En una decisión a contramano de los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU y de la Corte Suprema, un juez de primera instancia de Jujuy ordenó el traslado de la dirigente social Milagro Sala al penal federal de Salta. La medida se concretó ayer entre gallos y medianoche tras un fallo que no fundamentó la decisión. “La quieren muerta”, denunció el Comité por la Libertad de la líder de la Tupac Amaru, quien hoy inició una huelga de hambre seca.

El traslado fue ordenado por el juez federal Pablo Pullén Llermanos en el marco de la causa denominada “Pibes Villeros”, que acusa a Sala de una supuesta “malversación de fondos” destinados a obras públicas por la que también están imputadas unas 30 personas. Fue efectivizado a última hora de ayer, apenas horas después de que Sala fuera dada de alta tras su internación por un desvanecimiento que sufrió el 1 de agosto último en su lugar de detención domiciliaria de la localidad de El Carmen.

La cédula judicial resolvió “mantener la vigencia de la prisión preventiva”, “dejar sin efecto” la modalidad de la prisión domiciliaria y trasladarla desde el Tribunal Criminal donde se tramita esa causa hasta el Complejo Penitenciario Federal III, ubicado en el departamento salteño de Güemes. En ningún tramo de las dos páginas del dictamen se explican los motivos.

El Comité por la Libertad de Milagro Sala denunció que la medida es “absolutamente arbitraria” los abogados de la diputada del Parlasur presentaron un hábeas corpus y denunciarán el hecho ante los organismos internacionales, que desde hace un año ordenaron la modalidad de detención domiciliaria ante los riesgos de vida que Sala corría en la cárcel jujeña de Alto Comedero.

Tanto la CIDH como el máximo tribunal argentino dictaminaron que Sala debía cumplir detención domiciliaria en su residencia habitual, en el barrio de Cuyaya. Sin embargo, desde el año pasado se la confinó en una casa de la localidad de El Carmen, adonde, según se denunció, no había señal telefónica, presentaba dificultades en el acceso a los médicos y estaba rodeada de gendarmes. 

“El gobernador Morales y el juez Pullen Llermanos continúan con su política constante de hostigamiento contra Milagro”, denunció el Comité, que a la vez denuncia el revanchismo del Estado jujeño contra la líder social. “Cada vez queda más en claro que no les interesa en lo más mínimo su vida” y que “no les interesa la justicia sino la revancha contra una mujer que hizo lo que no hizo ningún político en Jujuy por los más humildes”, puntualizó la organización a través de un comunicado.

El texto del colectivo integrado por decenas de organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos advierte, además, que este tipo de medidas son prueba de que “quieren ver muerta” a Sala y le enviaron un mensaje al gobernador Gerardo Morales: “No vamos a parar hasta que Milagro esté libre”.