El parlamento de Nueva Zelanda aprobó una ley que restringe a los extranjeros la compra de viviendas en el país. Con esta medida, promesa del gobierno laborista que preside la primera ministra Jacinda Ardern, se pretende contener el aumento desmesurado de los precios inmobiliarios en el archipiélago, un 60 por ciento en la última década, que el gobierno culpa en parte a los especuladores extranjeros. Los ciudadanos de Australia y Singapur, con los que Nueva Zelanda tiene tratados de libre comercio, están excluidos de la norma. No se trata de una prohibición total. La ley prohíbe a los extranjeros comprar viviendas ya existentes, pero sí permite comprar sobre plano, de forma que se incentive la construcción de nuevas viviendas para aumentar la oferta. En todo caso, para realizar esa compra, los extranjeros deberán contar con el permiso de la Oficina de Inversiones Extranjeras, que lo concederá cuando el afectado demuestre que la inversión traerá beneficios para el país.