Mientras transcurría el martes la audiencia del veredicto en el caso Ciccone, uno de los jueces que resolvió condenar y detener a Amado Boudou, recibía el aval de la Cámara de Casación Penal para que el Poder Ejecutivo firme su traslado a la Cámara Federal, un tribunal estratégico de Comodoro Py que revisa las causas de corrupción e imparte directivas a los jueces inferiores. Se trata de Pablo Bertuzzi, quien había sido recusado por las defensas del ex vicepresidente y de José María Núñez Carmona, precisamente porque en medio del juicio oral intentaba negociar con el Gobierno su cambio de tribunal sin pasar por un concurso. El mismo pidió ese traspaso por escrito. En paralelo, el ministro de Justicia, Germán Garavano, decía públicamente que si Boudou era condenado debía ser detenido en el momento, aunque la doctrina establece que si no está firme la sentencia la regla es la libertad. El resultado fue ése, la prisión, algo que ni siquiera había solicitado la fiscalía, pero que firmaron los jueces Bertuzzi y Néstor Costabel.
Bertuzzi viene pidiendo desde hace tiempo su traslado a la Cámara Federal, donde ya fue nombrado un viejo amigo suyo, Leopoldo Bruglia, pero hay todavía tres vacantes. El traslado de jueces es un mecanismo al que echa mano el actual Gobierno para designar a sus jueces favoritos sin pasar por un concurso. Bertuzzi es juez de tribunal oral, pero no concursó para ser juez de una cámara de apelaciones. Primero Bruglia intentó su designación, pero encontró oposición dentro de la propia Cámara, en particular del presidente Martín Irurzun. De todos modos, Cacho, como le dicen al juez del Tribunal Oral Federal 4, insistió ante el Consejo de la Magistratura, que es en definitiva el órgano que puede postularlo formalmente para que luego lo apruebe por decreto el Poder Ejecutivo. En el Consejo manda hoy el oficialismo. El ministro Garavano es partidario de esta designación. El Consejo, para cubrirse, mandó a través de uno de sus integrantes –Leónidas Moldes– una consulta a la Cámara de Casación, que es el que tiene las facultades de superintendencia sobre los tribunales orales.
En medio del juicio del caso Ciccone la defensa de Boudou pidió el apartamiento de Bertuzzi. “La sospecha es que la suerte de Boudou está atada a lo que le interesa al Gobierno y a Bertuzzi”, advirtió en una de las audiencias Alejandro Rúa, abogado del ex vicepresidente. Como quedó a la vista en distintas publicaciones, Bertuzzi quiere ir a la Cámara Federal y el Ejecutivo quería que Boudou fuera preso. Simple. Rúa discutió este asunto hasta el último minuto, porque si bien la Casación había confirmado la continuidad del juez en el juicio, quedaba aún la instancia de revisión en la Corte Suprema, que no fue habilitada.
Para responder la consulta del Consejo sobre el futuro de Bertuzzi, la Cámara de Casación se reunión con un timing asombroso mientras transcurría la audiencia del veredicto del caso Ciccone. En la reunión estaban Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques, Angela Ledesma y Eduardo Riggi. Sólo Ledesma puso algún reparo, pero el tribunal en general consideró que no había reparos para el traslado. Es un respaldo que abre la puerta al traslado, que ahora requiere siete votos en la Magistratura y luego un decreto del Poder Ejecutivo.