La Justicia ratificó el procesamiento del intendente de Paraná, Sergio Varisco, y los procesamientos y las prisiones preventivas de la ex subsecretaria de Seguridad municipal Griselda Bordeira y el concejal Pablo Hernández, en la causa que investiga sus presuntos vínculos con una organización dedicada al narcotráfico. El tribunal también dejó en firme el procesamiento del agente de tránsito Alan Viola, que también sigue detenido, como los otros dos procesados, porque la justicia considera que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación o de fuga. La resolución especifica que el tribunal confirmó su “procesamiento por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes (…) en concurso ideal con el delito de peculado”.
La medida de la Cámara Federal de Apelaciones provincial, que rechazó los pedidos de nulidad planteados por las defensas de los tres procesados y dispuso medidas similares en los casos de otros sospechosos en la misma causa, deja al intendente, que sigue en funciones, más cerca del juicio oral. “Esto confirma la gravedad del asunto y despeja las dudas sobre complots judiciales que en los que habían querido involucrar al juez (federal) Leandro Ríos”, señaló en diálogo con este diario el concejal David Cáceres. El concejal añadió que el alejamiento de Varisco “depende de que lo determine la Justicia o que lo decida él mismo. Los concejales, que no tenemos herramientas porque la ley no nos faculta para pedir la remoción del intendente, venimos pidiendo que entiendan la gravedad institucional y den un paso al costado, como un gesto a la ciudadanía que lo eligió”.
La causa que investiga el “acuerdo político” de Varisco con el narcotraficante Daniel “Tavi” Celis, quien fue un activo militante de la campaña del intendente radical que obtuvo la capital entrerriana para la alianza Cambiemos. Celis fue uno de los principales aportantes de la campaña para sellar un “acuerdo político”, tal como lo describe la causa judicial, que le otorgó la facilidad de utilizar móviles y dependencias públicas como parte de su circuito de distribución de estupefacientes.
En el fallo de la Cámara, los jueces Cintia Gómez, Mateo Busaniche, Beatriz Aranguren y ordenaron al juez Ríos reforzar aspectos de la investigación relativos a “la existencia de relaciones preexistentes” entre Celis y los funcionarios municipales, algo que va en la misma línea de lo que habían planteado los fiscales Ricardo Álvarez y Carlos García Escalada.
El juez a cargo de la investigación, advirtió además la Cámara, sostuvo “una hipótesis sustentada en los elementos probatorios hasta el momento incorporados y que necesariamente deberá ser reforzada en la instrucción, respecto de la existencia de relaciones preexistentes a los hechos aquí investigados, entre quienes dirigían y concretamente realizaban las actividades de comercialización y funcionarios públicos municipales”, señala el texto, en referencia a Varisco, Bordeira, Hernández y Viola.
Los jueces también indicaron que la investigación debe profundizar acerca del motivo por el cual los funcionarios procesados “habrían realizado un aporte de dinero en efectivo, cuya periodicidad y/o regularidad también deberá ser objeto de mayor esfuerzo probatorio, pero que aún con el grado de probabilidad que exige la instancia, es una conducta que encuentra razonable encuadre en la figura de ‘financiación’ escogida por el juez”.
La resolución de la Cámara también confirmó los procesamientos y las prisiones preventivas de el albañil Nahuel Celis y el changarín Jonathan Heintz, por considerarlos coautores de la venta de drogas.
“Lo que podría llegar a cambiar el panorama es lo que va a pasar con la situación procesal del concejal Manuel Gainza. Hace unos días le dictaron falta de mérito momentáneamente, hasta que se terminen de analizar los elementos electrónicos secuestrados en los allanamientos y de hacer los cruces de llamadas entre él y otros imputados y procesados”, advirtió el concejal Cáceres. “Eso podría cambiar la ecuación, en el sentido de que no sería solamente un puñado de dirigentes radicales el involucrado, sino que el caso salpicaría a todo el Pro en la ciudad de Paraná”.
