A partir de un hecho lamentable, se instala desde el gobierno el debate público sobre la necesidad de una reforma del Régimen Penal Juvenil que incluye como consecuencia inevitable bajar la edad de imputabilidad. Se trata de un enfoque repudiable: bajar la edad de imputabilidad es una medida ilegal, demagógica y contraria al paradigma de la protección integral.
Bajar la edad de imputabilidad en Argentina es una medida ilegal. Va en contra de los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. En particular, es contraria a la obligación del Estado de avanzar progresivamente en el reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Reducir la edad mínima de responsabilidad penales una medida regresiva, que incumple con lo establecido por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Bajar la edad de imputabilidad en Argentina es una medida demagógica. Proponer la baja de la edad de imputabilidad como una herramienta mágica para resolver problemas de seguridad implica una medida ineficiente, porque no aborda las causas de la inseguridad. En la práctica el sistema penal vigente es selectivo,criminaliza y estigmatiza a jóvenes y adolescentes de los barrios populares, en contextos donde muchos de sus derechos ya han sido vulnerados. Según cifras de Unicef, del total de 2000 homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos 200, en sólo 15 casos participan menores de 16 años. Necesitamos discutir un modelo de seguridad y una política criminal democrática en serio, que nos incluya a todxs.
Bajar la edad de imputabilidad en Argentina es una medida contraria al paradigma de la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Necesitamos una política de estado que avance, con toda su potencialidad en la construcción y consolidación del sistema de protección integral de niñez, para garantizar que cada niño, niña del país, pueda acceder a todos sus derechos, que en definitiva haga práctica el marco internacional de derechos humanos. Esto indefectiblemente significa más políticas públicas para la infancia y más presupuesto invertido en esto. Necesitamos fortalecer los espacios de participación protagónica para niños, niñas y adolescentes que ya existen y promover se generen nuevos espacios, donde los niños niñas y adolescentes puedan pensarse y reconocerse como actores políticos, como sujetos de derechos, como agentes de cambio parte de nuestra sociedad. La experiencia de muchas organizaciones de la sociedad civil que aportan en este sentido, dan cuenta de otra forma posible de trabajar junto a niños, niñas y adolescentes. Desde dónde generar sus propias propuestas de transformación, para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva y por lo tanto reducir el conflicto con la ley penal.
Sin dudas, necesitamos reformar el Régimen Penal Juvenil vigente y adecuarlo a uno respetuoso de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Pero es preciso generar un debate constructivo que asegure el objetivo final de una justicia juvenil: la intervención socio-educativa con plena vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El debate hacia la modificación del régimen penal juvenil vigente no implica, ni debe involucrar, bajo ningún punto de vista, una baja de la edad de imputabilidad.
* Coordinadora del Área Derechos de Niñez y Adolescencia (Andhes).
