La oposición arañó el quórum en la Cámara de Diputados pero no consiguió abrir la sesión especial para buscar derogar el decreto presidencial que les asigna a las Fuerzas Armadas tareas en seguridad interior y el decreto que les quita a las asignaciones familiares el plus por zonas desfavorables, como la Patagonia y el norte del país. Los diputados de la alianza oficialista Cambiemos balconearon el recinto para bloquear el tratamiento de los proyectos opositores si estos alcanzaban el quórum para sesionar, pero no bajaron al recinto a dar el debate. Desde la oposición cuestionaron al oficialismo por impedir que se discutieran las iniciativas que incomodan al Gobierno y por ser “cómplices del vaciamiento del Congreso”. También advirtieron sobre la inconstitucionalidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en la “nueva doctrina de seguridad nacional impulsada desde los Estados Unidos”.

Al mediodía, una hora después de la fijada para la convocatoria, el presidente de la Cámara baja, el macrista Emilio Monzó, dio por fracasada la sesión. Los bloques opositores sentaron a 122 diputados en sus bancas, apenas 7 menos de los necesarios para alcanzar el quórum: estaban las bancadas de Argentina Federal, el Frente Renovador, el Frente para la Victoria, el interbloque Peronismo para la Victoria-Libres del Sur, los peronistas puntanos, el Frente de Izquierda y los Trabajadores y varios monobloques.

El faltazo de bloques provinciales, como el numeroso Frente Cívico santiagueño y la previsible ausencia de los filo-oficialistas de Evolución Radical, colaboró con la frustración de la sesión convocada para incomodar al oficialismo, en cuyas filas existe un incipiente malestar de radicales patagónicos por el decreto de Macri que recorta las asignaciones.

La jefa del bloque massista, Graciela Camaño, fue la encargada de abrir las expresiones en minoría. “La Nación no estará mejor defendida, ni los ciudadanos tendrán mejor seguridad”, afirmó Camaño al cuestionar el rol que el decreto presidencial asigna a las Fuerzas Armadas. Y disparó: “Claramente lo que se advierte es que van por las FF.AA., quieren desmantelarlas y quieren quedarse con sus pertenencias, con sus tierras, fundamentalmente, parece que son una agencia inmobiliaria apropiándose de la tierra pública”. Sobre el recorte en las asignaciones, sumó luego: “El Gobierno reconoció que no lo estudió, simplemente hizo un decreto porque le pareció a algún ministro”.

El salteño Pablo Kosiner, que preside el interbloque Argentina Federal, le apuntó a la “técnica de la prueba y error a la cual el gobierno nacional recurre con frecuencia” y que como en el caso del decreto 702 “es imposible de ser sostenida cuando está en el medio la angustia y la desesperación de miles y miles de familias argentinas, que están en las situaciones más difíciles”. Kosiner afirmó que hay que “derogar” el decreto y el que suspende su aplicación por 30 días porque “la evaluación de los impactos la debió hacer antes del 702”, para luego remarcar que se debe “volver a la situación anterior”.

Los diputados patagónicos del FpV-PJ fueron los encargados de cuestionar duramente el recorte sobre las asignaciones familiares y las consecuencias económicas sobre los trabajadores y las economías de la región. La rionegrina María Emilia Soria cargó contra la “política hipócrita” de los diputados de Cambiemos que protestaron contra el recorte: “Presentaron un proyecto careta” y “faltan a la discusión en el Congreso. Es una falsa rebeldía y amor por la gente”, sentenció. Luego, Soria advirtió sobre la resistencia que las medidas del Gobierno encuentran en la región: “El patagonazo recién empieza, también en defensa de las jubilaciones patagónicas”.

“Fueron al FMI a espaldas del Parlamento y su fuerza política por un arrebato, no por una tormenta externa sino por una corrida cambiaria”, arrancó Axel Kicillof. “Obscenamente, fueron a mendigarles a sus propios socios para el ajuste, pero le dieron la espalda –continuó–. Le dijeron que no pare la rebaja de las retenciones y los precios de los alimentos están carísimos. Minga le dijeron las petroleras y siguieron con los aumentos. Le dijeron al sector financiero, ‘aflojemos con la Lebac’ y los timberos le contestaron no, sacan medio punto de interés y se van al dólar. Entonces el Gobierno fue contra los más débiles: salarios, jubilaciones, asignaciones”, remarcó el diputado del FpV.

La ex ministra de Seguridad y de Defensa Nilda Garré planteó la “inconstitucionalidad” del decreto 683 y “la necesidad absoluta de su derogación, por las terribles implicancias que va a tener sobre las FF.AA. y nuestro sistema de defensa”. “Hoy se quiere poner nuevamente a las Fuerzas Armadas al servicio de la lucha contra el narcotráfico, o el terrorismo, o contra las llamadas nuevas amenazas. En realidad se las está alineando en la nueva versión de la doctrina de la seguridad nacional que tienen hoy los Estados Unidos”, insistió Garré.

Desde el PpV, Araceli Ferreyra sostuvo que los decretos presidenciales son “la expresión de una republiquita bananera” y que son “nulos e inconstitucionales”. Acusó a los diputados oficialistas de ser “cómplices del vaciamiento del Congreso”. Luego cargó contra el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que “hace negociados, comprando en el exterior industria naval por 384 millones de dólares en acuerdo con FMI, mientras castigan a la Patagonia con políticas de ajuste”.

El peronista puntano Andrés Vallone cuestionó al oficialismo y reclamo “que vengan a trabajar, que abran las comisiones”. “Evitan el Congreso. Lo han hecho con el FMI y ahora con las FF.AA.”, insistió. Desde el FIT, Nicolás del Caño rechazó “los decretos ‘republicanos’ de Macri” y la actuación de las FF.AA. en seguridad interior, y recordó el fracaso de la lucha militar contra el terrorismo y el narcotráfico en México: son “excusas buscando intervenir en la represión de la protesta social”. “Todo este ajuste no puede pasar sin represión”, sumó Romina Del Plá, también del FIT.

El único diputado del interbloque de Cambiemos que habló fue el empresario sojero Alfredo Olmedo, que se jacta de siempre dar quórum. A las 11.45 pidió que “se levante la sesión”. Más tarde defendió las decisiones del Gobierno: “Yo prefiero un soldado pidiéndome los documentos y revisándome el auto y no un delincuente pegándome un tiro por robarme un celular”, dijo para concluir que “la patria está en peligro: estamos en guerra con el narcotráfico”.