“Si la ley no se vota hoy, mañana voy a estar más aliviada”, declaró la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El peso que se quitaría de encima una de las dos mujeres con más votos de Cambiemos sería la posibilidad de que la Interrupción Voluntaria del Embarazo fuera sancionada. La posibilidad de que las mujeres decidan sobre sus cuerpos a partir de sus deseos. La posibilidad de que cientos de miles dejen de ser condenadas a pasar por situaciones de humillación y vulnerabilidad extrema o terminen en un ataúd.  

El alivio de la gobernadora se funda en el ocultamiento, la clandestinidad que libera al Estado de garantizar la igualdad. Apeló como justificación de su alivio a un argumento que asombra, duele por la perversidad. Dijo que los hospitales públicos están en “mora legal” con otras intervenciones médicas. “Las cirugías programadas aún tienen demoras. Hoy esa cirugía que se pide como un derecho compite con la cardiopatía y con la operación oncológica”, explicó. Una falacia que alimenta la violencia.  Mujeres que por su irresponsabilidad les disputarían las camas a verdaderos enfermos. Una falacia que desconoce la medicación que permite la interrupción del embarazo sin necesidad de cirugías. Una falacia que traslada a las víctimas le responsabilidad de la carencia de recursos que asigna el Gobierno para atender la salud.

La crueldad de la gobernadora es una marca que se oculta en el orillo de su rictus angelical. En septiembre del 2011, la entonces ministra de Desarrollo Social porteño defendió en una audiencia ante la Corte Suprema la quita de una pensión a una mujer en situación de calle con un hijo discapacitado. La revista Anfibia detalló en aquel momento que el debate convocado para analizar las políticas sociales del PRO en materia de vivienda y salud fue motivado por múltiples denuncias. La entonces ministra estableció que los indigentes que pasaban la noche en los paradores, que atienden de 6 de la tarde a 7 de la mañana, no podrían recibir el subsidio de 700 pesos –unos 3200 pesos actualizados por la inflación CABA– destinados a quienes califican como “en situación de calle”. El subsidio sólo se pagaba por diez meses. Después otra vez el desamparo. 

En los juzgados de primera instancia se acumularon 1200 casos y otros 200 en instancias de apelación. La Corte tomó cartas en el asunto a través del expediente de Sonia Quisbeth Castro. La inmigrante boliviana, madre de un chico de seis años con una discapacidad motriz, visual, auditiva y social, que trabajaba en un taller  de costura clandestino había sido despedida al nacer su hijo y se había quedado sin ninguna ayuda. Dos fallos a favor de la madre apelados por la entonces ministra Vidal provocaron su cita ante el máximo tribunal. 

–Si este caso sienta un precedente por el que la Ciudad tiene que seguir pagando un subsidio eso va a generar un impacto sobre la Ciudad y el resto del país – explicó la entonces ministra parada detrás del atril en el salón de Audiencias de la Corte. El supremo Juan Carlos Maqueda le pidió precisiones sobre la situación de quienes se quedaban en los paradores a pasar la noche.  

–No consideramos que quien esté en un parador esté en situación de calle –repitió Vidal fundamentando por qué esa madre no tenía derecho a la ayuda.

Siete meses después, en abril de 2012, la Corte le ordenó a la administración de Macri mantener el subsidio para Quisbeth Castro, por el costo de una habitación básica y garantizar “la atención y el cuidado que su estado de discapacidad requiere y proveer a su mamá el asesoramiento y la orientación necesarios para la solución de las causas de su problemática habitacional”. En ese momento, el alivio de Vidal duró poco. 

La otra mujer más votada de Cambiemos, la vicepresidenta Gabriela Michetti, no habló de alivio pero advirtió que ella no estaba a favor de la interrupción del embarazo ni siquiera en caso de violación. “Lo dije claramente siempre. Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con un sicólogo, no sé...”

La insensibilidad del poder, de las mujeres en el poder, agrava y agravia a millones. Millones que luchan para que el derecho a la vida sea una realidad. Millones que luchan para sentirse aliviadas.