La actividad económica se desplomó 6,7 por ciento en junio comparada con igual período de 2017. Es la caída más brusca desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, dejando a la economía por debajo de los niveles que existían en diciembre de 2015. La contracción fue la mayor en nueve años, desde julio de 2009, cuando la crisis internacional con epicentro en Estados Unidos, la más profunda en ochenta años, repercutió en la producción nacional. Las cifras oficiales comienzan a reflejar así las consecuencias del desmanejo financiero y cambiario sobre la economía real. Como sucedió en mayo, el impacto de la sequía explica una porción significativa del resultado recesivo, pero en junio se sumaron con fuerza el derrape de las actividades industriales y comerciales. El pobre desempeño de esos sectores está asociado a la depresión del mercado interno y la caída en la inversión privada que se profundizará en el marco del ajuste fiscal comprometido con el FMI.
Durante el primer semestre del año, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec acumula un retroceso del 0,6 por ciento con relación al mismo período del año pasado. El dato de junio marcó además una caída de 1,3 por ciento frente a mayo. Desde la Casa Rosada se refieren a la crisis como una “tormenta”. Dentro del eufemismo climático convergen el discurso sobre la supuesta pesada herencia con el impacto de la sequía y la incertidumbre que afectó a los mercados emergentes. El diagnóstico oficial ignora el rol que tiene en el actual escenario el incremento de la vulnerabilidad externa por medidas concretas de este Gobierno, como la desregulación financiera y cambiaria y la apertura comercial desde diciembre de 2015. Esas medidas implicaron un giro de 180 grados respecto de las políticas del gobierno anterior que buscaban preservar la economía local de shocks externos. El resultado del cambio no provocó una lluvia de inversiones, como se había previsto, sino una recesión persistente con un leve rebote en 2017. Además, el entramado fabril sufre el desplazamiento de producción interna por importaciones y una dura caída del empleo, que ya contabiliza la pérdida de 83 mil puestos de trabajo directos desde diciembre de 2015.
Los datos acumulados entre enero y junio reflejan el ingreso de la economía en el terreno contractivo. El programa de austeridad y las persistentes tensiones cambiarias anticipan la profundización de esa tendencia. Lejano queda el 3,5 por ciento de crecimiento estimado en el Presupuesto 2018 aprobado por el Congreso en diciembre pasado. Para julio el Ministerio de Hacienda y Finanzas sinceró que el nivel de actividad rondaría entre 0,5 y 0,6 por ciento. Pero esa nueva proyección volvió a ser descartada dos semanas atrás. Ahora en la cartera conducida por Nicolás Dujovne reconocen que la actividad económica se acercará a cero por ciento de crecimiento en el año. Sin embargo, esa nueva revisión también se quedará corta. Hasta el FMI anticipa que la recesión será extensa (ver aparte) y en sus proyecciones más pesimistas figura una caída del PIB del 1,4 por ciento.
El retroceso del 6,7 por ciento de junio es el peor de la era Macri, por encima del 4,9 por ciento de junio de 2016. En agosto de 2014 el indicador marcó una baja de 5,6 y en mayo de 2012 la pérdida fue del 5,3. Recién en julio de 2009 se registró una caída levemente superior, del 6,8 por ciento. Argentina experimentaba entonces el impacto directo de la crisis internacional y la sequía. El gobierno de Macri no solo no consiguió domar la inflación y reducir la pobreza sino que además alcanzó niveles de actividad inferiores a los heredados en diciembre de 2015. La baja desde entonces es del 2,2 por ciento en la mediciòn desestacionalizada. El Indec “corrigió” los datos referidos a mayo. El mes pasado había informado una caída de 5,8 por ciento pero el informe distribuido ayer achicó la baja a 5,2 por ciento. En abril, en tanto, se había dado la primera caída, del 0,6 por ciento.
El factor principal que explica el resultado de junio es la caída del 31,0 por ciento en la actividad del sector agropecuario, afectado por la sequía que golpeó principalmente a la cosecha de soja. En esta campaña la cosecha de la oleaginosa alcanzó a las 36 millones de toneladas, una caída interanual del 37,4 por ciento. El sector marcó así el nivel más bajo desde la sequía de 2008-2009, cuando se registraron 32 millones de toneladas. Implica una pérdida de 4200 millones de dólares en el valor agregado de la cadena de la soja, el 0,6 por ciento del PBI. La reducción en el sector agropecuario explicó así 3,59 de los 6,7 puntos de caída en el EMAE, según el Indec.
Pero, a diferencia del desempeño observado en mayo, la caída en el agro estuvo acompañada por el retroceso del sector manufacturero y la actividad comercial, que retrocedieron 7,5 y 8,4 por ciento, respectivamente. Entre ambos explican 2,31 puntos de la caída total en la actividad económica. El escenario contractivo contó además con la contribución del rubro Transporte y comunicaciones que cayó 6,1 por ciento y Hoteles y restaurantes que perdió 2,5 por ciento. La construcción, por su parte, todavía resiste los embates recesivos y apenas cedió 0,2 por ciento. El sector que fue uno de los pilares para el magro crecimiento del año pasado comenzó a menguar como consecuencia del ajuste en la obra pública para cumplir con las condicionalidades del FMI y el impacto de la incertidumbre cambiaria sobre la actividad privada.
A contramano de la recesión experimentada en los principales sectores, las ramas asociadas a los servicios públicos, la minería y el sector bancario lograron contrarrestar la caída. Al ritmo de los tarifazos y la devaluación, el rubro Electricidad, gas y agua subió 4,3 por ciento mientras que la intermediación financiera escaló 4,6 por ciento.
