La democratización contemporánea, entendida como un proceso de expansión de las fuerzas de apropiación pública, se compone de tres vectores críticos: un vector tecno-político, un vector tecno-económico y un vector tecno-comunicacional. Aquí me detengo en la simple descripción de los eventos centrales que durante 2018 precipitan la regresión estructural de la democracia en la Argentina. Tales eventos se asocian con la dimensión político-represiva del vector político mencionado y con una de las variables fundamentales del vector tecno-económico para un país periférico: el grado de autonomía del Estado para definir su política macro-económica.

Respecto de la dimensión político-represiva, los dos eventos principales que se refuerzan entre sí son (1) la decisión del Poder Ejecutivo de instaurar por decreto una transformación doctrinaria y funcional de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), y (2) el aval del mismo Gobierno para instalar bases militares norteamericanas en diferentes puntos del territorio nacional. En cuanto al primero, el pilar de la transformación que promueve el Ejecutivo a partir del decreto 683/2018 es la autorización para que las FF.AA. puedan ejercer tareas de seguridad interna. Con ello, prácticamente se disuelve la barrera entre la seguridad interior y la defensa nacional, reforzando las operaciones de criminalización de protestas sociales y de persecución de líderes políticos opositores. Tal medida busca poner a las FF.AA. al servicio de un “programa de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, alineándose plenamente con la agenda de política exterior de los Estados Unidos. El decreto en cuestión deroga un decreto anterior (1691/2006) y busca fracturar el marco jurídico conformado por las leyes de Defensa Nacional (1998), Seguridad Interior (1992) e Inteligencia Nacional (2001). Respecto del segundo evento, el Gobierno está propiciando la instalación de bases militares de los EE.UU. en suelo argentino, contando para ello con la dirección técnica del Comando Sur de las FF.AA. norteamericanas. Las localizaciones preseleccionadas serían tres: la Triple Frontera, Tierra del Fuego y la provincia de Neuquén. Los dos eventos mencionados se refuerzan a partir de un tercer acontecimiento: el ingreso ilegal de tropas norteamericanas este mismo año en territorio nacional para la realización de ejercicios conjuntos con las fuerzas locales. 

Junto al núcleo represivo es necesario prestar atención a la política de híperendeudamiento externo que viene desplegando el gobierno de Macri y que ha provocado en un tiempo récord la pérdida total de autonomía del Estado nacional para la formulación de políticas macroeconómicas. Aquí los indicadores centrales son la evolución de la deuda externa con relación al PBI y las características que adquieren los compromisos con los acreedores de dicha deuda. Respecto de lo primero es posible observar que Cambiemos desató el crecimiento de deuda externa más acelerado de la historia nacional. A partir de diciembre de 2015, el gobierno macrista retorna a un endeudamiento externo compulsivo como acción clave para relanzar el régimen de valorización financiera del período 1976-2001. El ratio deuda pública externa sobre PBI viene en alza desde 2011, momento en que llegó a representar el 14,2 por ciento del producto, su piso más bajo desde el retorno de la democracia en 1983. De allí en adelante la deuda comienza a crecer, disparándose a partir de las políticas de híperendeudamiento acelerada del gobierno de Macri hasta alcanzar el 65,5 por ciento del PBI en junio de 2018. La emisión total de deuda en monedas extranjera y local alcanzó un equivalente a casi 133 mil millones de dólares. Ello convierte al país en el mayor emisor de deuda soberana entre las economías emergentes del mundo para el período 2016-2018. Respecto de la relación con los acreedores, el principal evento de este nuevo ciclo de endeudamiento es la decisión de restablecer el vínculo de sujeción al FMI, luego de 14 años de haber saldado las deudas con el organismo. El retorno al FMI se concreta a partir de la solicitud de un crédito stand by. La completa novedad de este voluminoso préstamo (50 mil millones de dólares) es que no sólo serán supervisadas las metas fiscales y monetarias, sino también la inflación. De este modo, Macri delega la administración de la economía nacional al FMI, transformándose en el brazo ejecutor del programa de ajuste neoliberal monetarista solicitado por este último. 

Las políticas de militarización interna y el hiperendeudamiento exprés están erosionando estructuralmente la soberanía nacional y están generando resistencias y movilizaciones sociales masivas en todo el territorio nacional. Aunque la relación de poder entre los promotores de la democratización y los promotores del nuevo régimen de macro-apropiación privada globalizada es marcadamente desigual a favor de éstos últimos, el futuro político nacional a mediano plazo es impredecible. 

* Universidad Nacional de Córdoba, Conicet, Clacso.