Dos de los principales imputados en la saga de maniobras delictivas con propiedades inmuebles mediante estafas y lavado de activos, quedaron a un paso de evitar el juicio oral y público. Un tribunal debe resolver sobre un acuerdo al que llegó Fiscalía y la dueña real de un campo con el agente bursátil Jorge Oneto y el gerente del diario La Capital, Pablo Abdala, comprometidos a restituir bienes y entregar sumas de dinero en dólares a la víctima, bajo la figura de un principio de oportunidad como salida alternativa al juicio, por la que -de avalarse el acuerdo- Fiscalía no promoverá la acción penal y los sobreseerá una vez que se cumplan los puntos del convenio. En la audiencia, se dio a conocer la conformidad de la víctima en el caso puntual que los tiene como implicados.

Oneto y Abdala están sindicados dentro de la causa que se conoció como megaestafa inmobiliaria, en octubre de 2016. En su momento, el fiscal Sebastián Narvaja detuvo a una decena de implicados y los acusó por haberse apoderado de diferentes tipos de inmuebles, de manera irregular. En el que están sindicados los dos imputados que ayer llegaron a audiencia oral es un campo de 124 hectáreas ubicado en la localidad de Villa Amelia que pertenecía a la familia del ex camarista (fallecido) Ernesto Navarro, cuya primera venta se realizó con un poder apócrifo y luego fue pasando de mano entre los sindicados "para meterlo en el circuito legal", dijo Narvaja cuando los acusó. La viuda de Navarro reclama desde entonces que se restituya el bien, que estaba en su familia desde hacía años.

En la causa están implicados otros empresarios, escribanos y testaferros. El fiscal Narvaja tiene presentada acusación, con pedidos de penas. Con el acuerdo avalado por la Fiscalía Regional, Narvaja pidió ayer ante los jueces Hernán Postma, José Luis Suárez y Héctor Núñez Cartelle la homologación del mismo por un criterio de oportunidad, en dos audiencias diferentes. Los acusados están imputados por los delitos de lavado de activos en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público y desde abril de 2017 tienen pedido de pena de 4 años y medio de prisión, más multas de varios millones de pesos. Sin embargo, el acuerdo permitiría el archivo de la acción penal, si se cumplen los puntos comprometidos y los jueces lo ratifican. “El fiscal puede sopesar la solución del caso”, dijo Narvaja sobre cuestiones que están contempladas en el Código.

En el caso de Oneto, Narvaja detalló que se acordó la reparación del daño causado mediante la restitución del campo a su dueña, y abonar una suma “como compensación”, de 200 mil dólares, para lo que se abrió una cuenta especial. Si bien la defensa del imputado pidió que en la misma resolución los jueces resuelvan el sobreseimiento de su cliente, Narvaja se negó y apuntó a que para ello primero deberá cumplimentarse todo el compromiso. Los abogados pidieron a los magistrados, que deberán resolver, que tengan en cuenta que su cliente adquirió el campo “de buena fe” y que “si hubo una víctima, fue él”. En ese sentido, remarcaron que no se trata de una restitución porque el campo “nunca fue suyo”, sino que se trata de “retrotraer las cosas al estado inicial” a la compra.

En tanto, el acuerdo presentado por las partes con respecto a Abdala, consiste en la entrega (a la mujer víctima) del 50 por ciento de un departamento con cochera en la torre Aqualina y el total de una oficina en el edificio Embajador, más el pago de 50 mil dólares que abonará mediante un plan de pago (20 mil, en el momento que se homologue el acuerdo; y dos cuotas de 15 mil, a 60 y 90 días). Además, su defensa también pidió el sobreseimiento y la restitución de elementos secuestrados y de una fianza de 400 mil pesos que abonó en su momento para lograr la libertad.

Con los abogados de la víctima en la sala, Narvaja dijo que para la mujer se trata de una “reparación suficiente”, que ahora deberán analizar los jueces para dar a conocer una resolución en un plazo de diez días hábiles.