Una auditoria interna de la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó las denuncias sobre los aportantes truchos de Cambiemos para la campaña legislativa de 2017. El informe fue elevado al juez federal Adolfo Ziulu y le aconsejó no aprobar los rendimientos realizados por la alianza gobernante, debido a que probó la existencia de “más de un centenar” de aportantes que son beneficiarios de planes sociales, pero también halló aportes efectuados por empresas privadas y otras entidades prohibidas en la ley de financiamiento político. Ziulu pidió que se cite a declarar a varios de los supuestos aportantes.
“No resulta posible aconsejar la aprobación del informe final de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, presentado por la Alianza Cambiemos Buenos Aires”, sostiene el informe que recibió el juez federal Ziulu. El magistrado tiene competencia electoral en la provincia de Buenos Aires y el escándalo de los falsos aportantes de Cambiemos no le resulta desconocido. Semanas atrás el fiscal Jorge Di Lello remitió a su juzgado la investigación que inició luego de que las irregularidades salieran a la luz a partir de una investigación de El Destape.
El informe interno de la auditoria de la CNE confirma que “más de un centenar de aportantes son beneficiarios de planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social y de la Anses” y destaca: “Tratándose de personas que reciben algún tipo de beneficio social por parte del Estado nacional o están inscriptas en el monotributo social en el que podrían ser beneficiarias de tales programas, resulta llamativo, aun siendo individualmente de poca cuantía, que realicen aportes a una agrupación política”.
A pesar de que la gobernadora María Eugenia Vidal, un mes después de que estallara el escándalo, se defendió diciendo que se trataba de “una denuncia del kirchnerismo”, el informe de la CNE también confirmó la denuncia respecto de que los beneficiarios de planes sociales que figuran como aportantes de Cambiemos “rechazan haber realizado el aporte informado”. Además, como informó PáginaI12, la investigación del fiscal Di Lello también probó que un 99 por ciento de los beneficiarios de planes figuraban además como afiliados al partido.
Frente al informe de la auditoría de la CNE, el juez Ziulu citó a declarar a una decena de supuestos aportantes y libró exhortos para que el juzgado federal con competencia electoral de la Ciudad de Buenos Aires, Morón, San Isidro y Mar del Plata hagan lo mismo con otros casos.
La auditoría advierte sobre más irregularidades cometidas por la alianza gobernante. Según dice, empleados, socios o directivos de Autopistas Urbanas SA, Petrolera El Trébol SA, Murata SA y otras firmas aparecen entre los aportantes. “Existen casos de personas físicas y jurídicas relacionadas entre sí en la misma entidad, situación que permite inferir con cierto grado de certeza que se trata que se trata de aportes indirectos efectuados por las empresas prohibidos por la legislación vigente”, señala el informe revelado por La Nación. Los aportes individuales registrados en ese marco fluctúan entre los 5000 y 135 mil pesos y quienes pertenecen a una misma empresa figuran con el mismo aporte. “Después de cada elección, cada partido tiene que hacer la rendición de fondos de la campaña que transcurrió. Nosotros nos presentamos en la Justicia a hacer la rendición de fondos. No hay nada que ocultar”, había dicho Vidal a un mes de la denuncia.
