El Poder Judicial de Jujuy continúa incumpliendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia que el pasado martes ordenó, por unanimidad, adoptar con carácter urgente las medidas para salvaguardar la vida, la integridad personal y la salud de Milagro Sala. Además, el jueves venció el plazo que el Estado argentino tenía para responder a los escritos que Amnistía Internacional, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) enviaron, el 7 y el 10 de agosto, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La diputada del Parlasur y líder de Túpac Amaru cumplió ayer el décimo día de como presa en el penal federal de General Güemes, en la provincia de Salta, y mantiene la huelga de hambre.
Ayer por la tarde, algunos medios locales comenzaron a difundir que la dirigente sería trasladada en las próximas horas a la casa en dique La Ciénaga, en la provincia de Jujuy, donde Sala cumplió prisión domiciliaria entre el 31 de agosto y el 14 de octubre de 2017. Sin embargo, en diálogo con PáginaI12, la defensa de la dirigente explicó que hasta el momento no había novedades y desde el Comité por la libertad de Milagro Sala también desmintieron esa información, apuntando que “no hay ninguna notificación formal o información oficial sobre el traslado, por lo que se trata de rumores. Milagro sigue presa en el penal de Güemes”. Por otro lado, recordaron que el CELS, Amnistía Internacional y Andhes –las organizaciones que llevaron el caso a la Corte IDH– habían dado un plazo de cinco días “para que dé respuestas sobre la situación de Milagro y no respondieron nada”.
En noviembre del año pasado, el fallo de la Corte IDH –que fue ratificado por la Corte Suprema– estableció, entre otras cosas, que el Estado sustituya la prisión preventiva de la dirigente “por la medida alternativa de arresto domiciliario que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive, o por cualquier otra medida alternativa a la prisión preventiva que sea menos restrictiva” y que realice “las gestiones pertinentes para que la atención médica y psicológica que se brinde a la señora Sala se planifique e implemente con la participación de la beneficiaria o sus representantes, a efectos de garantizar su autonomía respecto a su salud”. El último martes, la Corte ordenó que “se adopten con carácter urgente las medidas para dar pleno e inmediato cumplimiento a lo resuelto por este Tribunal en su sentencia de fecha 5 de diciembre de 2017 y salvaguardar la vida, integridad personal y salud” de Sala y solicitó al Superior Tribunal de Justicia de Jujuy que, en el plazo de cinco días, explique las razones por las ques no se dio cumplimiento a la prisión domiciliaria.
Informe: Sibila Gálvez Sánchez.
