Producción: Tomás Lukin


Inestabilidad cambiaria

Por Federico Pastrana *

Argentina comenzó a experimentar los efectos de una inestabilidad cambiaria que hace muchos años no se producía, que hace daño tanto por su intensidad como por su duración. La dificultad de predecir el tipo de cambio refleja el elevado estado de incertidumbre que se vive en la economía. Estamos atravesando una crisis que nadie sabe si se va a calmar transitoriamente o si recién arranca. No es lo mismo una devaluación buscada por las autoridades, en un contexto internacional complicado y con un mensaje de recuperación de la competitividad cambiaria, que mensajes confusos y contrapuestos respecto a qué estrategia llevará el gobierno respecto al mercado cambiario. La falta de claridad en los objetivos y el fracaso en el cumplimiento de las sucesivas metas anunciadas explican una porción de la incertidumbre. Otra parte reside en los problemas respecto a la sustentabilidad de un modelo que genera un elevado déficit de cuenta corriente, financiado por un intenso y veloz crecimiento de la deuda externa del sector público.

La inestabilidad cambiaria genera que distintos sectores productivos tengan, por un lado, grandes dificultades para fijar precios porque tienen grandes dificultades para estimar sus costos en el futuro inmediato. Si estiman un costo muy alto, pueden perder ventas. Si estiman un costo muy bajo, terminan yendo a pérdida. Por otro lado, el aumento de la incertidumbre y la imposibilidad del gobierno de controlar el dólar implican que la tasa de interés continúe en valores muy elevados. La desregulación del sector financiero hace que el stress cambiario se traslade rápidamente al sector financiero, perjudicando la situación de las empresas productivas de manera inmediata, especialmente a las más expuestas y endeudadas. La reducción de los plazos de pago y el aumento del costo de financiamiento dificultan el funcionamiento de la cadena de pagos. Las empresas sufren inmediatamente por los problemas para el financiamiento de sus operaciones habituales.

De acuerdo al Banco Central, la tasa de adelantos de cuenta corriente pasó de 33 a 50 por ciento en tres meses y la cantidad de cheques rechazados aumentaron más de 70 por ciento en un año. Asimismo, los planes de inversión se postergan, a la baja utilización de la capacidad instalada (61,8 en junio), se le suma el aumento del costo financiero y la imposibilidad de la inversión real de competir con una rentabilidad de 70 por ciento interanual del dólar.

La persistencia de la inestabilidad en el tipo de cambio intensificó los problemas existentes. Las elevadas tasas de interés, el bajo crecimiento de la actividad, los aumentos de tarifas, la discontinuación de la Línea de Inversión Productiva que favorecía principalmente a las PyMES y la apertura comercial llevaron a grandes dificultades en varios sectores de la industria. El congelamiento de la construcción y la obra pública sumaron elementos al panorama sombrío que viven muchas empresas. Quienes más sufren son las PyMES, particularmente las que venden al mercado interno.

La continuidad del recorte en los subsidios de servicios públicos y el incremento del precio de las naftas vinculado a la devaluación implican un piso en la inflación que se traduce en mayores costos para las empresas y un menor ingreso disponible de las familias. El pesimismo respecto al futuro muestra el cuadro oscuro que se vive en la actualidad. Según el Indec, a principios de año el 40% de las empresas de la construcción creía que la actividad iba a aumentar. Actualmente, ese porcentaje se redujo al 3 por ciento. En la industria, las expectativas de mejora pasaron de 35 a 13 por ciento en el mismo período.

El plan del gobierno completa el panorama pesimista y agrega incertidumbre. En lugar de plantear políticas que ayuden a recortar la caída de la producción, el gobierno se encuentra inmerso en la discusión sobre velocidad de las políticas de ajuste que debe implementar en el marco del acuerdo con el FMI. Estas políticas amplificarán la crisis. Como en otros momentos de la historia, la crisis cambiaria, combinada con políticas condicionadas desde el exterior, lleva a un inquietante panorama para la economía argentina que, lejos de resolver sus problemas estructurales, ve como se intensifican con tradicionales programas de ajuste.

* Economista Centro-Periferia.


La herencia que dejarán

Por Florencia Medici * y Eduardo Crespo **

El gobierno de Cambiemos recibió una herencia inflacionaria pero falló al sostener que se trataba meramente de un fenómeno monetario. Al error de diagnóstico (y de soluciones) le sumó la dilapidación de los recursos para hacer frente a la estructural restricción externa, lo que dejará al próximo gobierno la más pesada de todas las herencias: una crisis social, económica y política.

Cambiemos recibió como herencia una restricción externa al crecimiento y un nivel de inflación elevado en términos internacionales por puja distributiva. Con respecto a la última, desde 2007 la recuperación del poder sindical y de las paritarias libres explicó en buena medida no sólo la mejora salarial sino también la inflación persistente. Dado que los gobiernos kirchneristas no lograron alcanzar los acuerdos necesarios para moderar la puja, la forma de mantener la inflación a niveles altos pero estables fue fijando anclas nominales, como el congelamiento de tarifas de servicios públicos o la apreciación real del tipo de cambio.

En relación a la escasez de dólares, desde 2013 fue evidente que las cuentas externas comenzaban a convertirse nuevamente en la restricción al crecimiento: el agotamiento del superávit comercial dejaba al desnudo la baja dinámica de las exportaciones, la dificultad de conseguir financiamiento externo, los abultados déficit generados por el turismo, el déficit energético y de parte de la industria, y la elevada fuga de capitales.

Cambiemos, en lugar de afrontar estas restricciones, adoptó medidas que inevitablemente las agravaron. Desde el inicio acudió al recurso descontrolado del endeudamiento en moneda extranjera e incentivó el ingreso de capitales especulativos que rápidamente comenzó a mostrar sus limitaciones. Así, al factor estructural se sumó la incompetencia profesional y la puja de poderosos sectores económicos. En ese contexto, se eliminaron regulaciones a la cuenta capital y comercial. A su vez, la caótica política monetaria del Banco Central fue otro factor clave para el descalabro.

Con respecto a la herencia inflacionaria, el gobierno hizo todo lo posible por frenar la puja tratando de poner techo a las paritarias, con despidos masivos e incluso apelando a la fuerza policial. Pero los integrantes de la nueva administración asumieron que el alza de precios era un fenómeno monetario y que no debían temerse consecuencias inflacionarias por el incremento de tarifas o las devaluaciones. Este error de diagnóstico no precisa de explicaciones porque la realidad es más que evidente.

Está claro que si la herencia era pesada, los herederos no comprendieron las razones. ¿Cuál es, entonces, la herencia que recibirá el próximo gobierno? En los últimos meses todos los indicadores económicos se deterioraron de forma alarmante: se produjo una mega devaluación de la moneda, aceleración inflacionaria, pérdidas de empleo y estancamiento de la actividad económica.

Por consiguiente, si la pérdida de reservas no cesa en un contexto de creciente incertidumbre y dificultad para continuar financiando los elevados compromisos en dólares, nos encaminamos a una reestructuración de la deuda externa, aceleración inflacionaria y, como correlato, un agravamiento de la situación social y política. Los nuevos herederos también recibirán el problema estructural de restricción externa e inflación, sumado al crecido monto de intereses en dólares por la deuda adquirida.  Pero la capacidad de utilizar el endeudamiento externo y los dólares provenientes de flujos financieros internacionales no estará entre los activos disponibles, porque el actual gobierno lo ha dilapidado y ha llevado a la economía a un estado de elevada vulnerabilidad financiera.

Los próximos herederos tendrán que, en primer lugar, atender la situación social. Para esto es importante dejar a un lado el archi-repetido argumento fiscalista: la restricción es en dólares, no en pesos. Argentina tiene la capacidad de sostener el gasto público para ampliar la base previsional, la AUH, el financiamiento de nuevas universidades y del desarrollo científico, puesto que estos gastos no derivan en una elevada demanda de divisas.

* Directora del OMET de la Universidad Nacional de Moreno.

** Profesor de la Universidad Nacional de Moreno y la Universidad Federal de Río de Janeiro.