“Este es el informe de los records que nos hunden en la violencia, la violencia del Estado como estrategia de control de los territorios y las poblaciones más pobres”. Así, tajante, definió Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) al informe anual presentado ayer en La Plata por este organismo que releva el “sistema de la crueldad” sobre los lugares de encierro, políticas de seguridad y niñez en la provincia de Buenos Aires. “De los doce que lleva elaborado la CPM, “este es el más cruento” porque muestra “la profundización como nunca se vio de las políticas contra los derechos humanos”, definió. Con números que impactan, tales como los 43 mil presos que viven hacinados y 16 mil denuncias por torturas, la CPM denuncia que persiste la crisis humanitaria del sistema penal, sobrepoblación en las cárceles, hacinamiento, tortura y muerte. Acaso la máxima expresión haya sido la muerte de siete jóvenes en la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino, y casi un año y medio después el Estado provincial no hizo nada para revertir las condiciones estructurales que hicieron posible esa masacre.

Según el informe, el sistema penal de la provincia de Buenos Aires concentra su accionar en varones jóvenes del conurbano bonaerense, y combina tres prácticas entre las fuerzas policiales y el Poder Judicial: detenciones arbitrarias, convalidación de las mismas de manera automática y condenas veloces que llevaron la tasa de encarcelamiento a cifras récord: las detenciones por flagrancia aumentaron un 30 por ciento en los últimos cinco años, el juicio abreviado creció un 42 por ciento y representa el 73 por ciento de las sentencias dictadas en la provincia, y el 54 por ciento de las personas están detenidas con prisión preventiva.

La Comisión reveló que sólo en 2017 hubo 40 mil detenciones por operativos callejeros, el 90 por ciento de las cuales fueron sin orden judicial y por “causa armadas y fraguadas”. El endurecimiento de las políticas de seguridad del gobierno de María Eugenia Vidal “es mayor que en el gobierno de Carlos Ruckauf”, definió el organismo de derechos humanos. Además, se precisó que la superpoblación de detenidos en comisarías asciende al 200 por ciento mientras que en las cárceles llega al 90, donde la cantidad de personas con tuberculosis se incrementó de 187 a 436 al cabo de un año.

Los datos del Informe Anual de la CPM que son interpretados como otra prueba “del fracaso del punitivismo y la crisis del sistema penal”. El titular del organismo, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel describió que “la gobernación puso 12 mil policías más en la calle para la seguridad, pero esto a mí me genera más inseguridad, se vuelca el presupuesto en seguridad, cuando debiera ser destinado a la salud y educación de los niños y niñas”. En el territorio bonaerense hay 100 mil policías y solo el año pasado se detuvo a 39.765 personas, el 10 por ciento con orden judicial previa y el 90 restante sin intervención de un fiscal, bajo los presuntos delitos de flagrancia y resistencia a la autoridad. “Son causas armadas y fraguadas”, denunció el secretario de la CPM Roberto Cipriano García, durante la lectura del informe.

Además, el sistema penitenciario de 38 mil en 2016 pasó a 43 mil 100 en 2017. De estos, 38 mil 500 se alojaban en cárceles y alcaidías que cuenta apenas con 20 mil plazas, lo que habla de una superpoblación del 91 por ciento. El resto está en comisarías, donde la superpoblación es del 200 por ciento. En las comisarías murieron 22 personas mientras que 134 lo hicieron en penales. Las proyecciones hablan de un empeoramiento de esta situación porque en los últimos seis meses la cantidad de detenidos ascendió a 45 mil 700 personas.

Jueces y policías

El Poder Judicial también fue alcanzado por las críticas porque el 54 por ciento de los detenidos se encuentra con prisión preventiva y “el juicio abreviado o acuerdo extorsivo de penas se ha convertido en la regla: son el 75 por ciento de las sentencias”. En las 600 visitas que los jueces han realizado a los lugares de encierro, solo en la mitad se habló con los detenidos, es decir que construyen sus informes con el relato policial. El año pasado se registraron en la provincia 121 casos de muertes por las fuerzas de seguridad, 11 más que en 2016. Más del 70 por ciento de ellos, en circunstancias ajenas a la función policial en servicios. Catorce de esas muertes fueron de menores de 18 años y doce fueron femicidios de agentes contra sus parejas.

“La saturación policial, de Gendarmería y ahora de las Fuerzas Armadas tienen la lógica de la ocupación militar de territorios para controlar la protesta social”, agregó la CPM. En 2017 hubo más de 386 operativos de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales y en el 58 por ciento de ellos se reprimió. “Se vuelve evidente que esto no es para la lucha contra el delito sino para el control social, saturación del espacio público y criminalización de la protesta social”.

En su relevamiento de casos de torturas, la CPM relevó que hubo 16 mil 300 casos de agravamientos de las condiciones de detención y 589 testimonios que dieron cuenta de 2800 situaciones de tortura por golpizas y otros métodos. En el caso de la población de mujeres detenidas, la cantidad aumentó en 1436 casos, el 60 por ciento está con prisión preventiva y todas “tienen menores accesos a sus derechos, lo cual habla de que en el sistema se impone el patriarcado”, evaluó García durante la presentación del documento en la Legislatura bonaerense.

A ambas márgenes del Río de la Plata

Mariana Mota, presidenta del consejo del Instituto nacional de DD.HH. de Uruguay, calificó de “estremecedor” al informe, y precisó que “no escapa, excepto por las cifras, lo que ocurre en Uruguay”. A su criterio “antes del encierro, el Estado tiene que garantizar los derechos de las personas, porque el encierro está para las personas que no se ajustan a los parámetros de las doctrinas de seguridad”.

Sandra Raggio, directora general de la CPM, apuntó que “la mano dura se instaló hace veinte años en la provincia, y ningún gobierno revirtió esa política de seguridad que no satisface ninguna demanda de la sociedad”. También fue parte de la presentación el juez Gustavo Hornos, que preside el sistema de control judicial de unidades carcelarias. “La misma Constitución la reconoce la integridad de las personas privadas de libertad, aunque se respete poco como se ve en este informe”, dijo. “Recorremos las unidades carcelarias siguiendo las reglas de Mandela. Ese protocolo es indispensable en toda inspección para no reproducir la mirada penitenciaria de estos lugares de encierro”, agregó el magistrado. En el panel estuvo también Sergio Brito, ex detenido y miembro de la red de familiares de la CPM, quien afirmó que “la reinserción es imposible, es indispensable que se cumpla, entre otras obligaciones, con la reglamentación del cupo del 3 por ciento para liberados en el Estado”.