El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ordenó ayer realizar “inspecciones de seguridad” en todos los establecimientos educativos del país. Esta decisión llegó casi tres semanas después de la explosión de la escuela 49 de Moreno, donde murieron Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, que puso de relieve las deplorables condiciones edilicias que presentan las instituciones educativas bonaerenses. 

La decisión fue oficializada a través de la Resolución 201/2018 publicada ayer en el Boletín Oficial, con la firma del presidente del organismo Daniel Alberto Perrone y el resto del directorio. Enargas resolvió “instruir a las Licenciatarias del Servicio de Distribución de gas por redes, a diseñar, incluyendo a las Subdistribuidoras, de forma coordinada con las Autoridades Educativas de su área licenciada un protocolo de verificación y un plan de acción para realizar, a su cargo y costo, inspecciones de seguridad a las instalaciones de gas de todos los establecimientos educativos, oficiales y privados, en todos los niveles existentes en su área, con el objetivo de prevenir accidentes derivados de dichas instalaciones”.  

La resolución establece que las empresas encargadas de la revisión serán las “licenciatarias del Servicio de Distribución de gas por redes”. Según informó la Dirección de Gas Licuado del Ministerio de Energía, Enargas se ocupa sólo de regular el gas por redes, no el gas licuado de petróleo (GLP), sistema utilizado en la escuela de Moreno que explotó y en muchas otros establecimientos educativos del país. Sin embargo, consultada por este diario, la Dirección de Gas Licuado informó que la inspección que encargó Enargas se realizaría “en todas las escuelas, independientemente que tengan gas en red o GLP. Pero se revisará sólo la red interna de los colegios, no las instalaciones en sí”. 

La última vez que se había realizado un programa de prevención a nivel nacional similar fue en 2005, cuando fueron inspeccionados unos 18.701 establecimientos educativos con fugas y otros desperfectos. Las empresas cortaron el suministro y clausuraron artefactos en todos estos edificios escolares.

Desde Enargas sostuvieron que los accidentes “ocurren como consecuencia de artefactos con inadecuada ubicación, falta de mantenimiento (en especial ventilaciones obstruidas o desacopladas), o con modificaciones no autorizadas en el mismo artefacto o en su instalación”. “Teniendo en cuenta que son establecimientos educativos y que en gran número de ellos funcionan comedores, corresponde que el criterio con que se conduzca la inspección y las acciones derivadas de ésta, sea el de causar los menores inconvenientes posibles a su actividad normal, sin resignar la seguridad”, aclara la resolución del ente regulador.

Esta iniciativa fue impulsada casi tres semanas después de la tragedia –que podría haber sido evitada– ocurrida el pasado 2 de agosto en la escuela 49 de Moreno, donde una pérdida de gas generó una explosión que mató a la vicedirectora Sandra Calamano y al auxiliar Rubén Rodríguez. 

Durante las últimas dos semanas, presionado por la suspensión de clases en varias escuelas, el gobierno bonaerense envió gasistas a las instituciones educativas de la provincia para que revisen las instalaciones de gas. Sin embargo, por distintas irregularidades en el operativo, esas revisiones fueron denunciadas en distintos distritos. 

General Rodríguez es un claro ejemplo de la falta de seriedad en las revisiones de las instalaciones de gas. Tal como denunció este diario hace diez días, la Subsecretaría Administrativa de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires contactó a la federación de gasistas Feigas para ordenarle la revisión de gas en todas las escuelas de la localidad, pero lo pactado se suspendió el mismo día porque el gobierno no cumplió los términos del acuerdo. Según denunció el secretario de Aigasra (asociación de Feigas) Fabián Petrecca, el gobierno no estaba interesado en arreglar los problemas de fondo: “Querían que hiciéramos una prueba rápida y si había pérdidas, que cortáramos el gas. Nos dijeron que si cortábamos el gas, los directores de las escuelas no iban a poder decir que no es seguro asistir a la escuela y de esa manera iban a tener que volver las clases”. Luego de la suspensión del acuerdo, “hay tal desmadre, que aparecen cuadrillas de gasistas que no se sabe de dónde son, ni quién los envía. Los directivos tienen que andar pidiéndoles los nombres, apellidos, DNI, número de matrícula”, informó Claudia Guerra, presidenta de la Comisión de Educación del Concejo Deliberante de General Rodríguez.