Sin previo aviso y sobre la base de una resolución sin fundamentos conocidos, Milagro Sala fue trasladada el martes por la noche a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. La dirigente de la Tupac Amaru, presa desde el inicio de la gestión Cambiemos, fue subida a un camión penitenciario por orden del juez Pablo Pullen Llermanos al finalizar una audiencia judicial. “La quieren muerta”, advirtió el Comité por la Libertad de Milagro Sala, al denunciar la “política constante de hostigamiento” del gobernador Gerardo Morales. Sala inició ayer una huelga de hambre seca.
El CELS, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y la sección local de Amnistía Internacional, en tanto, denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el “palmario incumplimiento de las medidas provisionales” de ese organismo, respaldadas por la Corte Suprema de Justicia, y le pidieron su intervención “urgente” ante el “manifiesto ensañamiento y animadversión” del aparato judicial jujeño contra la dirigente. Allegados a Milagrodenunciaron además que en la audiencia de ayer el tribunal le prohibió mantener un encuentro privado con sus abogados, lo cual “vulnera gravemente el legítimo ejercicio de defensa”. La defensa presentó un habeas corpus ante la Corte Suprema y dijo que la vida de Milagro Sala está en manos de los jueces del máximo tribunal.
Pullen Llermanos ordenó al servicio penitenciario jujeño el “traslado directo” de Sala al Complejo Penitenciario Federal III “luego de cumplida la audiencia” del juicio denominado “Pibes Villeros”. A los gendarmes que la controlaban les pidió abordar a “algún familiar” que ronde la casa para que le entreguen “los efectos personales” que “necesitará para su alojamiento” en la cárcel. El juez no avisó previamente a la defensa de Sala y ordenó notificar a los ministros nacionales de Justicia, Germán Garavano, de Seguridad, Patricia Bullrich, y a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, que depende del primero.
“Es una medida absolutamente arbitraria y contraria a lo dispuesto por la Corte Interamericana y ratificado por la Corte Suprema de Justicia que ordenó la detención domiciliaria de la dirigente social en su residencia habitual”, denunció el Comité. “La quieren muerta. El gobernador Morales y el juez Pullen Llermanos continúan con su política constante de hostigamiento contra Milagro. Cada vez queda más en claro que no les interesa en lo más mínimo su vida. No les interesa la justicia, sino la revancha contra una mujer que hizo lo que no hizo ningún político en Jujuy por los más humildes”, destacó.
Los abogados de Sala señalaron que la decisión “hace incurrir al Estado argentino en responsabilidad internacional en tanto implica incumplir resoluciones obligatorias” .Elizabeth Gómez Alcorta, Marcos Aldazabal y Luis Paz aseguraron que el rechazo al hábeas corpus implicaría “dejar librado al azar el devenir del estado de salud de Milagro ante un cuadro de extrema gravedad provocado en gran medida y como ha expresado la propia Corte IDH por los tribunales ante los que correspondería interponer el habeas corpus en condiciones normales de legalidad”.
Los sucesos del martes “llegan al punto de desnaturalizar completamente la intervención de la Corte IDH y desoír cabalmente una decisión de medidas provisionales, que fue a su vez respaldada por la Corte Suprema”, destaca la presentación ante la Corte IDH de Mariela Belski (Amnistía), Gastón Chillier (CELS) y Ana Laura Lobo Stegmayer (Andhes). Calificaron la situación de “extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad” y denunciaron que “todo esto se produce con pleno conocimiento del Estado Nacional, como lo refleja el traslado” a un penal que depende del Poder Ejecutivo. “Es imperioso –concluyeron– que la honorable Corte IDH se pronuncie de modo urgente y con suma firmeza le exija al Estado argentino que Milagro Sala abandone nuevamente la cárcel para dar cumplimiento a los términos de la medida provisional del 23 de noviembre de 2017.”
