La eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS) encendió la mecha de una nueva rebelión en las provincias. Gobernadores de la oposición consideran que el decreto desfinancia a las provincias, las cuales dejarán de recibir el equivalente al 30 por ciento de lo que se recauda por retenciones a la exportación de soja, lo que implica un incumplimiento del pacto fiscal. Frente a ello, los mandatarios amenazan con no respaldar a través de sus legisladores la ley de Presupuesto para el año próximo. La pérdida para las provincias y municipios alcanza a 50 mil millones de pesos. Tucumán, a través del fiscal de Estado, Daniel Leiva, anunció que elevará un amparo ante la Corte Suprema para plantear la suspensión del decreto. Por su parte, el diputado salteño Pablo Kosiner (Bloque Justicialista) presentó un proyecto de ley también para derogar esa disposición unilateral del gobierno nacional. Los intendentes bonaerenses, cuyos municipios son de los más afectados por la medida, se sumaron al rechazo, mientras que defensores del pueblo de distintos lugares del país se reunieron ayer para analizar la situación. El Gobierno recibió ayer a tres gobernadores afines para testear la viabilidad del tratamiento del Presupuesto 2019.

El FFS fue creado en 2009 y estaba enfocado en aumentar la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, tanto en ámbitos urbanos como en los rurales. Esos recursos eran luego remitidos a los municipios. Según cifras de la Federación Argentina de Municipios, para lo que resta de este año las provincias deberían recibir unos 10.000 millones de pesos y otros 41.000 millones durante el próximo ejercicio. Sin embargo, esta semana, a través de un paquete de decretos, el Ejecutivo dispuso la eliminación del FFS. La decisión generó duras críticas pero también acciones concretas para revertir la medida que desfinanciará las escasas obras todavía en ejecución. “El Presidente se empecina en no escuchar las necesidades de los argentinos y en construir su propio relato. Es irracional el recorte de un fondo solidario que funciona perfectamente para el avance en infraestructura educativa, sanitaria, hospitalaria y vial en todo el territorio nacional”, afirmaron diputados justicialistas.

“Venimos de firmar el pacto fiscal, y esto no se preveía, a mí me gusta respetar los acuerdos y la institucionalidad. Esto nos cae de sorpresa”, lamentó la fueguina Rosana Bertone, cuya provincia recibió 226 millones de pesos del FFS en 2017. Buenos Aires fue el distrito que más dinero había recibido en 2017, con 4023 millones pesos. El mandatario chubutense, Mariano Arcioni, fue más allá y remarcó que el Fondo Sojero es “un derecho que quedó ratificado en la firma del Pacto Fiscal”. De hecho, algunos gobernadores dan por incumplido el pacto y acudirán a la Justicia. 

En noviembre pasado la administración nacional presionó a las provincias para que acepten un pacto fiscal que les implicó una reducción de impuestos (ingresos brutos y sellos), mantener el gasto corriente en términos reales y desistir de cualquier demanda contra el Estado nacional por la desactualización del Fondo del Conurbano Bonaerense, entre otros puntos. También se acordó una ley de responsabilidad fiscal para municipios. En medio de la actual debacle económica, muchas provincias quedaron impedidas de cumplir con lo acordado por la pérdida de recaudación que les provocó el pacto. Ahora se consideran habilitadas para bajarse del acuerdo y buscarán escudarse en un primer incumplimiento por parte de Nación, ya que en el inciso “H” de los compromisos asumidos por el Estado nacional se expresa la continuidad del reparto de esos fondos entre los distritos que adhieran al pacto fiscal. El fiscal Leiva adelantó la presentación ante la Justicia de un amparo por el impacto económico y la “alta fricción institucional con respecto al Gobierno nacional” por la medida. En el amparo se destaca que Tucumán perderá unos 1800 millones de pesos y resalta que la Nación incumplió el pacto. La presentación del gobierno tucumano es analizada por las Fiscalías de Estado de otras provincias, que podrían sumarse al reclamo.

Más allá de las presentaciones legales, los gobernadores tienen otra arma de negociación que preocupa al Ejecutivo: la aprobación del Presupuesto para el año próximo, el cual contempla un duro ajuste pactado con el Fondo Monetario Internacional y que deberá ser remitido al Congreso durante el mes próximo. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reinició ayer una serie de reuniones con gobernadores de buen diálogo con la administración nacional, Omar Gutiérrez (Neuquén), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza), para tratar de convencer primero entre los propios de que acompañen el Presupuesto.