Expertas en derechos humanos de la ONU “lamentaron profundamente” que el Senado argentino rechazara el proyecto de ley que habría legalizado el aborto hasta las 14 semanas, decisión que calificaron “como una oportunidad perdida” para promover los derechos de las mujeres, en un comunicado fechado en Ginebra y difundido ayer. El documento está firmado por Ivana Radacic, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, y respaldado por Dainius Puras, Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental.
“El voto del Senado no sólo les ha fallado a las mujeres en Argentina, sino también a toda una región que generalmente tiene leyes muy restrictivas en cuanto a la interrupción del embarazo”, dijeron las expertas. “Las y los legisladores de la Cámara alta resguardaron la continuación de un legado arcaico basado en una doctrina religiosa que incorpora estereotipos dañinos sobre los roles de las mujeres en la familia y en la sociedad, que son intrínsecamente discriminatorios y opresivos para las mujeres”.
La Cámara alta rechazó el proyecto de ley el 9 de agosto con 38 votos contra 31, luego de que la Cámara de Diputados adoptara el proyecto de ley el 14 de junio. En el contexto de los debates sobre la legalización del aborto, el grupo de expertas expresó su apoyo al proyecto de ley y comunicó sus preocupaciones al Gobierno y al Congreso. Se estima que 225 millones de mujeres en todo el mundo carecen de acceso a métodos anticonceptivos modernos esenciales, lo que a menudo conduce a embarazos no deseados. Para las niñas, el embarazo y el parto son una de las causas más comunes de muerte en los países en desarrollo, y las niñas menores de 15 años enfrentan cinco veces el peligro. La mortalidad materna viola los derechos a la vida, la salud, la igualdad y la no discriminación.
“Lamentamos profundamente que el Senado argentino no haya aprovechado este momento histórico para demostrar el compromiso del país con respecto a la eliminación de la discriminación contra las mujeres en su legislación y promover los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y adolescentes, de conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos”, dijeron las expertas.
El texto detalla que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, reforzada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que los derechos humanos atribuidos en virtud del derecho internacional se otorgan a quienes han nacido. Pero algunos propagan una retórica peligrosa de que existe un equilibrio simétrico entre los derechos de una mujer y de un feto. Sin embargo, no existe tal afirmación en el derecho internacional de los derechos humanos. “El derecho de una mujer o niña a tomar decisiones autónomas sobre su embarazo es la base de su derecho fundamental a la igualdad, la privacidad y la integridad física y mental, y es una condición previa para el disfrute de otros derechos”, desarrolla el comunicado.
En un país donde el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte para las mujeres embarazadas, esta decisión del Senado pone en peligro la vida de las mujeres y les impone dificultades indecibles. Por lo tanto, la afirmación hecha a menudo por los opositores al aborto de que su postura es “pro-vida” es engañosa, insistieron las expertas.
Y explicitaron: “Se sabe que en los países donde la interrupción del embarazo está restringida por ley y/o no está disponible, la interrupción segura del embarazo es un privilegio de las personas ricas, mientras que las mujeres con recursos limitados no tienen otra opción que recurrir a prácticas inseguras. El hecho de que el Senado no haya avanzado en el proyecto de ley también representa un fracaso en términos de protección de los derechos de las mujeres en situación de pobreza”.
Los países donde las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo no deseado y que tienen acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos tienen las tasas más bajas de aborto, aseguraron. Los datos de la OMS han demostrado claramente que la penalización de la interrupción del embarazo no reduce el número de mujeres que recurren a procedimientos de aborto. Más bien, aumentan las probabilidades de que más mujeres busquen procedimientos clandestinos e inseguros, advierte el texto de la ONU.
“Aplaudimos la histórica movilización de mujeres y niñas en Argentina y alabamos que este debate pionero finalmente haya tenido lugar en el país. Esperamos que este impulso no se pierda y que se abra un nuevo espacio para debates basados en los derechos humanos y en la necesidad urgente de una reforma de la ley sobre el aborto”, concluyeron.
