El sacerdote Miguel Yáñez, único argentino miembro de la Comisión para la Protección de Menores creada por el papa Francisco, aseguró ayer que en Argentina hay una “cuestión muy flagrante” de abusos de menores y reconoció que en el caso del Instituto Próvolo de Mendoza hubo una “estructura delictiva comandada por los mismos religiosos”.
Yáñez sostuvo que “la presión mediática ha sido positiva” para visibilizar los casos de pedofilia, y reconoció que “hay indignación contra la Iglesia por la ocultación” que se hizo del tema.
En el caso del Próvolo, los imputados por abusar de chicos sordos son el sacerdote italiano Nicolás Corradi (82), quien tenía acusaciones similares en Verona en los 80 y fue trasladado a Mendoza; el cura Horacio Corbacho (55); el monaguillo Jorge Bordón (55); el ex empleado del instituto José Luis Ojeda (41) y el jardinero Armando Gómez (46).
“La indignación de la sociedad es con el manejo que hizo la Iglesia en el pasado y que todavía puede ocurrir. Un manejo de ocultación, de no reconocimiento de la gravedad del hecho, ya sea por ignorancia o por intereses corporativos de defenderse”, señaló el religioso.
Yañez, un jesuita designado por Francisco en 2014 para ser parte del núcleo original de seis miembros que tiene la Pontificia Commissio pro Tutela Minorum (PCTM), destacó que la presión de la prensa contribuyó a visibilizar el tema. “La presión mediática ha sido positiva a nivel mundial, porque obligó a la Iglesia a dar un paso hacia adelante. El trabajo del periodismo de investigación ha ayudado mucho a reconocer y encontrar soluciones”, explicó.
“Se oyen decir muchas cosas que son absurdas, como que las víctimas quieren plata o cosas así. En el fondo, es no reconocer que existe el problema y la gravedad que tiene. Un solo abuso puede destruir la vida de una persona. Es terrible y tenemos que ser muy cuidadosos”, planteó Yáñez.
