La historia de Elizabeth no está clara, aunque el médico del Hospital Belgrano, en San Martín, Alberto Santorio, dijo que llegó a ese centro de salud con una infección que no se pudo frenar a pesar de la histerectomía –amputación del útero– de urgencia que mereció un traslado a otro hospital, en Pacheco, donde falleció. Es que la terapia intensiva de San Martín está desmantelada y no podían atenderla. 

En estas pocas líneas, en las que puede haber algún dato incorrecto o faltar otro porque la clandestinidad lleva a que ninguna mujer que aborta sola quiera dar todos sus datos al ingreso, la crónica de una muerte anunciada por los antiderechos que tienen nombre y apellido en los 38 senadores y senadoras que miraron para otro lado frente a la demanda de aborto legal, que se excusaron en sus convicciones como si la representación que les da el voto fuera para pensar por sí mismos. Y tiene el nombre y apellido de las autoridades que diciendo que salvan a las dos vidas provocaron con su hipocresía una muerte más: María Eugenia Vidal es una de ellas, la gobernadora del territorio donde murió Elizabeth, donde el mismo día ocho niños quedaron internados después de otro incidente en una escuela, esta vez en Vicente López. Vidal, la que sintió alivio después del revés en el Senado para el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos y sus planes vitales. Gabriela Michetti es otra, la que festejó a micrófono abierto el rechazo de la ley de aborto legal con un “vamos todavía” que laceró los oídos de quienes habían resistido todo el día en la calle y bajo la lluvia para que se escuche que aborto legal es vida. Vidas que tienen nombre e historia, como la de Elizabeth.

El rechazo a la ley de aborto legal, la decisión de conservar una legislación que ya envejeció un siglo, los argumentos que dieron los que votaron por el no fueron violentos por su escasa capacidad de poner en juego algo más que dogmas inútiles porque mal que le pese al Senado, en Argentina el aborto ya es legal por causales. Entonces no se trata de si hay vida o no en un embarazo de 12 o 14 semanas, se trata de impedir las decisiones libres. Se trata de evitar que podamos poner en juego nuestro deseo a la hora de ser madres o padres. Se trata de mantener enajenadas de su autonomía a las mujeres y las personas con capacidad de gestar.

La indignación no se contiene, el dolor tampoco; el movimiento feminista pasó meses en la calle y en cada lugar disponible ofreciendo datos, argumentos, historias de vida. Se generó una sensibilidad que hace de este duelo un duelo colectivo y de la indignación, necesidad de ponerla en acto. Temprano en la mañana, una corriente de furia agitó las redes en que las feministas interactúan, esas cocinas virtuales donde no se cumple el mandato del confinamiento doméstico sino que se detiene, se para ese mandato para volcarnos a la calle, para hacer de los cuerpos cuerpo y voz colectiva. Así surgió la idea de ir a cada Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Capital de la Nación y en cada provincia, a decir qué significa el alivio personal de una gobernadora y la presión que ejerció la Iglesia para conservar su poder colonial sobre nuestro país y toda la región latinoamericana que también se levantó para demandar por el derecho a decir: significa vidas que se pierden por abortos clandestinos. Muertes evitables frente a las que el Estado se muestra indiferente y se convierten en feminicidos de Estado.

El Colectivo Ni Una Menos y decenas de organizaciones se convocaron frente a la sede local de la Casa de la provincia de Buenos Aires. Ahí prendieron velas y desde ahí se acompañó a la familia que Elizabeth dejó huérfana. La calle sigue hablando, exigiendo, movilizada, haciendo casa feminista del asfalto, tendiendo redes de cuidado para que ninguna más se encuentre en la encrucijada de tener que abortar de cualquier manera. Porque abortar, abortamos desde el principio de la humanidad y lo vamos a seguir haciendo, se trata de nuestra libertad y a la libertad se la persigue, incluso a costa de la vida. Para la calle ya es ley, se dijo cuando se rechazó la media sanción de la Cámara baja en el Senado, pero eso no alcanza: se necesita llegar a todas, a todes. Y esa es la responsabilidad del Estado.