El parlamentario opositor Juan Requesens fue detenido la madrugada de ayer por oficiales venezolanos debido a su supuesta vinculación con el atentado del sábado al presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exigió la captura del ex candidato presidencial Julio Borges también por presunta participación en el ataque. La detención de Requesens y el pedido de la TSJ, se suman a otras siete detenciones, ya anunciadas por el fiscal general Tarek William Saab. Tres de esos detenidos ya se presentaron ante un juez. “En total hay de 19 personas directamente relacionadas con el atentado a Maduro”, afirmó Saab. 

El atentado ocurrió durante un desfile militar cuando una serie de drones con explosivos estallaron sobre el palco oficial y alrededores del lugar. El jefe del Estado bolivariano resultó ileso pero varios soldados que presenciaban el acto resultaron heridos. 

La noche del martes Maduro denunció al conocido líder opositor Borges y al asambleísta Requesens, de estar vinculados con su atentado. Frente a las denuncias, el TSJ ordenó ayer la inmediata detención de Borges bajo el cargo de “homicidio intencional”, calificado en grado de frustración. El acusado congresista, que se encuentra exiliado desde febrero, asistió a la asunción del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque en Bogotá y calificó de farsa la denuncia de Maduro. “Todos sabemos que es un montaje para perseguir y condenar a quienes nos oponemos a tu dictadura”, denunció en Twitter. 

El TSJ, también declaró procedente el enjuiciamiento del detenido legislador Requesens. Al respecto, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada sólo por chavistas, aprobó la quita de inmunidad parlamentaria a los diputados supuestamente implicados en el intento de magnicidio, según anunció su titular, Diosdado Cabello.

En paralelo, la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), de mayoría opositora, denunció la desaparición del congresista Requesens luego de que fuera detenido por agentes de la policía en su domicilio. “Fueron secuestrados por 14 hombres del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), a golpes, el diputado Juan Requesens y su hermana Rafaela” aseguró Primero Justicia, su partido político, en su cuenta de Twitter. Por su parte, el vicepresidente de la AN, Alfonso Marquina, dijo que hasta el momento no saben de su paradero y que la desaparición será denunciada ante organismos internacionales. “Denunciamos la desaparición forzosa del diputado Juan Requesens. La desaparición forzosa tiene implicaciones en la jurisdicción internacional y allí la vamos a llevar”, señaló en una declaración sobre la detención de su colega. Luego agregó que la detención de Requesens violó las normas legales, ya que primero debía ser solicitada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y luego aprobada por la plenaria de la Asamblea Nacional y al momento de su arresto no había ocurrido ninguna de las dos cosas. Asimismo advirtió que todo funcionario que viole la inmunidad parlamentaria tendrá responsabilidad penal. “Desde el presidente de la República, que es quien lo ordena, hasta los funcionarios policiales que la ejecutaron con violencia”, declaró el vicepresidente de la AN, quien aseguró que sólo la asamblea le puede quitar los fueros a sus parlamentarios. Además, la AN celebrará hoy una sesión extraordinaria para continuar con la denuncia y aseguró que los diputados no se van a asustar o intimidar sino que, por el contrario, seguirán apoyando Requesens. “Todos los demócratas tenemos que unirnos para enfrentar tus excesos y tus abusos”, dijo Marquina al dirigirse a Maduro.

Maduro denunció a los congresistas Borges y Requesens luego de que Juan Carlos Monasterios, un militar retirado y uno de los siete detenidos por el ataque, afirmara en un video que Requesens, por intermedio de Julio Borges, gestionó el paso entre Venezuela y Colombia para el entrenamiento de los responsables del atentado. Maduro difundió el video por cadena nacional antes de entregarlo a la fiscalía.  

El gobierno venezolano sostiene que los autores del atentado  fueron adiestrados en una hacienda de Chinácota, en Colombia, y que habrían recibido 50 millones de dólares en forma de pago. La Justicia venezolana informó que está investigando las conexiones internacionales de los detenidos.