La expresidenta chilena Michelle Bachelet deber  enfrentar como nueva alta comisionada de derechos humanos de la ONU el aumento del odio y la desigualdad en el mundo, alertó el ayer el jefe de la organización. La socialista Bachelet, de 66 años, la primera mujer presidenta de Chile, torturada por la dictadura pinochetista en los años 70 y enérgica defensora de los derechos de las mujeres, fue ratificada en el cargo ayer por la Asamblea General de la ONU. La dos veces presidenta de Chile reemplazará  desde el 1º de septiembre al príncipe jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, un vigoroso crítico de los abusos de derechos humanos en varios países, incluido en Estados Unidos, Rusia y China.

“No puedo pensar en nadie mejor calificado para el cargo’’, dijo a periodistas el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, que la presentó como “una pionera y una sobreviviente de la brutalidad de las autoridades (...) que ha vivido bajo la oscuridad de la dictadura’’.

Pero alertó que Bachelet enfrenta un tremendo desafío al asumir el mandato en momentos en que “el odio y la desigualdad aumentan, el respeto por las leyes humanitarias y de derechos humanos declina, el espacio para la sociedad civil se reduce, la libertad de prensa está bajo presión’’.

A su vez Bachelet reaccionó desde Santiago con un video publicado en su cuenta de Twitter. “Me siento muy honrada. Cumpliré con toda mi fuerza, con toda mi energía y mis convicciones con esa gran tarea que lo que busca es darles dignidad y bienestar a todas las personas’’, aseguró.

Por su parte Zeid se declaró “verdaderamente encantado’’ por la designación de su sucesora. “Tiene todos los atributos para tornarse una exitosa alta comisionada: coraje, perseverancia, pasión y un profundo compromiso con los derechos humanos’’, señaló en un comunicado.

Estados Unidos, que se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio, cruzó duras declaraciones con Cuba y Venezuela durante la Asamblea General. La diplomática estadounidense Stefanie Amadeo instó a Bachelet a poner fin al “continuo fracaso del Consejo de DD.HH. a la hora de enfrentar abusos extremos (...) en Venezuela y en Cuba’’.