La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, deslizó ayer la intención de alterar la vida en prisión, al menos para “determinados detenidos”, al punto de impedirles visitas a solas y evitar que accedan a teléfonos. Lo dijo en alusión a Ariel “Guille” Cantero, sospechado de haber instigado los atentados contra jueces que intervinieron en el proceso a la banda Los Monos. "Habrá que ir a un sistema de visitas en el que la persona detenida no pueda tener un diálogo a solas", dijo. El abogado defensor de Cantero, Fausto Yrure, puso en duda las pruebas que llevaron a los fiscales y al gobierno a señalar a su cliente como el autor intelectual de las balaceras, y reclamó que se realice “cuanto antes” la audiencia imputativa.  

En tanto, Fiscalía imputará hoy a Brian F., presunto autor material de los disparos contra viviendas del juez Ismael Manfrín. Coacción a los poderes del Estado, amenazas y uso de arma, son los delitos que cargará. En otra audiencia, en la Justicia de Menores, será indagado el chico de 17 años detenido el martes en el mismo operativo. Y el tercer detenido de aquella redada será acusado por la tenencia de un arma usada en el ataque contra la casa de Ariel Lotito, policía que investigó al clan Cantero. Guille Cantero –cabecilla de la banda, condenado a 22 años— sumaría la acusación por instigación de las amenazas calificadas y agravadas, en una audiencia de la semana que viene, previo a la apelación de su condena. La ministra Bullrich saludó los avances en la investigación sobre la saga de ataques, y habló de buscar cambios en la modalidad de detención y recepción de vistas de los presos de “alto perfil”: "No podemos dejar que Guille Cantero nos domine el terreno desde la cárcel", dijo. Por su parte, el abogado defensor Fausto Yrure dudó de las pruebas que asegura tener Fiscalía. “Queremos la audiencia cuanto antes”, dijo.

En el día después de la conferencia de prensa donde el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y el fiscal general Jorge Baclini anunciaron la detención del presunto autor material del primero de una saga de ataques al Poder Judicial; y de la sindicada autoría intelectual de Ariel “Guille” Cantero, detrás de los hechos del 29 de mayo pasado; la Oficina de Gestión Judicial puso fecha de audiencias para hoy. En la acusación a Brian F., de 22 años –estaba preso en domiciliaria acusado por violencia machista--, se dará información sobre las intervenciones telefónicas que al parecer permitieron encontrar mensajes borrados del líder de la banda, señalado por emitir órdenes desde la cárcel para que se libere al menos el primero de los ataques.

En tanto, familiares del menor R. O. A., alias Tavi –sin antecedentes penales-, estuvieron ayer en el Juzgado de Menores 3, y hoy se imputará al adolescente de 17 años, detenido en el Instituto de Rehabilitación al Adolescente (Irar), aunque esperaban las últimas novedades del Ministerio Público de la Acusación, sobre el hecho puntual por el que lo acusarán.

Como coletazo de las novedades, la ministra Bullrich hizo ayer declaraciones radiales que sumaron inquietud en el ámbito caldeado de autoridades de Seguridad y del Poder Judicial en torno a la situación de la célebre banda de zona sur y su presunta influencia sobre la escena callejera desde la cárcel: “Es una investigación importante tanto por el autor material como por esta autoría indirecta, de quien daba órdenes. La metodología nos encuentra unidos entre gobiernos y entre ministerios y fuerzas”, remarcó Bullrich. Y agregó: “Hay que evitar que sigan manejando las actividades delictivas", dijo sobre la orden de restringir los sistemas de visitas en las cárceles donde se encuentran alojados los principales líderes de la banda.

Si bien Bullrich indicó que "la Justicia está investigando" los ataques a los jueces y fiscales, consideró que "hay que rever o repensar el tipo de visitas en las cárceles" para determinados detenidos. "Habrá que ir a un sistema de visitas en el que la persona detenida no pueda tener un diálogo a solas", afirmó.

El abogado del apodado “Guille” Cantero –preso en el penal federal de Resistencia, Chaco- criticó el uso del potencial (“sería, en principio”) por parte de los investigadores que acusaron a su cliente. También cuestionó las pruebas que pueden llegar a tener en su contra, y dijo que espera que se haga “cuanto antes” la imputación. Y presentó un escrito: “Ante los dichos de las principales autoridades del MPA y Ministerio de Seguridad sobre la autoría intelectual de nuestro asistido respecto de determinados hechos ilícitos investigados, solicitamos la urgente realización de la audiencia imputativa correspondiente a efectos de conocer con urgencia la evidencia que anunciaron tener y poder ejercer ampliamente el derecho constitucional de defensa".