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"El Estado toma contacto con los chicos a través de las fuerzas de Seguridad. No hay políticas para la vida". Así resumió Facundo Peralta, de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, la realidad de los pibes de los sectores populares, de cara al inicio del debate del proyecto del Gobierno Nacional que busca bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes, de 16 a 14 años. "Hay que dejar de lado la hipocresía. En los barrios populares los meten en cana permanentemente", se quejó el también integrante de la organización Causa, que vio la iniciativa como "una respuesta a un sector de la sociedad que pide mano dura". Para el abogado de la Asamblea, Salvador Vera, "sería un retroceso, y todos los organismos internacionales se expidieron contrario a esto". Alejandra Fedele, militante barrial del Movimiento Evita, reclamó que "el gobierno primero cumpla la promesa de atacar al narcotráfico". Todos destacaron que el porcentaje de los delitos en los que participan menores es "ínfimos".
Desde hoy, a nivel nacional, representantes de distintos ministerios, integrantes del Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil iniciarán el debate del proyecto en el que ya generó rechazos de diversos sectores, como Unicef, que participará de la reunión. Consideran que sería "un paso atrás" en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes.
De eso habló Vera, en diálogo con Rosario/12: "En el plano político, cada vez que hay un año electoral se baja esa línea discursiva de maniobra punitiva, que evidentemente tiene respaldo en algunos sectores sociales. Desde lo social, creemos que debe discutirse y crearse un sistema de responsabilidad juvenil. Tiene que estar acorde a los estándares internacionales, instaurados por la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto de San José y por las Reglas de Beijing. Hay una deuda de nuestro país, porque la normativa legal que rige (con imputabilidad desde los 16 años) es un decreto de la dictadura militar". El letrado se manifestó en contra de tratar la cuestión de la juventud en torno a problemas con la ley penal. "Mucho menos creemos que la solución sea bajar la edad de punibilidad. No sería posible legalmente: está en vigencia el principio de progresividad de los derechos humanos que implican que no se puede retroceder de la base de los derechos ganados". Y agregó que hay cuestiones de índole paradigmática: "El contexto en el cual debe pensarse un sistema de responsabilidad penal juvenil es el de la protección integral y del Interés Superior del Niño. Entonces, pensar y anunciar una reforma que baja la edad de punibilidad, que implica solamente castigo, es contrario a las normativas vigentes de protección de la infancia y la juventud".
El miembro del equipo legal de la Asamblea entiende que "entra a jugar mucho lo social, porque es una falacia que por un asesinato a manos de un adolescente se justifique un cambio general en la normativa. La intervención tendría que ser el desarrollo de políticas públicas en torno al desarrollo de la juventud, y debería apuntarse a qué sucede en el territorio con los jóvenes, en qué contexto se desenvuelven y cuál es la respuesta de política pública. Las estadísticas son claras: la mayoría de los adolescentes varones de sectores populares no acceden a la escuela secundaria, no pasaron el primer año y muchos ni llegaron. La oferta educativa y cultural es muy reducida. Sin embargo, en los barrios hay distintos grupos que se dedican a la actividad delictiva y que son los proveedores de la oferta cultural estereotípica. Esos grupos son operados por personas mayores, con cobertura policial".
Vera fue claro: "Desde la Asamblea indagamos en cuáles son las políticas de seguridad direccionadas a cercenar y acortar los caminos de inserción de los menores a las economías delictivas, y qué propuesta de política pública se les ofrece para insertarlos en un circuito virtuoso. Acá hay una gran ausencia del Estado, en términos de vida y de control de los grupos que proveen las armas, por ejemplo".
El abogado mencionó un dato que va en consonancia con otras estadísticas que se conocieron en los últimos días: "De todos los hechos graves cometidos en el país, solo 17 fueron por el delito de homicidio, con menores implicados. Hay que analizar si estos niños de 14 y 15 años comprenden la criminalidad de los actos. Es una cuestión de análisis de si están en condiciones, porque son personas que están en desarrollo, y los niveles de comprensión son diferentes. El abordaje debe ser de mínima intervención penal, de mínima judicialización, de mínima estigmatización. Las medidas de privación de libertad deben ser el último extremo, para delitos graves, y no es lo que sucede en la habitualidad. Esto tampoco tiene garantías, ni las mínimas aplicadas a personas adultas. Se entiende que deben tener un plus de garantías, por la cuestión de vulnerabilidad en la que están estos jóvenes", protestó.
"Nadie se pregunta por qué un chico no está referenciado en un centro de salud, en un centro de día, en la escolaridad; por qué los chicos son víctimas de un abandono estatal y de las múltiples violencias en los territorios. Hay mucho pendiente, como la reforma penal juvenil en la provincia, que como se plantea es solo una idea de adultizar el proceso", se quejó.
Facundo, quien está en permanente contacto con los pibes de los barrios más postergados, dijo a este diario que "la medida pretendida por el Estado nacional viene a profundizar las desigualdades y las vulneraciones de los jóvenes de sectores populares del país. Es un anuncio mediático que viene a dar respuesta a un sector de la sociedad que pide esto, que pide mano dura". También repitió las estadísticas: "Los chicos, en delitos como homicidios, participan de manera ínfima. No hay un motivo real y concreto. Hay gente que está convencida de que esto debe hacerse y no son todos macristas, es un sector. Esto pauperiza la vida de los jóvenes".
Al analizar el contexto, Peralta fue tajante: "Es un momento complicado, primero, porque gobierna (Mauricio) Macri y segundo porque estos tipos que fueron tan importantes como (el padre Edgardo) Montaldo, y el Pocho (Claudio Lepratti), no están más". Y reclamó "dejar de lado la hipocresía, porque no hace falta que se baje la edad de punibilidad para que los pibes sean detenidos: en los barrios populares los meten en cana permanentemente".
Para Fedele, también referente barrial de muchos niños y jóvenes, "es una locura". En ese sentido, planteó en LT8: "El gobierno debe aplicar políticas sociales fuertes para que en principio estos chicos no salgan a cometer delitos; debe pensar en lo que es el sistema carcelario de menores, porque es desastroso, como el Irar (Instituto de Rehabilitación al Adolescente de Rosario), donde cada vez hay más chicos que viven en una situación espantosa". Y agregó: "El Gobierno Nacional habló muchísimo en su campaña sobre atacar al narcotráfico y esto también tiene relación con los menores, que muchas veces trabajan en un búnker, porque para ellos es un trabajo, ya que no tienen otra forma de salir. Que primero implementen lo que prometieron, porque la realidad es que el narcotráfico se incrementa. Ningún pibe quiere ir a delinquir", lanzó.
