El martes 14 de agosto murió Elizabeth por el femicidio por omisión institucional de la clandestinidad del aborto. Cinco días después de que el Senado de la Nación rechazó, a pesar del clamor de casi dos millones de personas en la calle, el proyecto para aprobar el aborto legal, seguro y gratuito. El domingo pasado, otra mujer perdió la vida en el segundo cordón del conurbano. Su familia no quiere dar a conocer su historia. Habrá otras historias que desconocemos. Por el voto en contra de 38 senadores/as y dos abstenciones ellas, como muchas otras, perdieron su posibilidad de interrumpir el embarazo en el hospital o en su casa, pero sin riesgos. Los discursos de odio hacia mujeres y cuerpos gestantes agrandaron el miedo y profundizaron el desamparo.

Elizabeth tenía 35 años, un hijo y dos abortos anteriores. Había venido de Paraguay. Vivía en José León Suárez. El 13 de agosto fue al Hospital Manuel Belgrano, de San Martín. Su gatillo fue el perejil. El tallo de la clandestinidad arrebató su libertad. Llegó pálida, sin conciencia y con una infección generalizada. Le quitaron el útero. No alcanzó. Se le generó un cuadro de insuficiencia renal. La terapia intensiva no estaba en buenas condiciones por falta de mantenimiento. La trasladaron en una ambulancia para una atención de máxima complejidad al Hospital Magdalena Villegas de Martínez, de Pacheco. Vivió una hora más. Y murió. También, más allá de lo que marquen las cifras oficiales, se sabe que una mujer murió en la Provincia de Buenos Aires y otra en la Ciudad (a causa de una infección por un tallo de mimbre) y Liliana Herrera, en Santiago del Estero. “No es el primero, ni el único, ni el último caso. Pero nos pegó muy fuerte. Es una frustración muy grande que el Congreso perdiera una oportunidad histórica por cosas horrorosas y vergonzantes. Nos pega duro porque haber dejado pasar esta oportunidad tan cercana es muy injusto y muy doloroso”, cuenta a Las12, Alberto Sartori, médico del Hospital Belgrano desde hace treinta años. Y recalca: “Nos dolió mucho y nos dio mucha bronca tener que ver un nuevo caso a pocos días de haber perdido la oportunidad de tener una ley”.

Después de la decisión del Senado de optar por la clandestinidad del aborto el riesgo es que las muertes puedan no solo decrecer, sino aumentar porque los discursos políticos, religiosos y mediáticos fueron tan conservadores y censores para con las mujeres que se corre el riesgo que aumente el miedo a recurrir al hospital. Además, en muchas provincias, donde se nombró al territorio pro vida o donde los médicos recibieron amenazas, se retrocedió en las capacitaciones públicas de salud sexual y se aumentó la presión sobre los profesionales de la salud. El precio del misoprostol (de más de cuatro mil pesos) que se da a las mujeres en Rosario y en algunos otros lugares (pero no en todos donde aún con receta lo tienen que conseguir por su cuenta como un protector gástrico hasta que se apruebe la validez de la Anmat para uso ginecológico también en farmacias, además de hospitales) en un contexto de una inflación anual del 30 por ciento también puede acorralar a las mujeres más vulnerables.

Además falta difundir que, aún sin la ley de aborto legal, seguro y gratuito, el aborto sigue siendo legal por causales (para quienes sufran violencia, tengan un embarazo inviable o puedan sufrir consecuencias en su salud física o psíquica si continúan con un embarazo o corra riesgo su vida) y que existe un Protocolo de Atención Post Aborto y de Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) del Ministerio de Salud de la Nación. Ninguna mujer debería tener miedo de ir a un hospital. Pero los colmillos del poder conservador para lograr el rechazo a la iniciativa que había sido aprobada el 14 de junio en la cámara de Diputados de la Nación y que compararon a las mujeres con perras, plantas o asesinas generó más miedo. Sartori describe: “Generalmente toman antibiótico por cuenta propia porque saben que el aborto es ilegal y se demoran hasta último momento en llegar al hospital. Si hubiera venido ni bien se desencadenó la infección se la podía salvar. Por la ilegalidad las pacientes se demoran, dan vueltas, buscan otros tratamientos familiares. El aborto clandestino es pena de muerte. No es una frase hecha, es una realidad”.

Elizabeth murió en la provincia de Buenos Aires. Cinco días después que la Gobernadora María Eugenia Vidal declarara que “Si la ley no se vota, voy a estar más aliviada”. El alivio no fue para todas. Todo lo contrario. Vidal ya se había sacado una foto (en el estilo casual que caracteriza a sus fotos comprando juguetes o haciendo los mandados en el supermercado) con un joven con un pañuelo celeste anti derechos. Y fuentes oficiales marcan las presiones de los sectores más conservadores de la Iglesia para que no respaldara el aborto legal, seguro y gratuito. Su pulgar para abajo incidió en el pulgar para abajo del Senado de la Nación. “En pleno debate, María Eugenia Vidal salió muy dura contra el aborto”, tituló Clarín el 8 de agosto, mientras miles de mujeres, trans y jóvenes combatían el frío con abrazos y abrigo para reclamar por su derecho a decidir. Vidal se alivió a pesar que en la Provincia de Buenos Aires hay 16.137 egresos hospitalarios por aborto, según los últimos datos disponibles por el Ministerio de Salud de la Nación. Además, en el debate en la Cámara de Diputados se reconoció que –en el 2017– se contabilizaron 7.200 egresos por abortos legales en territorio bonaerense. Aunque exista un sub registro, el alivio no ve las camas que ocupan las mujeres por las consecuencias de la clandestinidad. Y que podrían aumentar con la confusión en la información pública y los discursos criminalizantes o expulsivos del sistema de salud.

Vidal no solo se alivió con el fracaso de la legalización. También obstaculizó que la Provincia de Buenos Aires contemplara un sistema de reducción de daños similar al de Rosario. Ella llegó a la gobernación con un gabinete completamente masculino y con una sola mujer: Zulma Ortiz. El 7 de julio del 2017 la sanitarista Ortiz tuvo que renunciar por el desgaste personal de la gestión. Pero, básicamente, por decidir, en octubre del 2016, que la Provincia de Buenos Aires adhiriera al Protocolo de Interrupciones Voluntarias del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación. Vidal retrocedió en el cumplimiento del fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la realización plena y sin obstáculos ni dilaciones de los abortos legales. El detractor de Ortiz (y triunfador en el posicionamiento anti derechos de Vidal) fue Joaquín De la Torre, Ministro de Gobierno (ex barón del conurbano e Intendente de San Miguel) y operador del Opus conservador de la Argentina.

El ministro de Salud que reemplazó a Ortiz es Andrés Scarsi. Ante la muerte de Elizabeth él sostuvo, en una entrevista con Mariana Iglesias, de Clarín, que “el foco fuerte debe estar en la educación sexual”.

–Esta mujer ya era grande, no iba a la escuela. Y hay muchas mujeres que sólo van al hospital si les pasa algo, no saben que pueden ir a recibir información y anticonceptivos –le replicó la periodista.

–Bueno, pero el aborto no es sólo de mujeres pobres, atraviesa todas las clases sociales.

–Pero las mujeres de clase media y alta no terminan sus embarazos con perejil –contrastó Iglesias.

–Cuando uno está en un lugar de tanta responsabilidad hay que acatar las decisiones que se toman, y acá el Congreso ya decidió. Garantizamos la atención de las patologías que tienen legislación.

“Hay que acatar”, dijo el Ministro de Salud bonaerense. ¿Qué será la obediencia debida en relación a la clandestinidad del aborto? Ana Paula Fagioli es médica de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y subraya: “El aborto clandestino nos hace ver prácticas más inseguras y populares que lo que veníamos viendo. Hacía muchos años que no veíamos un tallo de perejil. Más allá que las feministas ganamos las calles hoy la gente piensa que el aborto es ilegal y eso genera mucho temor de acercarse al sistema de salud. Que los senadores hayan elegido la clandestinidad hace que las personas le teman a los sistemas de salud y que ni siquiera accedan al misoprostol. El Estado expulsó a las personas del sistema de salud y habilitó estas prácticas nefastas que nos preocupan mucho. Retrocedimos un montón en el tiempo”. Y, frente a este escenario, en donde hay que traspasar las redes sociales y llegar a los territorios, Fagioli remarca: “Las profesionales de la salud vamos a estar para las mujeres”. Mientras que la abogada feminista Sabrina Cartabia Groba, de Red de Mujeres, enfatiza: “La muerte era completamente evitable si las mujeres al primer síntoma de sentirse mal o de tener una infección no tienen miedo y pueden concurrir al centro de salud. Con un medicamento por vía oral pueden evitar la muerte. Además, da mucha bronca porque en el territorio en donde vivía hay una organización del sistema de salud que puede garantizar el acceso al aborto legal como lo entiende la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de bienestar físico y psicológico. Es responsabilidad del estado provincial porque hay una ley de consejerías que no se cumple ni se le destina presupuesto. Era una muerte completamente evitable y, por eso, duele tanto. Por eso, el martes, con un conjunto de organizaciones y Ni Una Menos, estuvimos en la puerta de la Casa de la Provincia de Buenos Aires realizando nuestro duelo colectivo. No queremos que sean muertes en vano, ni sin el debido respeto”.

Mientras que el ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García sostuvo que el eje de la legalización va a estar en la campaña electoral del año que viene y que las víctimas ya tienen nombre y apellido. Por su parte, la diputada Cecilia Moreau escribió en Twitter: “Cuando hablé de que las chicas morían por hacer abortos con un perejil, me llenaron de insultos y descalificaciones, la impotencia de que la muerte de Liz tal vez la podríamos haber evitado con un poco menos de hipocresía les va a pesar siempre” #SeraLey #ElSenadoEsResponsable”. La médica Mariana Romero, investigadora del Cedes Conicet e integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) remarca: “El debate despenalizó socialmente el aborto y llevó la discusión a los medios de comunicación, a los espacios laborales, a las casas. Sin embargo, con el rechazo del proyecto de ley el contexto de restricción persiste. Esto significa que la amenaza de la penalización no ha sido removida y que el rechazo no necesariamente deja claro a las mujeres que las causales legales existentes en el Código Penal están vigentes”.

Mientras que desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresaron: “Desde el 8 de agosto, cada muerta y presa por abortar, es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional y de los 40 senadoras y senadores, integrantes del Poder Legislativo, que se abstuvieron o votaron en contra de nuestro derecho a la vida, a la salud y al reconocimiento de nuestra dignidad. Ante el rechazo y/o la abstención a una ley fundamental en la Cámara de Senadores de la Nación responsabilizamos también a las autoridades provinciales. En este caso, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, responsable de la implementación del Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación quien manifestó sentirse aliciada porque el aborto siga siendo clandestino. ¿Cuántas mujeres y personas gestantes muertas más van a necesitar para entender que el aborto debe ser legal, seguro y gratuito en Argentina? La clandestinidad no salva ninguna vida. La clandestinidad mata. ¡Será Ley!”