El juicio a los ex directivos de la empresa Ford imputados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura deberá seguir esperando. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que había fijado el 14 de marzo como fecha de inicio, decidió postergarlo el último día antes de la feria judicial. Adujo como motivo las exhortaciones de la Cámara de Casación para priorizar los juicios con imputados privados de la libertad, criterio que apunta a no prolongar excesivamente las prisiones preventivas y que en los hechos prácticamente garantiza la muerte sin condena de ancianos libres e impunes como el ex gerente de manufactura de Ford, Pedro Müller, de 85 años, y el ex jefe de seguridad de la planta de General Pacheco, Héctor Francisco Sibilla, de 90. Un tercer imputado, de 93, murió el año pasado.

La causa por secuestros y torturas a activistas de Ford se reabrió en 2002 por una denuncia del fiscal Félix Crous a partir de testimonios en el Juicio por la Verdad de La Plata y por la presentación como querellante de Pedro Troiani, ex delegado de los trabajadores, secuestrado e interrogado dentro de la fábrica. En una primera etapa se instruyó en el juzgado de Daniel Rafecas, que la delegó en el fiscal Federico Delgado. En 2006, tras una disputa de competencia, pasó a San Martín, pago siempre hostil a juzgar represores, donde estuvo paralizada durante años. Uno de los principales responsables de la parálisis fue el fiscal Jorge Sica, según denunciaron los querellantes en PáginaI12. Tras manifestar “explícitamente que no investigaría”, Sica “ha obstaculizado y en oportunidades impedido llegar a la verdad”, explicaron en una solicitada luego de lograr su desplazamiento.

En abril de 2013 Sica fue reemplazado por el fiscal Miguel Angel García Ordás. Un mes después, la jueza Alicia Vence procesó a tres ex directivos de Ford como partícipes primarios de los secuestros y tormentos de 24 trabajadores. Müller, Sibilla y Guillermo Galárraga, ex gerente de relaciones laborales, fueron responsabilizados por entregar al Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo datos, fotos y domicilios de los empleados a masacrar, y por haber permitido que se montara un centro clandestino en el mismo predio de General Pacheco, donde los secuestrados fueron interrogados bajo torturas. En octubre de 2013 la Cámara de San Martín confirmó los procesamientos, que no impidieron a los acusados seguir libres y hasta viajar al exterior con autorización judicial.

Cuando la causa se elevó a juicio, los problemas pasaron a ser la conformación del tribunal oral de San Martín y el atolladero de juicios pendientes, derivaciones de la megacausa Campo de Mayo. En mayo pasado el tribunal fijó como fecha de inicio el 14 de marzo. Sin embargo, al filo de la feria los jueces Marta Milloc y Diego Barroetaveña dejaron sin efecto esa resolución. En doce líneas -según informó ayer el portal del Ministerio Público Fiscal- explicaron que el juicio por los conscriptos desaparecidos del Colegio Militar tiene audiencias fijadas hasta el 16 de marzo y destacaron las “exhortaciones” de la Sala II de Casación para “priorizar, en los esfuerzos de agenda, la celebración del debate en procesos que registren personas privadas de su libertad”. Citaron como ejemplo el caso del ex comisario de Martínez, Oscar Arnaldo Mateo, acusado junto a su ex jefe de calle Angel Roberto Salguero por dos asesinatos en 1976.

A cuarenta años de los hechos, Müller y Sibilla seguirán impunes. El ex general Santiago Riveros, con quien deberían compartir el banquillo, tiene 94 años. Uno menos tenía el ex gerente Galárraga al morir el año pasado.