La decisión del gobierno de Mauricio Macri de eliminar la distribución de recursos a las provincias a través del Fondo de la Soja provocó una reacción política en cadena de gobernadores y municipios, con convocatorias a acciones concretas de respuesta para evitar el impacto paralizador que su aplicación tendría sobre las economías locales. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, intentó justificar la medida asegurando que “esta era una medida que veíamos que tenía cierto consenso en casi todas las provincias”. Sin embargo, legisladores, intendentes y gobernadores de la Patagonia, que tenían previsto reunirse el 31 de este mes en Comodoro Rivadavia para coordinar acciones contra la política de ajuste fiscal de la Nación, incluirán ahora la eliminación del Fondo Sojero como tema central del encuentro. A su vez, la titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM) denunció el intento oficial de quitarle autonomía y desfinanciar a los gobiernos comunales a través de este nuevo recorte, “porque representa menos obras en cada ciudad del interior, mientras que a los porteños les dan cada vez más recursos”.
Según la FAM, la eliminación del Fondo Federal Solidario, que surge de la coparticipación de las provincias de un 30 por ciento de los recursos obtenidos por las retenciones a las exportaciones de soja, “significará una pérdida superior a los 10 mil millones de pesos para lo que resta de 2018, y aproximadamente 41 mil millones para el año entrante”. Los recursos que las provincias reciben por el FFS son remitidos a los municipios para obra pública.
De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dentro de la estructura de financiamiento de las provincias, el FFS revestía importancia para el financiamiento de los gastos de capital, que era su finalidad específica. Como porcentaje del gasto de capital de cada provincia, el FFS representa en el caso de Santa Cruz la proporción más extrema (tomando en cuenta los datos de 2016 y 2017): el 63,6 por ciento. En otras tres provincias (Entre Ríos, Tucumán y Río Negro) representó aproximadamente el 20 por ciento. En otras diez provincias osciló entre el 12 y el 15 por ciento, en tres (La Pampa, Formosa y Córdoba), poco más del 10 por ciento, y en dos (Misiones y Santiago del Estero) en torno al 8 por ciento.
Según señaló el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González, la eliminación del FFS le representará a su provincia un recorte de 1400 millones de pesos hasta el año próximo. En una reunión de legisladores, intendentes y vicegobernadores de la Patagonia en Bariloche, la semana pasada, se habían expresado temores por el impacto sobre las administraciones provinciales por el ajuste impuesto por el programa del FMI con el gobierno nacional. “Se cumplieron los temores”, expresó ayer el vicegobernador, anticipando que el 31 de este mes el plenario tendrá continuidad en Comodoro Rivadavia, Chubut, para unificar criterios y premisas, “y utilizarlos a través de acciones legales o legislativas”. Entre estas últimas, no se descarta pedir a los diputados nacionales de cada jurisdicción el rechazo del decreto de necesidad y urgencia que anuló el FFS.
“Sin el Fondo de la Soja se cae gran parte del financiamiento de los municipios, especialmente en obras públicas; a Jujuy, por ejemplo, le quitan 520 millones de pesos”, escribió en su cuenta de twitter la diputada de esa provincia Carolina Moisés. Misiones, en tanto, estima que perderá 605 millones de pesos tras la eliminación del FFS. “La mayoría de los intendentes compramos máquinas a crédito y ahora quedamos endeudados”, se lamentó el intendente Guillermo Fernández, de Bernardo de Irigoyen de la provincia del NEA.
“Esta es una nueva afrenta del gobierno del presidente Macri y el FMI contra el federalismo en la Argentina”, afirmó la titular de la Federación de Municipios, la matancera Verónica Magario. “Lo que busca es quitar autonomía y desfinanciar a los ciudadanos de cada municipio, porque esto representa menos obras en cada ciudad del interior, mientras que a los porteños les dan cada vez más recursos”, enfatizó. “Macri no puede ajustar a costa de los ciudadanos, y así como logramos que suspendan el DNU contra las asignaciones familiares, ahora haremos lo mismos con esta resolución arbitraria”, sentenció, asegurando además que “las asignaciones deben estar garantizadas en el presupuesto porque, de lo contrario, nos veremos obligados a llevar los reclamos a la Justicia”.
