Los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad reiteraron la denuncia contra el Gobierno por el “ajuste y desguace” de esa dependencia, que atiende a sectores con alta vulnerabilidad social. “Quieren cerrar todas las oficinas de pensiones de interior y conurbano y que los compañeros pasen a la Anses”, aseguró ayer el titular de ATE Pensiones, Walter Pignataro, sobre la decisión de la administración de Cambiemos de cerrar 77 dependencias en el país y trasladar a sus trabajadores a la Ventanilla Única de Anses. La medida involucra a más de 500 trabajadores a quienes se les aseguró empleo hasta diciembre. No hay precisiones respecto de su continuidad después de esa fecha. El Gobierno suma así otra pata al recorte que viene aplicando desde 2016, cuando inició la “purga” del sistema al dar de baja más de 200 mil pensiones no contributivas. Ahora, luego de desmantelar todos los equipos territoriales, el Gobierno elimina las oficinas de atención especializadas, complicando el acceso a personas que quieran iniciar o seguir un trámite en relación a la pensión. 

“Desde 2016 sufrimos en nuestros hombros el avance de una política de reducción y ajuste, que busca el vaciamiento de nuestro organismo. Estas han perjudicado tanto a trabajadores como a personas con discapacidad o invalidez que contaban con su pensión o que las están tramitando”, señala el informe de ATE Pensiones. La situación se agravó con el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario, dado que el recorte del gasto público cuenta con un capítulo negro, el recorte de las pensiones por discapacidad. Se habla de una revisión y posible baja que alcanzaría al 10 por ciento de los beneficiarios, según denuncian desde el sector. Hasta el año pasado, se contaban algo más de 1.060.000 pensiones por invalidez, con un presupuesto anual de 84.000 millones de pesos, lo que podría derivar en un ajuste de 8000 millones.

“El recorte del 13 por ciento de pensiones que empezó en diciembre de 2017 con la aprobación de la reforma de este sistema no sólo impacta en el bolsillo de quienes son beneficiarios. La crisis hoy se agrava y se refleja también en el vaciamiento que sufren las 77 delegaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad en todo el país”, señaló Pignataro, quien denunció “la reducción de pensiones como política pública”. Estos cierres ralentizan todavía más los trámites para la aprobación de las solicitudes de pensiones, con demoras de más de un año. 

Desde el gremio informaron que existen “más de 175 mil expedientes en trámite, de los cuales 133.812 fueron evaluados favorablemente por cumplir con todos los requisitos”. Sin embargo, llevan aguardando más de 15 meses la firma de la resolución. 

“La Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo fantasma. Las pensiones son dadas de baja de manera tremenda. Tenemos más de 100 mil pensiones en esa situación, sólo se rehabilitaron 30 mil por pedido de la Justicia y ya registramos más de 70 casos de personas que murieron esperando una pensión por más de 3 años”, completó el dirigente de ATE Pensiones. Según el comunicado, se suspendieron de manera masiva y sin derecho a defensa a 97.824 pensiones en 2016 y a 117.205 en 2017. “De ellas se reactivaron sólo 4258 trámites en 2016 y 39.344 en 2017”, detallaron desde ATE, quienes reclaman además que se implementen políticas inclusivas para las personas con discapacidad. 

En septiembre de 2017 se creó por decreto la Agencia Nacional de Discapacidad y se suprimió la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Entonces se planteó la necesidad de establecer políticas de inclusión, algo que hasta el momento no se implementó. De hecho, todas las medidas posteriores lo que hicieron fue entorpecer más el acceso al beneficio.