El 9 de agosto el Senado de la Nación votó por 38 votos negativos y 2 abstenciones el rechazo al aborto legal, seguro y gratuito. La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal se había mostrado junto a un joven con un pañuelo celeste anti derechos y declarado que iba a estar “aliviada” si se frenaba el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El 14 de agosto murió Elizabeth, de 35 años y mamá de un hijo en el hospital Magdalena Villegas de Martínez, de Pacheco. El 13 de agosto fue al Hospital Manuel Belgrano, de San Martín, con una infección generalizada por el tallo de un perejil, una práctica ancestral y riesgosa para intentar abortar en la clandestinidad. Ese mismo día fue el entierro de Romina Fernández, en Pilar, mamá de cuatro hijxs. El 8 de agosto, mientras más de un millón de personas pedían ser escuchadas ante un Senado blindado, en reclamo al derecho a decidir y a vivir, ella fue internada en el Hospital Sanguinetti, por un aborto incompleto. Después de la guillotina del Senado contra los cuerpos gestantes y el alivio de Vidal murieron dos mujeres de femicidio institucional por la clandestinidad del aborto en cinco días. En ese contexto los discursos de senadores/as y dirigentes políticos pueden aumentar las muertes por sumar miedo en las mujeres, retardo a la hora de llegar al hospital en medio de una infección, alejamiento de los centros de salud y persecución en equipos profesionales a quienes realicen o acompañen abortos legales.
–Le pregunté que había hecho y me dijo: “Me lo saqué”. Y nada más. Ahora pienso que ella no habló más porque en la tele del cuarto estaban pasando las discusiones en el Senado y ella escuchaba las cosas que se estaban diciendo y se quiso quedar callada. Porque la gente juzga sin saber, yo vi las redes sociales, las cosas que dicen de las mujeres que abortaron. Y no les importa que estén muertas –le relató Ana Fernández, la hermana de Romina, a Marta Dillon, en la nota “Se murió porque era pobre. A las pobres ni nos miran”, publicada el 21 de agosto del 2018, en PáginaI12.
En el imaginario social el dedo acusador de gobernadoras, políticos conservadores, sacerdotes, periodistas y dirigentes intimida a las mujeres que no van a dejar de abortar, pero sí, corren el riesgo de no ir, dudar o tardar antes de llegar al hospital. Sin embargo, en vez de garantizar el cumplimiento de la educación sexual integral (que el Senador bonaerense Esteban Bullrich reconoció que no se aplica por falta de voluntad de la Iglesia Católica en una entrevista con Las12), sumar el reparto de anticonceptivos, multiplicar las consejerías en salud sexual y garantizar el acceso a los abortos legales respaldados por el fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Vidal desplazó a una funcionaria clave en el territorio bonaerense y volvió mostrar una política anti derechos.
En ese contexto, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires removió de su cargo a la Coordinadora del Programa de Salud Sexual en trece municipios de zona norte, Estela Sánchez. Por un lado, el despido de un puesto clave (y el nombramiento en un hospital no amigable para desgastarla o hacerla pasar por la penitencia pública) es grave en relación al efecto personal, laboral y simbólico para otras referentes en derechos sexuales que puedan sentir la amenaza de sufrir consecuencias por su compromiso en hacer cumplir el fallo F.A.L. Y, además, se corre el riesgo de dar la seña de persecución laboral a referentes que se mostraron con el pañuelo verde de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Por otra parte, muestra la desarticulación de las redes para evitar embarazos no buscados y tampoco garantizar el cumplimiento del protocolo vigente en la Provincia de Buenos Aires. Pero, además, desde el plano político muestra que la victoria del sector ultraconservador del gabinete de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por el Ministro de Gobierno Joaquín de la Torre, sindicado como cercano a los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica, ex barón del conurbano (de la vieja política) y ex Intendente de San Miguel, un territorio clave de los anti derechos donde no se realizan los abortos autorizados por la ley. “Para nada, no es un área sobre la que pueda intervenir, él no tiene nada que ver”, desmienten en su entorno.
“Removerla de su cargo implica un retroceso y un claro mensaje hacia la red construida en salud para el acceso de las mujeres a sus derechos sexuales y (no) reproductivos”, repudiaron en un comunicado de la Red de lxs Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y expresaron: “A una semana de dos muertes evitables el gobierno provincial, lejos de hacerse cargo de su responsabilidad, profundiza su postura desvinculando de su cargo a personas que, como Estela, cumplían responsablemente con su función. Repudiamos el hostigamiento hacia Estela Sánchez y exigimos su inmediata reincorporación a su cargo y que la provincia se responsabilice de las muertes evitables de personas gestantes y la adhesión al protocolo de Interrupciones Legales del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación”.
La respuesta del gobierno de Vidal frente a la muerte de mujeres post 9 de agosto no fue evitar la muerte de más mujeres, sino intentar que nadie se entere de las muertes por la clandestinidad del aborto y tapiar los femicidios en los hospitales donde la septicemia puede encubrirse como causa y no la clandestinidad frente a derechos sexuales y reproductivos en terapia intensiva en territorio bonaerense.
Estela Sánchez era, hasta el martes, Coordinadora del Programa de Salud Sexual de la Región Sanitaria V que integran trece municipios –Zarate, Exaltación, Escobar, Campana, San Martín, Vicente López, San Isidro, San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Vicente López, Tigre y San Fernando– y tenía a su cargo monitorear cinco maternidades y quince hospitales. En la Argentina existe el fallo F.A.L, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el que las mujeres pueden abortar si corre riesgo su vida o su salud (en el plano físico o emocional como lo estipula la Organización Mundial de la Salud), si sufrieron violencia sexual y si el embarazo es inviable. La sentencia se tiene que cumplir. Pero las mujeres logran el acceso a los abortos legales (que no dependen del voto del Senado) solo si hay médicas/os y funcionarios/as que habiliten las garantías necesarias. Estela era clave para que los abortos legales se cumplan. En el 2017 garantizó 87 abortos legales en su territorio y en el 2018 acompañó y logró que se efectivicen 93 Interrupciones Voluntarias del Embarazo en la zona a su cargo, con una población de 845.000 mujeres, según el Censo del 2010, y el 45 por ciento sin cobertura social. Además, también empujó para que se realizaran 3.100 ligaduras de trompas entre enero y diciembre del 2017, se colocaran 5.300 DIU y 13.500 implantes subdérmicos (anticonceptivos que duran hasta dos años con una pequeña agujita en el brazo), desde el 2015 hasta la fecha. Su lugar vacío es un riesgo de retroceso en derechos y más muertes, secuelas o enfermedades por la clandestinidad del aborto.
Ella es Licenciada obstétrica especialista en gestión en salud. Tiene 56 años y empezó a trabajar en 1998 en Moreno, en un barrio humilde, donde conseguía que por cada compra de anticonceptivos el laboratorio regalara una caja. Entre todas hacían una vaquita y repartían las pastillas. A partir de la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el 2002, la política pública reemplazó a los malabares. En el 2003 empezó a tener anticonceptivos y preservativos para repartir. “Patee mucho el terreno y ahí empecé a trabajar en el programa de salud sexual. Desde el 2006 me quede como referente y coordinadora de programas”, recuenta.
El 8 de agosto, mientras se debatía la ley, la llamaron para proponerle tener un cargo de mayor jerarquía en el Programa de Salud Sexual Provincial. Ella creía que sin la ley lo que había que hacer era dar a conocer el fallo F.A.L, el protocolo vigente en la Provincia de Buenos Aires (aunque Vidal mando a retroceder en la adhesión al Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación) y el comunicado 1 que implementó la ex Ministra de Salud bonaerense Zulma Ortiz. Pero, no solo no le dieron más responsabilidades, sino que el 21 de agosto le dijeron que se tenía que ir de su cargo. “Me dijeron que no es compatible lo que pienso yo con lo que piensa la Gobernadora y que iba a ser un problema en el programa”, explica. De ahí la enviaron al Hospital Mercante, de San Miguel (al que todavía no pudo asistir por un duelo familiar) que no es un centro de salud amigable. “Es un castigo por dar cumplimiento al aborto dentro de la legalidad, no es por no hacer, sino por hacer demasiado”, define Estela Sánchez.
Ella remarca que la situación bonaerense es grave: “El programa esta desmantelado, no conseguís una abogada, no hay consejo asesor. Hay un recorte en insumos importantes y escasez de inyectables;pastillas mensuales y trimestrales e implantes subdérmicos y están prohibiendo algunas capacitaciones en municipios como Pilar y San Miguel. Es muy complicado trabajar solo poniendo el pecho. Si no tengo insumos y no logro que una mujer se vaya con un anticonceptivo de larga duración, no unas pastillas, y de calidad no se puede garantizar la prevención de embarazos no buscados. Y, después, la mujer que va a abortar aborta igual. Pero volvió a aparecer el perejil y la sonda. Cuesta mucho conseguir misoprostol en los hospitales. La gente no sabe donde conseguirlo. Y las mujeres están muy desamparadas”.
En ese sentido, la diputada provincial Lucia Portos presentó, el 22 de agosto, un proyecto de ley, en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para la producción pública y el acceso al Misoprostol. La iniciativa prevé: “El Estado Provincial producirá Misoprostol de administración vaginal y oral, para sus diferentes prescripciones, incluyendo en sus indicaciones la de maduración cervical, inducción del aborto en el primer y segundo trimestre, prevención y profilaxis de la hemorragia post aborto, aborto incompleto (…). Su producción se llevará a cabo a través de los laboratorios públicos de producción de medicamentos que de la Provincia dependan”.
Sabrina CartabiaGroba, abogada feminista, de Red de Mujeres, contextualiza: “La salud de las mujeres en la Provincia de Buenos Aires está pasando por un momento crítico. El aborto es una práctica médica de la que está en contra la Gobernadora y parte de su gabinete. Con la estigmatización que se produce por la penalización del aborto decidida por el Senado es un momento más crítico que el de la salud en general. No hay disponible misoprostol para garantizar los abortos permitidos desde 1921 en nuestro Código Penal. La llave de la solución del problema la tiene la Gobernadora que podría producir misoprostol. Pero sus gestos políticos envían un mensaje a todos los directores de hospitales, médicos y médicas que se suma a la vuelta para atrás del Protocolo nacional del Ministerio de Salud de la Nación. Esas decisiones políticas ponen en mayor riesgo a las mujeres”.
