomento estatal de radios y televisoras comunitarias, alternativas y populares, aplicadas en Argentina desde 2009 contribuyeron de manera sustancial a la creación y consolidación de su infraestructura, equipamiento, producción propia, trabajadores/as y rentas. En tiempos de achique del Estado, esto demuestra su centralidad ineludible para garantizar la diversidad y el pluralismo del sistema mediático.

* Integrantes del proyecto “Las radios y televisoras  comunitarias desde la Ley 26.522. Condiciones,  estrategias y desafíos”, Conicet/Defensoría del Público