La Defensoría del Pueblo de Ecuador anunció ayer que acudirá a instancias internacionales si los tribunales no aprueban las medidas cautelares para frenar la decisión del Gobierno de Lenín Moreno de exigir pasaporte a los venezolanos, que empezó a regir el sábado. El organismo había presentado el pedido el pasado viernes y ya ayer se informó que se había eliminado la exigencia de pasaporte para niños y adolescentes de Venezuela que lleguen con sus padres o tutores que sí porten el documento.
“Consideramos que tenemos que agotar nuestros recursos internos. Si es que la medida cautelar no nos es concedida, estaremos mirando la posibilidad de activar acciones a nivel internacional en materia de protección de derechos humanos”, dijo la titular de la Defensoría, Gina Benavides. La funcionaria adelantó, además, que estaban valorando acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y reveló que están informando de la situación al Sistema de Naciones Unidas, especialmente a la Relatoría de Migrantes.
“Creemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (...) podría hacer un análisis de la situación y podría emitir un comunicado y, además, hacer un sistema de monitoreo de lo que está pasando”, señaló Benavides.
La Defensora también subrayó que espera que el tribunal los convoque hoy mismo, por tratarse de un caso de urgencia, para analizar la medida cautelar solicitada el pasado viernes por la Defensoría y otras organizaciones sociales de Ecuador. “La petición está sustentada en los principios constitucionales que tenemos que garantizan la libre movilidad de las personas, la ciudadanía universal”, indicó. Benavides hizo especial hincapié en que la Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador establece claramente que los ciudadanos sudamericanos pueden ingresar al país con su documentos de identidad, por lo que, explicó, la medida del Gobierno no tiene asidero constitucional ni legal.
“Mi posición no era poner muros legales sino facilitar el proceso de tránsito de los venezolanos que están en Ecuador en vía a otras naciones del sur y que tienen el legítimo derecho de buscar condiciones de vida más dignas que la que tienen en su país”, aclaró la Defensora del Pueblo. Asimismo, Benavides, se mostró preocupada porque la exigencia de pasaporte puede dejar en un limbo jurídico a los venezolanos que ingresaron en Ecuador sólo con la cédula o con pasaportes próximos a caducar, y porque al no haberse contemplado un tiempo prudencial, quienes están en tránsito ignoran la nueva exigencia y no podrán pasar la frontera. “Hemos constatado en el cruce entre ambos países que la nueva exigencia ha dividido a familias pues unos tienen pasaportes y otros cédulas, unos pasan y otros no pueden pasar y esto sí nos preocupa porque rompe con el principio de unidad familiar”, dijo la funcionaria.
Benavides reveló, además, que la Cancillería ya emitió un acuerdo que elimina la exigencia de pasaporte para el ingreso en Ecuador de niños y adolescentes venezolanos que lleguen con sus padres o tutores que sí porten el documento, que comprueben su parentesco y que tengan los documentos que acreditan la tutela. En Venezuela, para los menores de entre cero y nueve años se entrega una partida de nacimiento y no pasaporte ni cédula, agregó la Defensora.
Benavides recordó, a su vez, que hace pocos días Ecuador declaró el estado de emergencia, principalmente en las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro, para prestar urgente atención a los venezolanos y opinó que la nueva medida evidenciaba una regresión en la lógica de protección de derechos.
El gobierno de Lenín Moreno, en voz de su ministro del Interior, Mauro Toscanini, defendió la medida alegando que el bienestar de los ecuatorianos estaba siempre por encima de todo. “El argumento principal es primero identificar a las personas plenamente, que los ecuatorianos gocen de una seguridad y sepamos a quiénes tenemos acá adentro y los podamos identificar y darles las atenciones del caso”, había asegurado el funcionario al diario ecuatoriano El Comercio el jueves pasado. Además, el ministro había explicado que se trataba de una herramienta para garantizar el ingreso seguro, regular y ordenado de los venezolanos, y para evitar casos de trata de personas y tráfico de migrantes.
No obstante, Benavides afirmó que estaba probado que cuando se ponen medidas de restricción, se fomenta la migración irregular. “La población que ha venido no se va regresar. Tenemos personas que han venido caminando desde Cúcuta veinte o treinta días. Vienen en condiciones precarias y sin recursos”, relató al expresar su temor de que los afectados decidan entrar por canales irregulares con el riesgo de caer en redes de trata y tráfico de personas. La funcionaria, así, consideró que lo que más conviene a un país era tener un registro de cuántas personas han ingresado y salido para desarrollar políticas públicas.
Muchos de los venezolanos están en tránsito en Ecuador hacia Perú, país que exigirá pasaporte a partir del 25 de agosto (ver aparte), por lo que Benavides teme que la medida ecuatoriana provocará que muchos venezolanos se queden varados en condición irregular.
