Ante muy pocas personas y desde una sala judicial cercada por policía provincial, el Tribunal Oral Federal de Corrientes absolvió al militar y ex interventor de Gobernador Virasoro, Héctor Torres Queirel, único acusado por la desaparición de Marcelo Peralta, uno de los varios trabajadores tareferos vinculados a la actividad sindical que fue secuestrado durante la última dictadura cívico militar y dejó así impunes los delitos de lesa humanidad que tuvieron en esa ciudad. Además, y respondiendo a medias al pedido del fiscal Flavio Ferrini, los jueces pusieron a disposición del Ministerio Público Fiscal los registros del juicio para que defina si reabre la investigación contra el presidente de Establecimiento Las Marías, Adolfo Navajas Artaza, por secuestros y torturas de los trabajadores que quedaron fuera del debate. “Es el final de esta causa fue siempre la crónica de la impunidad anunciada”, evaluó Ferrini, que esperará a conocer los fundamentos del tribunal para apelar su sentencia. 

La jueza y presidenta del tribunal Lucrecia Rojas de Badaró y sus colegas Víctor Alonso y Fermín Ceroleni decidieron por unanimidad absolver sin gastos a Torres Queirel, militar, ex interventor de facto de la ciudad de Gobernador Virasoro y propietario de la estancia María Aleida, un campo yerbatero arrendado para Establecimiento Las Marías. Lo hicieron una jornada después de lo que habían anunciado a fines de la semana pasada. Sobrevivientes, organizaciones de derechos humanos y sociales locales esperaban la sentencia para el martes pasado, cuando asistieron a la sala judicial de Corrientes capital en donde se desarrolló la última parte del debate y la rodearon con banderas y bombos a modo de vigilia. Ese día, sin embargo, el tribunal oyó el alegato del fiscal y decidió posponer la sentencia para ayer. “Tuvieron tiempo de llamar a la Policía provincial y a Gendarmería, de vallar la sala y de restringir el ingreso a la sala. Buscaron que no hubiera público para hacer lo que hicieron”, evaluó Ferrini. 

A lo largo de casi dos meses de debate no hallaron suficientes elementos que probaran su participación secundaria en el secuestro de Peralta, un tarefero que trabajaba y vivía junto a su familia en una casilla precaria instalada en el campo del terrateniente, y que permanece desaparecido. A Peralta, lo secuestraron por activista sindical. Lo mismo sucedió con varios otros tareferos durante el terrorismo de Estado. Aunque solo su caso llegó a juicio, tampoco obtuvo justicia. 

“La sensación que tengo es la que confirma el análisis de toda la causa: estamos ante la crónica de una impunidad anunciada”, señaló Ferrini al concluir el debate, en relación no solo a la sentencia, que recurrirá ante la Cámara de Casación, sino a los detalles de la instrucción y las demoras tras su cierre: “La investigación sobre estos hechos dejó a Navajas Artaza afuera. Pero, además, terminó en 2012 y el juicio llegó este año. Se esperó mucho para hacerlo, se esperó hasta que fallecieran los responsables o que estén los suficientemente viejos para quedar afuera. Y nos quedamos con este caso que para nosotros no es menor, porque se trata de una desaparición, pero en el contexto da la sensación de que la Justicia devaluó la causa”, explicó. 

Además de exigir la condena máxima para Torres Queirel, que según la acusación con la que cargaba alcanzaba los seis años de prisión, durante su alegato Ferrini le pidió al tribunal que envíe extracciones del expediente del juicio para que se investigue a Navajas Artaza, el presidente de Establecimiento Las Marías, por los secuestros de tareferos que trabajaban para la compañía yerbatera. A mediados de 2007 el empresario, que era investigado por la desaparición de Pérez, fue sobreseído. Antes, la causa había pasado por las manos de 19 jueces que no querían hacerse cargo del expediente. 

Ayer los jueces hicieron de cuenta que atendieron tal pedido y le cedieron al fiscal Ferrini el expediente del juicio para que saque las fotocopias que crea conveniente y las envíe él a la Justicia de Paso de Los Libres con el objetivo de reabrir el camino que conduce a Navajas Artaza. “No se hicieron ellos cargo del envío de lo cual podemos interpretar que no existen para ellos hechos a investigar. Es una cuestión muy sutil para el común de la gente, pero grave desde el punto de vista técnico”, apuntó el fiscal.