La declaración del ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner es la muestra cabal de la manipulación de la llamada causa de los cuadernos. El empresario declaró que falsearon las licitaciones pactando entre constructoras cuál iba a ganar; fijaron el precio a escondidas, seguramente con sobreprecios y, según él, pagaron coimas de entre el 10 y el 20 por ciento de todas las obras viales. No aportó ni una sola prueba de lo que dijo, pero aún así durmió en su casa esa misma noche del viernes. Lo asombroso es que Wagner dijo, textualmente, que armaron la trama en 2004 y que intervinieron las empresas “Perales Aguiar, Vial Agro, Biancalani, Losi, Fontana Micastro, Marcalba, Iecsa, Chediack, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco, entre otras”. En 2004, Iecsa era de Franco y Mauricio Macri, de manera que participaron del fraude. Sin embargo, no se libró orden de captura contra ellos. Tampoco contra Angelo Calcaterra quien supuestamente mintió cuando declaró como imputado-colaborador ya que dijo que sólo aportó a la campaña electoral y, en cambio, Wagner asegura que pagó coimas a cambio de licitaciones y adjudicaciones fraudulentas.
La declaración del ex titular de los constructores tiene apenas cinco fojas, pero la confesión se concentra en tres. Cuenta que “las empresas se reunían en Venezuela 736, piso 3, donde funcionaba la Cámara de Empresas Viales y en otros lugares más informales. Ahí se determinaba el ganador de la licitación en función del interés en la obra y del volumen de trabajo que tenía cada empresa”. “Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos. El anticipo financiero era entre el 10 y el 20 por ciento, y lo que se entregaba era la totalidad, deducidos los impuestos”. O sea más del 10 por ciento de cada obra.
En términos concretos, Franco y Mauricio Macri, así como Angelo Calcaterra fueron parte de Iecsa en esta trama. Padre e hijo hasta 2007, el primo desde entonces hasta recientemente. Si regiría el criterio con el que fueron detenidos los empresarios, correspondía que el viernes mismo los fueran a buscar. Este diario ya sostuvo de manera reiterada que nadie debe ser encarcelado sin juicio y sin condena y menos todavía cuando no hay fundadas pruebas de peligro de fuga o entorpecimiento de la causa. Pero en la doctrina de sacar de la casa a las 6 de la mañana a cualquiera, queda claro que la causa está manipulada: las detenciones se manejan depende de quién se trate.
En el caso de Calcaterra, además, la declaración de Wagner es contradictoria con la del primo de Macri. O sea, que uno de los dos debería perder su rango de imputado-colaborador, o Calcaterra o Wagner. El juez ni siquiera se dignó en convocarlos a un careo, porque obviamente iba a tener que mandar a la cárcel a alguno de los dos.
Todo el contexto es de coacción, como lo definió el abogado Carlos Beraldi en el escrito entregado por Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su indagatoria de ayer. Son declaraciones arrancadas bajo la coerción de la cárcel: el que no dice lo que el juzgado quiere, queda en el calabozo.
Y la selección de convocados fue manipulada de antemano: en el caso de Techint, detuvieron al número 3, pero si sacaron plata clandestinamente de la empresa, los detenidos debieron ser el numero 2, Luis Betnaza y, sobre todo, el numero 1, Paolo Rocca.
La confesión arrancada a Wagner compromete a los grandes empresarios. Iecsa fue socio de la española Isolux, de la brasileña Odebrecht e incluso se presentó en sociedad con Chediak y Austral Construcciones en la licitación que perdieron por las represas de Santa Cruz. Ninguno de ellos fue convocado nuevamente ni los fueron a buscar a sus casas.
Un dato no menor es que en la confesión de Wagner no aparecen ni Lázaro Báez ni Electroingeniería ni la constructora de Cristóbal López. Todos ellos están presos, mientras que Wagner y los que él dice que se confabularon en la supuesta estafa, están en libertad.
Como ya ha señalado este diario, los montos que le sacaron por coacción a Wagner son inauditos. Entre diez y 20 por ciento de todas las obras viales. Se trata de nada menos que unos 10.000 millones de dólares. Bonadio no acusa a la asociación ilícita, en la que pone a Cristina Kirchner como jefa, de utilización del dinero para la política. Afirma que fue una asociación ilícita para enriquecerse. De manera que el dinero en algún lugar debería estar. Empezó anoche por buscar, nuevamente, alguna bóveda o caja fuerte en los departamentos del edificio de la calle Uruguay. Veremos qué encuentra.
Por lo pronto llevan más de dos años buscando cuentas, sociedades, dinero enterrado y cajas fuertes de De Vido, Baratta y, por supuesto, Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner. Pasaron los Panama Papers, los Paradise Papers, las 4040 cuentas de argentinos en el HSBC de Ginebra, las denunciadas por Hernán Arbizu en el JP Morgan y el peinado mundial que hicieron los fondos buitres de Paul Singer y las agencias de inteligencia norteamericanas. Lo único que se encontró es dinero y sociedades de la familia Macri y de otros funcionarios y empresarios vinculados al gobierno. Además, blanquearon cifras de envergadura: Calcaterra más de 700 millones de pesos.
Por ahora, la evidencia más importante no aparece: el dinero. Sí apareció en las cuentas ocultas de políticos brasileños o españoles, por ejemplo, pero no encontraron nada oculto ni de Dilma Roussef ni de Lula.
