El 67 por ciento de los argentinos cree que el Estado debe dejar de financiar a la Iglesia católica, de acuerdo con una encuesta realizada por Ipsos el mes pasado, en la previa a la sesión del Senado por el aborto legal. De ese 67 por ciento, el 47 está “muy de acuerdo” y el 20, “algo de acuerdo en que dejen de destinarse fondos públicos a la Iglesia. Sólo el 9 por ciento está muy en desacuerdo y el 12, “algo en desacuerdo”. De acuerdo con la encuestadora -que realizó el relevamiento online, a partir de mil registros recolectados—, “el porcentaje de acuerdo (con que el Estado deje de financiar a la Iglesia) aumenta entre los de mayor clase social y los que aprueban al Gobierno nacional”.

Curiosamente, el acuerdo con la idea de separar las cuentas entre Estado e Iglesia es superior al 50 por ciento en todas las franjas etarias, pero es más contundente entre los mayores: el 75 por ciento de los mayores de 60, el 70 de quienes tienen entre 45 y 59; el 68 de quienes tienen entre 30 y 44; el 62 por ciento de quienes tienen entre 18 y 29. El apoyo es parejo entre quienes viven en el área metropolitana de Buenos Aires y quienes residen en provincias: 44 y 48 por ciento respectivamente. La proporción también es pareja entre mujeres y varones, con 47 y 46 por ciento respectivamente. De acuerdo con la misma encuesta, “los obispos y sacerdotes, junto a los políticos, son los sectores percibidos como los que menos contribuyen para el país”. (Al tope del ranking, con 80 por ciento de aprobación, se encuentran “intelectuales y científicos”; les siguen “ganaderos y agricultores”, “comerciantes”, “industriales” y “periodistas”, con más del 50 por ciento de aprobación en todos los casos. Con menos del 50, y antes del grupo de religiosos, se encuentran “militares”, “banqueros y financistas”, “jueces”, “sindicalistas”).

En un informe que rindió ante el Congreso, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, detalló que la Iglesia católica recibirá este año más de 120 millones de pesos del presupuesto nacional. Sin embargo, Fernando Lozada, de la Coalición Argentina por el Estado Laico, sostiene ese monto es sólo una parte del dinero público que recibe la institución. No sólo se trata de sueldos de obispos, arzobispos y obispos eméritos. “El sostenimiento de las escuelas confesionales son más de 18 mil millones de pesos. A eso hay que sumarle los sueldos por las capellanías en todas las fuerzas armadas y de seguridad, y en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires; ahí tenemos cientos de capellanes cobrando sueldos de oficialidad. El obispo castrense, que este gobierno volvió a nombrar, cobra lo mismo que un ministro de la Nación. De hecho, al obispo Baseotto, que después de ser destituido dejó el cargo vacante, le pagaron con retroactivo dos millones de pesos en concepto de sueldos vacantes”, detalla.

El dinero del Estado no sólo se destina a pagar sueldos eclesiásticos. Lozada advierte que algunos fondos también son asignados a Caritas, “un absoluto agujero negro donde nadie del Estado auditó nunca ni hay balance oficial. Por cada municipio, Caritas recibe miles de pesos y no son auditados”. Además, “el Estado argentino todos los años le da a la iglesia entre 500 y mil propiedades, terrenos, edificios, locales. Por lo menos ha sido así en los últimos 30 años. También pagamos la restauración de templos y catedrales; hace poco le pagamos al arzobispado de Buenos Aires 30 mil pesos de aire acondicionado”.

Por eso, insiste Lozada, los fondos son más que 120 millones de pesos. “Cuando empezamos a sumar, da entre 20 mil y 40 mil millones de pesos. Y eso sin contar las exenciones impositivas, que dan un número imposible de calcular porque no podemos saber en realidad de cuánto dinero se trata”.