El tormento sistemático contra Milagro Sala es parte de un modelo que mezcla codicia, desidia y crueldad. Por eso muchas consignas siguen vigentes: “el ajuste mata”, “esto no cierra sin represión” y muchas otras. Pero los propios partidos populares, los sindicatos y las organizaciones sociales de a poco les van quitando el condimento que los vuelve rutinarios. Les añaden nombres y apellidos. Afinan sustantivos y usan los verbos que mejor corresponden con las acciones que buscan describir. 

Codicia es, por ejemplo, la transferencia de ingresos previa a la fuga masiva de divisas. Un caso de desidia ya estructural es la Gobernación bonaerense a cargo de María Eugenia Vidal. Murió una vicedirectora, Sandra Calamano, murió el carpintero Rubén Rodríguez, cada día recibe su descarga de electricidad una docente. Vidal, ya con el rostro desencajado y sin el look Heidi, aplica el método de la distancia y la disociación respecto de la realidad mientras compra tiempo. Crueldad es, para mostrar el mismo ejemplo de la Escuela 49 de Moreno, que el encargado de la educación bonaerense Gabriel Sánchez Zinny el jueves 16 haya visitado furtivamente la escuela acéfala  –el director de licencia, la vice muerta–   y haya terminado escapándose cuando un maestro y la madre de un chico lo encararon. Un video muestra que la madre llora mientras Sánchez Zinny huye. Es que, detenido un gasista por homicidio culposo e imputado su delegado Sebastián Nasif por incumplimiento de los deberes de funcionario público, el resbaladizo Sánchez Zinny es un serio candidato a la imputación cuando la cadena de responsabilidades suba un escalón más. 

Montar el andamiaje institucional de la codicia, la desidia y la crueldad es una tarea que Mauricio Macri encaró desde el comienzo de su gobierno con dos decisiones. Una, la transformación de Jujuy en una zona liberada para que Gerardo Morales pudiera encarcelar a Milagro Sala. No es una metáfora. PáginaI12 sabe por un ex funcionario nacional que pidió reserva de su nombre que en diciembre de 2015 Macri le prometió vía libre a Morales. “Vos dale, Gerardo”, fue una de las frases. La otra decisión inmediata fue la designación de dos miembros de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, por decreto de necesidad y urgencia. 

El escándalo fue monstruoso y Macri consiguió la aprobación del Senado para sus dos candidatos. Pero jamás hubo marcha atrás de la Presidencia de la Nación en el caso de Milagro Sala. El Estado argentino solo asumió fugazmente la responsabilidad internacional hacia los organismos interamericanos y mundiales de derechos humanos por iniciativa de Susana Malcorra y de Leandro Despouy, inicialmente canciller y encargado de Derechos Humanos de la Cancillería. Llamativamente, ninguno de los dos está más en su cargo. Para Macri hostilizar a Milagro Sala desde el principio fue una política del Estado tan irrenunciable como cuidar a los amigos que se quedaron con sus empresas para proteger nombre y, sobre todo, bienes. Una política de alto nivel como construir un mecanismo completo de endeudamiento, intereses, aumento del déficit fiscal por esos intereses, pago de comisiones y articulación subordinada respecto del sistema financiero mundial.

Con la preventiva inmediata de Sala quedó establecida la doctrina que regiría durante toda la Administración Macri. La misma que se aplicó siempre para el 60 por ciento de los presos de la provincia de Buenos Aires, los presos pobres y desconocidos: Justicia lenta, aplicación arbitraria de las normas procesales y uso de la preventiva como una pena monárquica. 

Ahora se le resquebraja el esquema, pero el Gobierno fue hábil en lograr una confusión entre la verosimilitud jurídica y la verosimilitud política. No son lo mismo. En lenguaje corriente, lo verosímil es lo que tiene apariencia de verdadero y resulta creíble para quien lo observa. En Derecho, lo verosímil es la probabilidad de que algo tenga sustento jurídico. 

En política se aplica la acepción corriente. Es verosímil lo que otro cree por un contexto, por su propia experiencia, por un sistema de pensamiento, por la coherencia entre lo que percibe y la realidad. Luego, además, eso puede ser verdadero. La verosimilitud juega, naturalmente, en tandem con la verdad. Pero en tensión permanente. En el medio están la articulación política, las campañas, la pelea por el poder, la realidad y la percepción de la realidad, el poder crudo y el poder encubierto, la persuasión y la manipulación exitosa. Es como una ecuación cuyas variables se definen de un modo diferente todos los días. Una ecuación que, cada tanto, queda sintetizada en el voto.

Para que en la Justicia lo verosímil pase todos los exámenes, y pueda llegar al plano de la verdad jurídica, el Estado de Derecho cuenta con una herramienta: el debido proceso. El artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dice: “Toda persona gozará de la garantía de concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos y a disponer de un procedimiento sencillo y breve que ampare contra actos de autoridad que violen sus derechos”. La Declaración Universal de Derechos Humanos señala que “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente por un tribunal independiente e imparcial”. Los dos textos legales son parte de la Constitución desde 1994.

En la política puede alcanzar con la verosimilitud para ganar elecciones. Sonará lamentable pero así es. En Derecho no: si durante un proceso todo termina en la mera verosimilitud, si no hay rigor en la presentación de pruebas y en la presunción de inocencia, si la preventiva funciona como coacción, el Derecho estará acabado. Y el Estado, entonces, pasará a convertirse en persecutorio.

Al principio del Gobierno de Macri, los movimientos populares interpretaron la serie de arbitrariedades judiciales contra Milagro Sala exclusivamente como la búsqueda del disciplinamiento social y la domesticación de la protesta. Pero la protesta fue creciendo y alcanzó picos altísimos en diciembre de 2017, durante la poda de las jubilaciones, este año con los movimientos legislativos y sociales contra el tarifazo y esta año también con la fabulosa creatividad de las marchas feministas y la pelea por el aborto libre y seguro.

Si el Gobierno nacional pensó que la prisión de Milagro Sala bastaría para domesticar la protesta, cometió un error. ¿Y entonces? Quizás no habría que descartar la figura del castigo. Un castigo que, al revés del papel que juega en las teologías basadas en el pecado, en este sistema no se vincula con el llamado a la conversión. Tal vez no habría que descartar que exista el objetivo final de extirpar toda rebeldía como prólogo de eventuales reformas e instalar en el país un régimen de zona liberada en relación con el Derecho Internacional. Igual que en Brasil con la proscripción de Lula, el objetivo en la Argentina sería un Nunca Más al revés: que nunca más a nadie, y menos a una mujer india, se le ocurra reivindicar derechos. Ni siquiera procesales. 

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