En el mismo sentido que los empresarios imputados que declararon como “arrepentidos”, el ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, presentó ayer un escrito en la causa de los cuadernos Gloria en el que reconoce haber recibido dinero a modo de “aportes voluntarios de empresas y particulares” destinados a la campaña electoral de 2013, y afirma que nunca pensó que pudieran ser de “procedencia ilícita”. A la vez dice que a él le llegaban esos fondos a través de otros funcionarios, en particular del número dos del ministerio de Planificación, Roberto Baratta. De hecho lo que se le imputa es recibir dinero de Baratta y su secretario Nelson Lazarte a través de Hugo Martín Larraburu, que era coordinador de la unidad técnica y un colaborador de su máxima confianza, en agosto, septiembre y octubre de 2013, de acuerdo a los relatos del ex chofer Oscar Centeno. El escrito dice que no sabe de qué persona o empresas provenía la plata, ni tampoco menciona montos. En un allanamiento a la casa de Larraburu se secuestró un pendrive donde se detalla dinero recibido por dirigentes del kirchnerismo.
Abal Medina se presentó en el juzgado de Claudio Bonadío con un escrito de 21 páginas, pero no respondió preguntas. Larraburu, el ex funcionario que es mencionado junto con él, integra el grupo de los detenidos desde el primer día. El hallazgo de los archivos con los que serían aportes de campaña de empresas de obra pública, pusieron al ex jefe de gabinete en posición de dar alguna explicación. El camino que eligió se asemeja a la línea argumental de los empresarios que fueron aceptando declarar como arrepentidos y que dicen que ponían dinero para las campañas pero que lo hacían bajo presión de funcionarios kirchneristas. Esas declaraciones generaron una selectiva puerta giratoria que permitió que los que fueran aportando algún dato por mínimo que sea recuperaran la libertad, como Javier Sánchez Caballero (Iecsa), Juan Carlos de Goycoechea (Isolux) y Armando Losón (Albanesi) a quienes se sumó Héctor Zabaleta (Techint). En el caso de Zabaleta, dijo que seguía instrucciones de Luis Betnaza (quien declara hoy), pero atribuyó los pagos a un “compromiso con el Gobierno porque si no le iban a cortar la luz y el gas de las plantas de Siderar y Siderca.
El relato de Abal Medina en su descargo empalma con una arista del que ofrecieron los empresarios al victimizarse. Tiene aires de confesión, pero deja muy en claro que se considera ajeno a los hechos que investiga Bonadío y que su papel en la recepción de dinero tuvo que ver estrictamente con la campaña electoral de 2013 de Daniel Scioli, Daniel Filmus y Martín Insaurralde. Era una función que se le otorgaba –señala– como jefe de Gabinete y alguien con un papel activo en el partido. Defiende a capa y espada y busca eximir de cualquier responsabilidad a Larraburo, a quien dice que él le encomendó coordinar con Baratta la recepción de las donaciones para la campaña, y luego coordinaban “la entrega con Juan Carlos “Chueco” Mazzon , dada su reconocida experiencia en los aspectos políticos electorales”, señala el texto al que pudo acceder este diario. El ex jefe de Gabinete afirma también que él no se reunía ni conocía a los empresarios. Con el único que señala haber mantenido alguna reunión, vinculada con medios de comunicación, fue con Gustavo Ferreyra, de Electroingeniería, uno de los empresarios que siguen detenidos. Cierta vez, añadió, lo saludó a Carlos Wagner, de Esuco, que prestaría declaración como arrepentido hoy con expectativa de recuperar la libertad.
“Se me informó que eran aportes voluntarios de empresas y particulares comprometidos con el proceso eleccionario, como reciben todos los partidos en todos los países del mundo. Pero nunca me pude representar que pudieran tener una procedencia ilícita”, dijo Abal Medina. “Tampoco he siquiera participado, mucho menos permitido y/o conocido alguna de las maniobras que como delito se han descripto a lo largo del sumario” y “no integro una organización para recaudar fondos ilegalmente”. Sostuvo, varias veces en el escrito, que desconoce cualquier participación de Larraburu. “Desconocíamos quienes, cómo, dónde y por qué entregaban dinero más allá de la presunción de que eran aportes voluntarios”, insistió. “En ningún momento me pareció impropia o desajustada la requisitoria de Baratta, más allá de la informalidad no tenía ningún elemento en aquel momento para dudar de su procedencia”.
En la imputación que formula el juzgado de Bonadío, señala una veintena de oportunidades en las que Larraburu recibe dinero de Lazarte y Baratta, aunque no se precisan la totalidad de los montos. Uno de los que se supone que llega a Abal Medina, según las fotocopias de los cuadernos, era de 300 mil dólares y provenía de Losón, de Albanesi. En otra ocasión se menciona un pago sin monto de Francisco Valenti, de Industrias Pescarmona. Bonadío describe un “primer círculo de percepción de fondos conformado por quienes tenían contacto directo” con quienes lo aportaban y un “segundo nivel” integrado por quienes “recibían los fondos recaudados y los derivaban a los jefes y organizadores o aplicaban esos fondos a otras actividades ilícitas”. En este círculo es que ubica a Abal Median. Los aportes de campaña podrían configurar delitos electorales o, en el caso de las empresas, maniobras de evasión. Pero Bonadío usa la figura de asociación ilícita para poner todo en la misma bolsa, aunque no tenga -al manos por ahora– pruebas directas.
