La llave para determinar si Facundo Jones Huala, lonko de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, es finalmente extraditado a Chile tal como resolvió ayer la Corte Suprema la tiene el presidente Mauricio Macri. Esto es así porque el líder político y espiritual del territorio mapuche recuperado donde desapareció Santiago Maldonado pidió ser juzgado en la Argentina por los delitos que le imputan en Chile, cometidos durante un incendio en el que afirma no haber estado, en una causa donde todos los demás imputados ya fueron absueltos. “Es el mismo Poder Ejecutivo el que lo criminaliza, pero ahora la única instancia pendiente es que Cancillería se pronuncie por la solicitud de Facundo de ser juzgado como argentino en los tribunales de este país, un derecho que le asiste”, dice a PáginaI12 su abogada, Sonia Ivanoff. El lonko de Cushamen viene de hacer una huelga de hambre por las restricciones del Servicio Penitenciario al ejercicio de sus rituales ancestrales y por la persecución contra los dos jóvenes mapuches que bajaron del cerro, en Villa Mascardi, el cuerpo sin vida de Rafael Nahuel. Hace pocos días, la Cámara de Casación le concedió el arresto domiciliario, que cumple en casa de su abuela en Esquel. 

Mientras lee el fallo del máximo tribunal, Ivanoff lamenta haberse enterado de la noticia primero por la televisión que por el sistema de notificaciones del Poder Judicial. Incluso lo supieron antes los empresarios interesados en invertir en Vaca Muerta, a juzgar por el anticipo del martes publicado por El Cronista, según el cual “hombres de negocios vislumbran un debilitamiento de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) y un florecer de sus inversiones en la Patagonia”, a pesar de que Jones Huala reiteró en varias oportunidades que ya no integra ese grupo.

La Corte Suprema de Justicia resolvió ayer por unanimidad, confirmar la resolución del juez de primera instancia para que Facundo Jones Huala sea extraditado a Chile para ser juzgado por los delitos de “incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal”. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Maqueda –en voto conjunto– desestimaron los planteos de la defensa de Jones Huala que se oponía a la extradición en base a la nulidad decretada en un pedido previo, la insuficiente aplicación al caso de la normativa que rige en materia de pueblos originarios. Además, los magistrados descartaron el planteo de Jones Huala, por el que la extradición resultaba improcedente por estar referida a delitos políticos o conexos. En base a precedentes del Tribunal destacaron “la falta de fundamentación para demostrar la proporción entre el medio empleado y el objetivo político alegado”. Los ministros desestimaron la alegación de la defensa del lonko de que en caso de ser este extraditado existiría riesgo de persecución por raza y nacionalidad o de que se aplicara una pena cruel, inhumana y degradante. 

En tanto, respecto de la solicitud del líder mapuche de ser juzgado en la Argentina, señalaron que según la normativa vigente esta cuestión resulta competencia del Poder Ejecutivo. Por último, la Corte dispuso que el tiempo de privación de libertad al que estuvo sujeto durante el trámite de esta causa sea computado por las autoridades chilenas como si este lo hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el pedido de extradición. Por su parte, los jueces Rosatti y Rosenkrantz se pronunciaron en sentido favorable a la procedencia de la extradición con consideraciones propias.

“Ante la Cancillería argentina Jones Huala ya interpuso la opción de invocar la cláusula por ser argentino y ser juzgado en el país. También tenemos presentadas medidas cautelares a nivel internacional de modo que veremos cómo reaccionan en esas instancias”, resumió Ivanoff sobre el escenario inmediato para su defendido, quien se encuentra con su abuela Trinidad Huala, custodiado en forma electrónica por GPS.

Jones Huala sería extraditado porque está acusado de haber participado en un incendio ocurrido en 2013 en la localidad chilena de Pisa Pisué. Al haberse notificado, en 2016, que se encontraba de este lado de la cordillera la justicia de Chile pidió su extradición. Los demás imputados fueron juzgados en Chile y absueltos en noviembre de 2014 por el Tribunal Penal de Valdivia. Solo fue condenada a 61 días de prisión condicional la machi Millaray Huichalaf. En este sentido, cobra relevancia la mención de la Corte al plazo que lleva detenido el líder mapuche, lo cual podría significar que no vaya preso al llegar a Chile.

Luego de que su primer juicio de extradición fuera anulado por torturas a testigos, en junio de 2017 volvió a ser detenido en Villegas. Sin embargo, Ivanoff recordó que Jones Huala había estado preso en Chile, en enero de 2013, y pasó un año y 2 meses bajo diferentes formas de detención en el vecino país. La abogada también recordó que el lonko fue privado de su libertad durante cuatro meses cuando se hizo el primer juicio de extradición, y doce más para el segundo proceso. De hecho, hasta el 13 de julio estuvo detenido en el penal de Esquel. Por eso, la letrada resumió que Jones Huala lleva casi tres años con detención preventiva. “¿Cuál es el plazo razonable para tener detenido a una persona?”, se preguntó.