Las causas judiciales por tenencia simple de droga se triplicaron en la capital santafesina durante el ultimo semestre, según datos oficiales de una de las dos fiscales federales de la ciudad capital. Los números duros son estos: desde el desembarco de fuerzas federales con asiento en Santa Fe, hubo 172 encausados en el transcurso de este año. Durante todo 2017, fueron 105. Mas aun: durante el mes de junio pasado se detuvieron a cuatro personas por día en promedio. Para el fiscal federal Nº 2, Walter Rodríguez, “estas cifras muestran un dispendio de recursos, van en contra de la reforma (postergada) del nuevo código penal”. La acción federal parece además “ignorar la declaración en materia de adiciones de una emergencia nacional dictada por decreto del PEN”. “La idea que primero se intenta esgrimir es que no se va a perseguir al consumidor, pero en realidad es lo que termina pasando” afirmó el funcionario federal a Rosario/12. Por otro lado, mañana un grupo importante de movimientos sociales reclamaran la sanción de una ley de Emergencia en Adicciones.

Según datos brindados por la Fiscalía Federal N° 2, creció considerablemente el número de detenciones por portación de cigarrillos de marihuana en la ciudad capital. A partir de la iniciativa de fuerzas federales con asiento en Santa Fe, hubo 172 encausados en el transcurso de este año.

Estos datos implican que se triplicó la cantidad de personas detenidas por tenencia simple de drogas para consumo personal durante el primer semestre 2018, respecto del mismo período y promedio del año anterior. Durante todo 2017, fueron 105. Mientras que durante el mes de junio pasado se detuvieron cuatro personas por día en promedio. Vale decir, un total de 120.

Estas cifras dan cuenta de una acción tendiente a perseguir al consumidor quedando abierta la pregunta acerca del eje central de la lucha contra el narcotráfico.

Para el fiscal federal Rodríguez estas acciones “parecen ignorar la declaración de emergencia en materia de adiciones”, dictada por el presidente Mauricio Macri en diciembre de 2016 y que culmina a fin de este año. El 11 de diciembre de 2016 el Gobierno nacional declaró la "Emergencia Nacional en materia de adicciones" hasta el 31 de diciembre de 2018 que tiene como ejes la "prevención y tratamiento, así como la inclusión social de aquellas personas que se encuentran afectadas por esta problemática".

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) es la encargada de implementar medidas para hacer frente a la emergencia. "La primera fuerte inversión va a ser generar más espacios de tratamiento. El reclamo de los padres y madres del país es que no tienen lugares para llevar a sus hijos", había sostenido es mismo día su titular Roberto Moro.

En esta linea, el fiscal Rodríguez aseguró a este diario que “desde febrero de 2017 comunique al Sedronar los datos de cada una de las personas con expedientes abiertos por tenencia para consumo, tal como manda la ley”.

La situación es, sin dudas, general en todo el país: mañana un grupo importante de movimientos sociales reclamaran la sanción de una ley de Emergencia en Adicciones. Nunca como este año le habían dado al tema un lugar tan visible en las marchas, con más remarque en discursos y comunicados. Su objetivo es que el Estado garantice el presupuesto destinado a la asistencia de las personas con consumos problemáticos en los sectores populares. Este miércoles, en otro paso para poner en la agenda política esa preocupación, las organizaciones van a hacer una nueva protesta frente al Congreso. Dar una respuesta en adicciones en los barrios no es algo que los movimientos hayan salido a buscar. Fue el tema el que avanzó sobre ellos por el hecho de que están en el territorio: tuvieron que tomarlo. Así, vienen trabajando en articulación con el Estado desde finales del Gobierno anterior, cuando la Sedronar abrió un enfoque diferenciado del modelo de las comunidades terapéuticas –con un perfil que encara el consumo como un asunto de naturaleza individual– para buscar otro abordaje. Pero ahora, la situación social y económica generada por las políticas de Cambiemos hizo saltar la térmica. La exclusión, potenciada por el abandono de las políticas destinadas a los sectores populares, tiene consecuencias duras sobre el tejido que sostiene la vida de los barrios.