La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudiará el caso Iron Mountain a raíz de la denuncia que formuló contra el Estado argentino el padre de uno de los bomberos muertos en la tragedia de Barracas. Rolando Monticelli se presentó el 28 de enero de este año ante el organismo de la OEA. Acaba de recibir como respuesta que se analizará su petición, basada en la tragedia que le costó la vida a diez servidores públicos el 5 de febrero de 2014. Uno de ellos era su hijo Juan Matías, quien fue aplastado por una pared durante el incendio intencional del depósito que tenía la multinacional estadounidense en condiciones muy precarias.
Monticelli también mencionó en su reclamo la persecución laboral a que lo sometió el gobierno nacional por sus denuncias contra la falta de Justicia, al punto de que fue despedido del Indec este año. Su última crítica coincidió con el fallo de la sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional integrada por Julio Lucini y Mariano González Palazzo. El 4 de mayo pasado, los dos jueces rechazaron que los familiares de las víctimas pudieran ser querellantes en la causa donde ejecutivos de la multinacional y ex funcionarios porteños de Cambiemos están imputados.
“Espero que la CIDH pueda contribuir a que haya justicia o que presione para que así sea. Pedí que arbitraran todos los medios a su alcance para que intimen al Estado argentino por lo que pasó en Iron Mountain y, además, para que hagan una revisión de mi caso. Deberían releer todos los artículos de los derechos laboral, civil y sobre todo de la Constitución Nacional, ya que se vulneraron cuando me hicieron una jugada sucia en el Indec. Me difamaron, atentaron contra mi dignidad y mi derecho a trabajar en paz. Me calumniaron”, dijo a PáginaI12 el padre del bombero de 26 años fallecido en Barracas. El joven era uno de los seis que integraba el cuerpo de la Policía Federal. También hubo dos bomberos voluntarios y dos integrantes de Defensa Civil entre las víctimas fatales del siniestro.
A la denuncia que hizo Monticelli, la CIDH respondió que “el reclamo presentado se encuentra actualmente bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes y que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión se pondrá en contacto con usted oportunamente con el objeto de comunicarle su resultado”. Por reglamento, la petición podría tratarse recién en 2019 ya que “la revisión inicial de un asunto en principio se realiza según el orden cronológico en que se recibe ante la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, según lo establece el artículo 29.2”.
“En el escrito hice hincapié en los errores que cometió la Justicia argentina, la forma en que llevó el caso y que, por ejemplo, muchos responsables de primera línea fueron dejados de lado. También relaté cada una de las situaciones que me tocaron vivir personalmente: las amenazas, que me presenté en el Juzgado con todas las pruebas y nunca se me dio una respuesta satisfactoria. En fin, terminé contando la persecución que viví en el Indec”, declaró Monticelli, encuestador del organismo de estadísticas durante 16 años.
Cuando llevaba casi un año sin que le asignaran tareas, quedó desplazado y ése fue el paso previo a su despido. Antes había exigido respuestas y le contestaron que no había sumario alguno levantado en su contra. Los problemas del padre del bombero muerto en Iron Mountain empezaron cuando se cruzó en su camino Juan José Gómez Centurión, el funcionario que debía inspeccionar a la compañía de Estados Unidos mientras estaba al frente de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña. Según Monticelli, este militar con pasado en la guerra de Malvinas y también carapintada –y que hoy es vicepresidente del Banco Nación– lo “amenazó de muerte”. Se basa en una prueba: la captura de pantalla del Facebook que pertenece al funcionario todoterreno del macrismo, con un texto intimidatorio que le habría mandado.
“Busco justicia para mi hijo y para mí, ya que me hicieron la vida imposible. Ahora con la denuncia ante la CIDH, el caso Iron Mountain podría ser revisado. Que haya recibido una respuesta cuando sé que muchas presentaciones quedan en la nada, es una luz de esperanza”, concluye el hombre, que advirtió que no se detendrá hasta obtener lo que busca. Una condena para los responsables de la tragedia; desde el personal de seguridad del depósito hasta los funcionarios más altos. En el 2014 estaban al frente de la ciudad de Buenos Aires. Ahora ocupan cargos parecidos en el gobierno nacional.
