Juan Grabois, referente de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), denunció a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, por haber cometido abuso de autoridad al “direccionar causas contra opositores”. El dirigente aseguró que la funcionaria macrista “no está luchando contra la corrupción sino persiguiendo a adversarios políticos” y la acusó de ejercer una “práctica sistemática de un neo-macartismo incompatible con nuestro ordenamiento constitucional”.

Grabois radicó ayer en los tribunales federales de Retiro su denuncia contra Alonso por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario debido a la “utilización sistemática de la Oficina Anticorrupción cómo una Oficina Antioposición instrumentada para amedrentar dirigentes sociales y políticos que la funcionaria considera rivales”. La denuncia recayó en el Juzgado 5 a cargo del juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal federal Ramiro González.

El letrado y dirigente de la CTEP puntualizó que “existe una manifiesta arbitrariedad por parte de Alonso que, lejos de cumplir la función para la que ha sido designada al frente de la OA, persigue finalidades persecutorias contra quienes visualiza como adversarios políticos o sociales. Y agregó que la denuncia contra Emilio Pérsico –por no haber presentado su declaración jurada– se inscribe en esa práctica “neomacartista”.

En el escrito presentado afirma que “no se aprecia criterio alguno de razonabilidad, dado que Laura Alonso y sus funcionarios parecerían ser displicentes de realizar denuncias contra funcionarios afines que se encuentran en idéntica situación fáctica que el señor Pérsico”. En efecto, entre la lista de incumplidores de la propia OA existen funcionarios de renombre -entre ellos, un ex Presidente de la Nación, un alto funcionario de la Unidad de Información Financiera, el ex Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el presidente de AySA, un ex presidente de Aerolíneas Argentinas, un famoso constitucionalista y varios funcionarios de alto rango– que forman parte de la actual gestión de gobierno o son sus aliados políticos, y ninguno de ellos denunciado penalmente. Grabois se refirió así a José Luis Giusti, Manuel Alvarez Trongue, Ramón Puerta y María Alejandra Cedrola, entre otros.

“Este muestreo, producto de un rápido repaso de la lista completa de incumplidores, tiene como único objeto mostrar que la selección realizada por Alonso ha sido del todo arbitraria, selectiva y persecutoria”, apuntó Grabois. El dirigente, que también es consultor del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, destacó que Pérsico “no es funcionario público, no tiene deber de neutralidad y además no está denunciando a ninguno de los que están en la misma situación por carecer de elementos adicionales para suponer, como temerariamente asevera la OA, que la omisión en las presentaciones de las declaraciones juradas han sido maliciosas”. Apenas trascendió que había sido denunciado penalmente, el líder del Movimiento Evita declaró: “Me equivoqué, pensé que como ya no era funcionario no tenía que presentarla más, la presenté todos los años y el último no la presenté, no tengo nada que ocultar, no la presenté porque creí que no era necesario”. 

A criterio de Grabois, “el direccionamiento de las investigaciones de la OA y la selectividad ideológica en las denuncias son delitos en sí mismos”. Y precisó que “si el criterio para la promoción de denuncias es la no presentación de las declaraciones juradas, Alonso debería haber iniciado acciones contra los 22.396 funcionarios que incurrieron en la misma omisión, y no lo hizo”. 

No es la primera vez que Alonso queda involucra con una denuncia de este tipo. En diciembre, la Cámara Federal ordenó al juez Sebastián Casanello investigar si la OA elige en qué causas intervenir. En aquella oportunidad Alonso había sido acusada de haber cometido “falsa denuncia” por Ricardo Echegaray, luego de que el organismo se presentara como querellante en la causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.