La justicia laboral confirmó la nulidad del mecanismo usado por el gobierno de Cambiemos para despedir sin causa a 354 trabajadores de prensa de la agencia Télam sin realizar el Procedimiento Preventivo de Crisis en el Ministerio de Trabajo. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la medida cautelar del juez Ricardo Tatarsky, quien le ordenó al secretario de Medios Públicos Hernán Lombardi reincorporar a cinco trabajadores por considerar que la “presunta ‘reestructuración general’” invocada “excede todo marco de razonabilidad y resultó evidentemente intempestiva”, e iniciar el procedimiento legal correspondiente en la cartera que encabeza Jorge Triaca. La sentencia originada en una presentación del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) “constituye un antecedente insoslayable para todos los otros casos judicializados, cientos de ellos a resolverse por los mismo magistrados”, destacó en un comunicado la Comisión Gremial Interna de Télam. La medida fue celebrada en Télam y también en la TV Pública, donde sus trabajadores resisten desde hace ocho meses el vaciamiento que pretende imponer la gestión Lombardi.

La ley 24.013 establece que “con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas” que afecten a más del 10 por ciento de los empleados de una empresa de entre 400 y mil trabajadores (Télam tiene 878 y los despidos alcanzaron a más del 40 por ciento) “deberá sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis”. Ese es la principal ilegalidad por la que Tatarsky ordenó el 13 de julio reincorporar “en forma inmediata” a los despedidos que firmaron la presentación, decisión que confirmaron ayer Enrique Néstor Arias Gibert y Néstor Miguel Rodríguez Brunengo, de la Sala V de la cámara del trabajo. En el caso de Télam “se prefiguran los elementos objetivos que tornan obligatorio el procedimiento preventivo de crisis”, escribieron.

La Cámara refutó además argumentos que los abogados de Lombardi y del presidente de Télam, Rodolfo Pousá, esbozaron al apelar aquella decisión, como una presunta “tendenciosa exposición” de hechos de los abogados del SiPreBA o la pretensión de que el depósito de las indemnizaciones impidiera denunciar la ilegalidad del procedimiento. Respecto a las declaraciones de los funcionarios sobre la necesidad de ejecutar una “limpieza ideológica” en la agencia, por las cuales Tatarsky encuadró los despidos como actos discriminatorios, la cámara refutó la pretensión oficial de minimizar ese aspecto sugiriendo que las notas periodísticas que difundieron sus dichos no son “prueba indubitable” de los verdaderos motivos de las cesantías.

“El fallo supone un reconocimiento judicial a la lucha que los trabajadores sostenemos desde hace 60 días y a que los despidos eran ilegales e irrazonables. Esperamos que ahora el gobierno apele al sentido común e intente darle una salida política al conflicto, que es lo que el fallo está ordenando”, explicó el delegado Mariano Suárez. “El juzgado 22 (a cargo de Tatarsky) tiene 180 cautelares más para resolver y a las que les espera el mismo recorrido, por lo que seguramente tendrán el mismo resultado. Por lo que, si no lo resuelve la política, lo resolverá la justicia”, razonó el abogado y periodista de Télam.

Más de cincuenta organizaciones de abogados, juristas, periodistas, comunicadores y académicos, del país y del exterior, se presentaron ya ante la Cámara laboral para ofrecer argumentos sobre la falta de legalidad y legitimidad del plan de ajuste en la agencia de noticias y publicidad estatal. El CELS, en su amicus curiae, apoyó la reincorporación de los despedidos en base al deber del Estado de proteger el derecho al trabajo, el principio de no discriminación y los efectos negativos del desmantelamiento de Télam para la vigencia del derecho a la comunicación en el país. La CTA de los Trabajadores apeló a la misma figura para señalar la necesidad de cumplir con el procedimiento preventivo de crisis. “Los actos perpetrados por el Estado y acreditados en este expediente resultan de suma gravedad institucional ya que, por acción y omisión, lesionan normas y principios fundamentales del Derecho del Trabajo y constituyen un daño irreparable al derecho humano a la comunicación y al acceso a la información de la ciudadanía”, destacó la central que encabeza Hugo Yasky.

La confirmación de la Cámara se produce en el día 58 de paro total y permanencia pacífica de los trabajadores en las dos sedes de Télam, que el gobierno intentó sin éxito presentar como una ocupación ilegal. “Aislado políticamente, frustrado por sus torpes ensayos por ‘criminalizar’ y ‘penalizar’ un conflicto gremial, perdido por falta de conducción, golpeado por numerosos reveses judiciales, el directorio se queda sin salidas”, resumió la situación la Comisión Interna, que suma apoyos y produce actividades día a día. Hoy al mediodía dirigentes de la Corriente Federal de Trabajadores que encabeza el bancario Sergio Palazzo visitarán el edificio de Belgrano 347 para conversar sobre la situación del sistema previsional y la defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en tanto a las 18 se realizará una jornada informativa sobre manejos y desmanejos de la pauta de publicidad oficial.