La saga de balaceras relacionadas a edificios del Poder Judicial sumó ayer la imputación del hombre que conducía el Renault 9 desde el que supuestamente partieron los disparos contra la sede del Ministerio Público de la Acusación (Montevideo al 1900), la madrugada del martes. Fiscalía habló de una organización detrás de los ataques. El juez Luis María Caterina ordenó que José Alberto C., de 23 años, cumpla prisión preventiva por 60 días. Por el hecho, habían sido detenidas seis personas, pero todas fueron liberadas sin formación de causa, incluso tres policías. En la previa de la audiencia del remisero, la Defensa Pública denunció que el acusado fue entrevistado por los fiscales que componen la unidad conformada para investigar la seguidilla de episodios, y aunque negaron haber hablado con el imputado sin la presencia de su defensa, el juez Caterina resolvió que sea otro fiscal el que impute al sindicado, para evitar malos entendidos. A pesar de las decenas de allanamientos y detenciones que se realizaron durante toda la semana, C. es el único que quedó vinculado al hecho. Otro pasó de estar demorado a ser testigo de identidad reservada.
El martes pasado el atentado número 14 tuvo como blanco el edificio de Montevideo 1968, donde funciona el Centro Territorial de Denuncias del MPA. En la causa que investiga la seguidilla de ataques ya hay dos imputados (uno menor) como autores materiales de los primeros hechos, el 29 de mayo pasado, contra ex viviendas del juez Ismael Manfrín, que presidió el juicio que condenó a la banda de Los Monos; y Ariel “Guille” Cantero aparece sindicado como autor intelectual. Sumado a ello, el mismo martes, comenzaron las audiencias de apelación al juicio donde fueron condenados los miembros de la banda.
En la audiencia de ayer, Fiscalía indicó que detrás de los hechos hay una organización con roles definidos y señaló que tienen que ver con intentos para frenar el trabajo de los investigadores. El fiscal Adrián Spelta, quien finalmente imputó al acusado ante el pedido de la designación de otro acusador, dijo que C. es “una de las personas en la división de tareas”. En ese sentido, lo acusó de haber conducido el Renault 9 en el que viajan una o dos personas más, desde el cual partieron los disparos contra la fachada del edificio, a las 2.45 del martes. Luego, lo sindicó de haber iniciado una persecución. “Frenaba para atacar al personal, y aceleraba para huir”, dijo Spelta. En tanto, el relato de los hechos indica que en el trayecto bajó al resto de las personas que estaban en el auto y continuó solo hasta que fue detenido en Seguí al 3600, con un Handy y tres celulares.
Esa misma madrugada fueron detenidas también otras ocho personas (dos menores de edad y dos policías). Sin embargo, a última hora del jueves, los fiscales decidieron que solo C. llegue a audiencia imputativa y liberó al resto de los adultos en la causa.
Acusadores acusados. En la previa de la audiencia de ayer, la defensora Gabriela Valli puso en conocimiento del juez una situación con pocos antecedentes desde el inicio del nuevo sistema penal: habló de una entrevista de los fiscales con su cliente y otro de los demorados, en diferentes momentos, sin la presencia de un abogado. En ese contexto, y por decisión del fiscal regional Gustavo Franceschetti, pidió la nulidad de la detención y el apartamiento de los fiscales Miguel Moreno, Aníbal Vescovo y Edery en la acusación de su cliente. Los acusadores indicaron que el miércoles fueron llamados a pedido del imputado que manifestó querer hablarles porque tenía temor de estar sindicado en una causa con semejante trascendencia, pero dijeron haber esperado a la defensora y como ésta no llegaba, le dijeron a C. que no podían hablar con él. El juez estimó que la detención no era irregular, pero pidió que para la imputación se designara a otro fiscal, ante la duda.
