“Techint no participó en el club de corrupción de la obra pública de ninguna manera”, aseguró con firmeza el jueves último Paolo Rocca, titular del holding siderúrgico, ante la concurrencia más representativa de los grupos económicos concentrados del país: la Asociación de Empresarios Argentinos, AEA. Y no habría por qué no creerle, si no fuera por la historia del holding. Su historia reciente señala que el grupo es investigado simultáneamente por los poderes judiciales de Brasil, Italia y Suiza; que en muchos casos, como en el escándalo de Petrobras, están probados los pagos de coimas a funcionarios por parte de la empresa a través de transferencia de cuentas bancarias ya identificadas. Que la propia Techint, a través de su empresa insignia, Tenaris, reconoció ante la Justicia norteamericana, en 2011, el pago de sobornos en Uzbekistán y firmó un “acuerdo de enjuiciamiento diferido” para frenar la investigación judicial. Ninguna de las investigaciones mencionadas se hizo en base a fotocopias de cuadernos escritos por un servicial chofer, sino en base a la identificación de empresas fantasma y cuentas offshore desde donde se hicieron las transferencias a funcionarios que le garantizaran la adjudicación de millonarias obras. Es lo que dicen las investigaciones y conclusiones de la justicia de diferentes países, que por otra parte pidieron información o colaboración en las mismas causas al Poder Judicial argentino en diversas oportunidades, sin lograr en ningún caso respuesta positiva. 

 “A lo largo de los últimos 12 años, Techint, que es la compañía de mayor potencial, logró sólo el uno por ciento de la inversión gestionada por el Ministerio de Planificación”, aseguró Rocca el último jueves desde un panel que compartió, nada menos, con Héctor Magnetto (Clarín), Federico Braun (La Anónima), Luis Pagani (Arcor) y Enrique Cristofani (Banco Santander). Esta ausencia de protagonismo argumentada por Rocca no ocurrió, en cambio, en Brasil, donde Techint aparece como una de las principales contratistas de empresas estatales (Petrobras, Eletronuclear) investigada por pago de sobornos. Pagos hechos a través de una extraordinaria red de empresas fantasma y localizaciones offshore. Sin bolsos ni traslados en auto con chofer.

  • Causa Uzbekistán. La firma Tenaris, fabricante de tubos de acero del grupo Techint, que cotiza en Wall Street, debió rendir cuentas ante la comisión de valores de Nueva York (SEC, por su sigla en inglés) por el pago de sobornos en Uzbekistán para la adjudicación de cuatro contratos en concursos internacionales. La investigación conjunta de la SEC y el FBI permitió descubrir la maniobra y lo llevó a la Justicia. Para evitar el avance de la causa, Techint reconoció “pagos indebidos” y “falencias en sus registros contables”, tras lo cual llegó a un acuerdo extrajudicial en 2011 deteniendo la investigación y acordando el pago de una multa de 8,9 millones de dólares (en Argentina, en vez de fijarle multas a las empresas con prácticas corruptas, se les ofrece recompensas si ayudan a encontrar adónde se destinaron las coimas que pagaron).      
  • Causa Radiactividad. En  2014, Techint se adjudicó la construcción de obras para la central nuclear Angra 3, estado de Río de Janeiro. La firma fue denunciada por el pago de un soborno de 30 millones de reales (unos 10 millones de dólares de aquel momento) para la adjudicación de dos licitaciones por valor total de mil millones de dólares. Ricardo Ourique Marques, director general de Techint Brasil, fue imputado por la Justicia y detenido (la empresa asegura que se presentó voluntariamente a declarar) por presunción de sobornos que habría recibido el titular de Eletronuclear, Othon Piñeiro Da Silva, por transferencias a su empresa Aratec, a cambio de supuestos trabajos de consultoría. 
  • Causa Lava Jato. Los poderes judiciales de Brasil, Italia y Suiza abrieron investigaciones sobre las maniobras de Techint a partir de las evidencias y datos surgidos de la causa Lava Jato, en Brasil, y las revelaciones de las investigaciones Panama Papers y Paradise Papers. La pesquisa internacional permitió revelar el circuito del dinero, a través de una red de sociedades offshore utilizada para pagar las coimas a cambio de la adjudicación de contratos. Este circuito fue conocido en abril de este año, y difundido por medios de Italia, Brasil y Argentina (Diario Perfil). 

 Techint fue identificada como una de las empresas que pagó coimas a funcionarios de Petrobras, que habrían sido cobradas por Renato de Souza Duque (director del área de Servicios de la petrolera hasta 2012), a través de un mecanismo administrado por Joao Bernardi Filho, quien reconoció haber sido testaferro del anterior. Ambos están presos.  

 Techint obtuvo contratos de provisión de tubos y caños petroleros por 1600 millones de dólares. La investigación permitió detectar que el circuito de pagos tenía eje en la sociedad uruguaya fantasma Hayley SA, que tenía contratos ficticios con las constructoras y proveedoras. Así justificaba el cobro de las millonarias coimas, que eran transferidas por aquéllas a una cuenta en Suiza (Millennium BCP Banque Privée). Según la justicia suiza, entre 2009 y 2015 dicha cuenta recibió 8,5 millones de dólares provenientes de distintas offshore vinculadas a Techint.

 Las offshore desde las cuales Techint habría realizado las transferencias eran Gabiao Investment (Panamá), Moonstone Inc (Panamá) y Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos (Uruguay). Estas tres, a su vez, recibían los giros desde una cuarta sociedad de Techint en Uruguay: Fundiciones del Pacífico SA. Esta última y Emprendimientos Siderúrgicos son propiedad de San Faustin SA, empresa con sede en Luxemburgo que es, además, controlante de Tenaris, Ternium, Tecpetrol, Tenova, Humanitas y la propia Techint. Hasta 2015, sólo cuatro personas tenían poder para manejar esas cuentas. Tres de ellos, argentinos: el director de administración de Techint, Héctor Alberto Zabaleta, y los abogados del grupo Fernando S. Prado y Carlos Enrique Rodríguez.

 Zabaleta fue mencionado en los “cuadernos del chofer” y detenido por el juez Claudio Bonadío el lunes 6 de agosto, con inexplicable demora respecto de los demás empresarios privados de su libertad. Tres días después, el número dos de Paolo Rocca, Luis Betnaza, se presentó ante el magistrado y señaló que Zabaleta (que ya se había declarado como “arrepentido colaborador”) “dijo que había pagado, pero sólo yo sabía los por qué”. Armó, para justificarlo, una historia presentando a la sociedad como víctima de las presiones del gobierno de Hugo Chávez y al personal de Sidor sometida al “asedio” del gobierno bolivariano. Y que la “contribución” fue para que el gobierno argentino intercediera para obtener una justa indemnización. Lo que no contó, y pocos se ocuparon de averiguar, es que Sidor fue expropiada por los abusos monopólicos a los que sometió a sus clientes industriales, con precios exhorbitantes, mientras recibía el hierro subsidiado por una empresa estatal extractora del mineral. Pero a Bonadío la historia le pareció convincente, y Betnaza se volvió a su casa después de declarar. 

 Las expresiones de Paolo Rocca, tomando distancia del “club de la corrupción” y ubicando a su empresa como un insignificante contratista en el volumen de obras del Ministerio de Planificación, podrían parecer una sobreactuación innecesaria. Sin embargo, otros señalan que es producto de una cuidada estrategia, sobre todo teniendo en cuenta su despliegue y antecedentes. Son quienes tienden a ver a Techint más cerca de los impulsores de la denuncia de los cuadernitos que de sus víctimas. Sus relaciones con el gobierno de Mauricio Macri, al que le aportó más de un funcionario en áreas de su interés, son aceitadas (en el buen sentido). Pero también pisa fuerte en Estados Unidos, donde cuenta con una decena de plantas, de las cuales la última (fabricante de tubos sin costura en Houston) fue inaugurada el año pasado en presencia de Macri. Y Techint ha sido en estos años un “cruzado” en contra del arribo de las inversiones chinas, protegiendo la relación privilegiada con Estados Unidos. 

 Si muchos ven en la causa Cuadernos Gloria una maniobra que terminará barriendo con muchos proveedores locales de la obra pública, no son menos los que advierten que grandes constructoras extranjeras podrían ocupar ese espacio. Techint se ubica al lado de éstas. Será por eso que Paolo Rocca se atreve a hablar del “club de la corrupción” refiriéndose a sus colegas, pero se autoexcluye. Bajo el argumento del “combate a la corrupción”, podría estar ocultándose la intención de un fabuloso cambio de manos de uno de los negocios más atractivos de la economía argentina: los contratos de la obra pública.