La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reveló que sólo en 2017 hubo 40 mil detenciones en operativos callejeros, el 90 por ciento de las cuales fueron sin orden judicial y por “causa armadas y fraguadas”. Esto da cuenta de que el endurecimiento de las políticas de seguridad del gobierno de María Eugenia Vidal “es mayor que en el gobierno de Carlos Ruckauf”, definió el organismo de derechos humanos. Además, el relevamiento denunció que la superpoblación de detenidos en comisarías asciende al 200 por ciento mientras que en las cárceles llega al 90, donde la cantidad de personas con tuberculosis se incrementó de 187 a 436 al cabo de un año.
Los datos se corresponden con el Informe Anual de la CPM que da cuenta de la situación en lugares de encierro y de las políticas de seguridad y niñez durante 2017. Este año fue caracterizado por el “récord de detenidos, hacinamiento, tortura y muerte”, lo cual es otra prueba “del fracaso del punitivismo y la crisis del sistema penal”.
“La Gobernación puso 12 mil policías más en la calle para la seguridad. Pero esto a mí me genera más inseguridad. Se vuelca el presupuesto en seguridad, cuando debiera ser destinado a la salud y educación de los niños y niñas”, definió el titular de ese organismo, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, durante la presentación del informe que tuvo lugar en la Legislatura provincial.
Los números son fuertes. En el territorio bonaerense hay 100 mil policías y solo el año pasado se detuvo durante operativos en la vía pública a 39.765 personas, el 10 por ciento con orden judicial previa y el 90 restante sin intervención de un fiscal y bajo los presuntos delitos de flagrancia y resistencia a la autoridad. “Son causas armadas y fraguadas”, denunció el secretario de la CPM Roberto Cipriano García, durante la lectura del texto.
Además, el sistema penitenciario registró un récord de detenidos: de 38 mil en 2016 pasó a 43.100 en 2017. De estos, 38.500 se alojaban en cárceles y alcaidías que cuentan apenas con 20 mil plazas, lo que habla de una superpoblación del 91 por ciento. El resto está en comisarías, donde la superpoblación es del 200 por ciento. En estas dependencias policiales murieron 22 personas mientras que 134 lo hicieron en penales.
En los últimos seis meses, la situación empeoró. En junio del corriente año, la cantidad de detenidos ascendió a 45.700 personas y “las proyecciones hablan de un empeoramiento de esta situación”.
Las críticas también llegaron al Poder Judicial. El 54 por ciento los detenidos se encuentra con prisión preventiva y “el juicio abreviado o acuerdo extorsivo de penas se ha convertido en la regla: son el 75 por ciento de las sentencias”. “Los jueces realizaron 600 visitas (a lugares de encierro) y solo en la mitad se habló con los detenidos, es decir que (los magistrados) construyen sus informes con el relato policial”.
Además, el año pasado se registraron en la provincia 121 casos de muertes por las fuerzas de seguridad, 11 más que en 2016. Más del 70 por ciento de ellos, en circunstancias ajenas a la función policial en servicios. Catorce de esas muertes fueron de menores de 18 años y doce fueron femicidios de agentes contra sus parejas.
“La saturación policial, de Gendarmería y ahora de las Fuerzas Armadas tienen la lógica de la ocupación militar de territorios para controlar la protesta social”, denunció la CPM, que puso en el blanco de sus críticas a la iniciativa presidencial para que los militares participen en acciones de seguridad interior y también en las reformas de la legislación como en el caso del delito de "flagrancia". "Todo bajo la doctrina de las nuevas amenazas" que apela a la construcción de "enemigos internos".
El informe también reveló que en 2017 hubo más de 386 operativos de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales y en el 58 por ciento de ellos se reprimió. “Se vuelve evidente que esto no es para la lucha contra el delito sino para el control social, saturación del espacio público y criminalización de la protesta social”.
En su relevamiento de casos de torturas, la CPM relevó que hubo 16.300 casos de agravamientos de las condiciones de detención y 589 testimonios que dieron cuenta de 2800 situaciones de tortura por golpizas y otros métodos.
En el caso de la población de mujeres detenidas, la cantidad aumentó en 1436 casos, el 60 por ciento está con prisión preventiva y todas “tienen menores accesos a sus derechos, lo cual habla de que en el sistema se impone el patriarcado”, evaluó García durante la presentación del documento en la Legislatura bonaerense.
La situación de la niñez también es “de gravedad”. Para evidenciarlo, bastó con mencionar que el 0,3 por ciento del presupuesto provincial está dirigido a la infancia, mientras que el 9 a seguridad. Once veces más para patrulleros, policías, armas. Hay 1424 chicos y chicas privados de su libertad, 660 en centros de recepción y el resto en comisarías y otros centros de encierro.
Para le CPM, estas “violaciones graves” a los derechos humanos “no son hechos episódicos sino que responden a lógicas institucionales” que, “garantizan impunidad” a las fuerzas de seguridad. El organismo criticó el “apagón informativo” del Estado provincial que “brindó escasa o nula información” para la elaboración de ese informe.
De los doce informes que lleva elaborado la comisión, “este es el más cruento” porque muestra “la profundización como nunca se vio de las políticas contra los derechos humanos”, según definió Cripriano García. “Este es el informe de los récords que nos hunden en la violencia”, añadió
