La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, por medio de un comunicado, ratificó que continuarán trabajando porque el proyecto rechazado por el Senado sea ley, a la vez que agradecieron “el acompañamiento social y político sin fronteras ante el cierre del tratamiento del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”. 

En la declaración se señaló que el proyecto “ya es ley por el apoyo popular” masivo recibido “en las calles”, a la vez que hicieron responsables a los 40 senadores –los que votaron por el no y los que se abstuvieron– por “las muertes que se produzcan” de ahora en más entre las mujeres que dada la situación vigente tienen que recurrir a los abortos clandestinos. También responsabilizan al Estado Nacional y a los provinciales por cualquier ataque que reciban las militantes por el aborto legal, que ya han recibido “amenazas, agresiones y presiones” desde que la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto. 

Las militantes consideran que han logrado “abrir las puertas del Congreso para que se escuchen nuestras voces y argumentos y contagiar a nuestrxs representantes de una lucha que pertenece al movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans y feminista”. Recalcan que lo ocurrido este año “es inédito e histórico” porque “disputamos, dialogando, la forma en que queremos que se hable sobre nosotrxs en las normas y las instituciones”. Agregan, en ese sentido, que han “marcado una época y cambiado, con nuestro paso, la política nacional”. Afirman que han logrado “la despenalización social del aborto y más temprano que tarde alcanzaremos la ley” que el Senado les negó el miércoles pasado. Apuntan que a pesar de eso “ante el rechazo a una ley fundamental en la Cámara de Senadores de la Nación, responsabilizamos a las autoridades provinciales y municipales por cualquier retroceso, de cualquier índole, que pudiera haber en el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral y del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable”. 

Luego exigen “de forma urgente que cada provincia que no lo haya hecho adhiera a las prácticas médicas que establece el Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación”. Al mismo tiempo señalan que estarán “alertas y no admitiremos que ningún/a médico/a violente institucionalmente y/o denuncie judicialmente ejerciendo abuso de poder, a ninguna mujer o persona gestante que haya abortado y que necesite la garantía del acceso a la salud integral”.

Por otro lado, apuntan que “si bien nos cuidamos entre nosotrxs, hacemos responsables a todas las autoridades correspondientes por nuestra seguridad ya que debemos mencionar los ataques, hostigamientos y amenazas a quienes llevamos nuestro pañuelo verde, símbolo de autonomía y libertad, y que aparecieron desde que Diputados sancionó un texto para que el aborto sea ley”. Ratifican que “la Campaña es una herramienta de construcción política federal con 13 años de trabajo” y que no forman parte de “una grieta ni somos ‘el lado verde’ de un debate que ha concluido. Somos sujetas de derechos, activistas por un mundo mejor que organizadxs hemos dialogado con la potencia de nuestros argumentos en cada espacio donde desarrollamos nuestras vidas”. Sostienen que a pesar de la decisión del Senado “no hay ganadores cuando las mujeres y personas gestantes de nuestro territorio siguen abortando en clandestinidad”. Destacan que “la reflexión es profunda: ante la oportunidad de cambiar se ha elegido conservar el statu quo penal de 1921 y sostener una norma que discrimina porque condena a solo una parte de la población”. Sin embargo, dicen “las mujeres y personas gestantes seguiremos abortando por más que lxs fundamentalistas del feto no quieran, porque no nos disciplinaremos y ejerceremos eternamente la soberanía sobre nuestros propios cuerpos”.

Señalan que de ahora en más “cada muerta y cada presa por abortar será responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional y de lxs 40 senadoras y senadores, integrantes del Poder Legislativo, que se abstuvieron o votaron en contra de nuestro derecho a la vida, a la salud y al reconocimiento de nuestra dignidad”. Lo que hizo esa mayoría legislativa fue rechazar “la demanda popular de aborto legal, seguro y gratuito en un proceso democrático de construcción legislativa en el que además ninguna propuesta alternativa a la problemática ha resultado”. Expresan que “poco les importamos las olvidadas: las que abortamos con riesgos, las que vamos presas y vivimos clandestinas de por vida. Para ellxs no habrá perdón porque no son dignxs representantes de una sociedad que elige ampliar ciudadanía. Pero estamos para nosotrxs y sabemos que contamos en cada acción con el apoyo de lxs millones de personas que se movilizaron el 13 y 14 de junio y el 8 de agosto de 2018 y que hicimos que en las calles el aborto ya sea ley”.

Llaman “a seguir abrazadas en amorosos pañuelazos, en Argentina, en Nuestra América y el Mundo. Llamamos a no votar candidatos/as que nos hayan negado o que se hayan posicionado contra nuestro derecho a decidir, a la vez que instamos a cada partido político a que incluya en su plataforma electoral, rumbo a las elecciones de 2019, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, porque es la demanda de mayor consenso del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans y feminista”. 

“¡Exigimos Estado laico ya! Nos encontramos en octubre en el Encuentro Nacional de Mujeres en Chubut para debatir y crear más estrategias. Porque ¡somos invencibles y porque seguimos en Campaña! Porque además ahora nos acompañan las más jóvenes, con las que junto a las pioneras volveremos a gritar en el Congreso, en las calles y en las redes” sociales, concluye el comunicado.