El programa de ajuste fiscal del Ministerio de Hacienda tiene como contrapartida el sostenido incremento de la carga de intereses de la deuda. La explosiva dinámica de endeudamiento asumida por el Gobierno convirtió a los vencimientos en el segundo rubro más importante del gasto. Detrás de esos pagos quedaron las erogaciones en subsidios, los servicios sociales y los salarios estatales. Solo los superan las partidas para seguridad social, que se mantienen como el ítem más significativo de las finanzas públicas. Los datos oficiales muestran que, a lo largo de los primeros siete meses del año, 15,3 de cada 100 pesos del presupuesto fueron destinados a hacer frente a los intereses. Las cifras duplican los registros observados antes de la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada. A lo largo del mismo período de 2015, los pasivos consumieron 7 de cada 100 pesos. Al escalar un 119 por ciento en tres años, los vencimientos de la deuda adquirieron un peso similar al registrado antes del colapso de 2001.

Los funcionarios del Palacio de Hacienda celebraron el viernes el “sobrecumplimiento” de las metas fiscales comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro Nicolás Dujovne informó que el déficit acumulado durante los primeros siete meses de 2018 ascendió a 1,1 por ciento del PBI mientras que la meta prevista en el acuerdo con el FMI alcanza a 2,7 por ciento del producto para el cierre de 2018. Los recortes definidos por el funcionario como “un programa de austeridad que nos permite recuperar la confianza” tienen cuatro ingredientes: reducir las transferencias a las provincias, profundizar la quita de subsidios, recortar el empleo público, ajustar el sistema de la seguridad social y reducir el gasto en obra pública. El programa de austeridad tiene como objetivo liberar fondos para garantizar el repago de la deuda. Cuando se incorpora la carga de los intereses el resultado financiero marca un rojo de 2,4 por ciento del PBI. 

Desde el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala advierten que, en el derrotero que llevó a la crisis de 2001, el resultado primario nunca alcanzó terreno negativo. Durante el 2000 el país registró un superávit primario de 0,9 por ciento del PBI y en 2001 el resultado llegó al 0,5 por ciento del producto. En cambio, el resultado financiero que contempla la carga de los intereses de la deuda mostró un escenario completamente diferente. En 2000 el resultado financiero fue de 2 por ciento del PBI y en 2001, de 3 por ciento. En medio de los sucesivos programas de ajuste implementados entonces, los intereses de la deuda llegaron a representar entre 13 y 15 por ciento del gasto público nacional. 

“Las metas fiscales están pensadas desde el resultado primario que omite el creciente peso de los intereses de la deuda. Si los vencimientos ganan peso le quitan espacio de financiamiento a otras partidas. Por ahora, la gran víctima son los subsidios a la energía y el transporte. Pero, si la deuda va a seguir creciendo, tienen que avanzar sobre otras partidas. El gran componente del gasto sobre el que avanzará el Gobierno es el sistema jubilatorio, donde ya empezaron a ajustar a partir del cambio en la fórmula de movilidad”, señaló a PáginaI12 el economista del ITE Juan Ignacio Balasini.

Los datos oficiales muestran que, durante los primeros siete meses de 2018, los intereses consumieron 256.442 millones de pesos. La cifra representa un incremento del 66 por ciento frente al mismo período de 2017 y 119 por ciento contra 2015. Un informe elaborado por el ITE identifica otras dos modificaciones significativas en el presupuesto desde la llegada al gobierno de Mauricio Macri: el ajuste de los subsidios y la seguridad social, en contraste con el incremento en el peso de los intereses de la deuda. Balasini estimó que el aumento en las tarifas se tradujo en una caída de la participación del gasto en energía y gas. Las partidas pasaron a explicar el 5,3 por ciento del presupuesto público entre enero y julio de 2018, cuando representaban el 13 por ciento en el mismo período de 2015.

Con ese desempeño, los fondos destinados a pagarle a los tenedores de los distintos instrumentos de deuda pública superaron a los recortados subsidios y los menguados salarios estatales. Por su parte, las partidas que integran la seguridad social registraron un comportamiento creciente a lo largo de los últimos tres años que se explica por el efecto de la fórmula de movilidad jubilatoria vigente hasta diciembre pasado y, fundamentalmente, por la incorporación del pago de juicios previsionales prevista en la Reparación Histórica. “Las consecuencias de este programa se extienden más allá del corto y mediano plazo, e inducen al consumo casi completo del Fondo de Garantía de la Seguridad Social. Con estas proyecciones sobre la seguridad social sobre la mesa es que el gobierno intentará impulsar en 2019 una reforma previsional. Aumento de la edad jubilatoria, incremento en la cantidad mínima de años de aportes, nuevas reglas (mucho más austeras) de movilidad y cambios en el tipo de administración del sistema conforman un sombrío programa de reforma que se discutiría el año que viene”, advierten los investigadores del ITE.