“¡Encolúmnense en la calle!”, gritaba una chica desde las escalinatas del Colegio Nacional de Buenos Aires para dar inicio a la marcha de antorchas hacia el Ministerio de Educación. La movilización, en defensa de la educación pública, fue convocada ayer por docentes, estudiantes, padres y madres de alumnos, graduados y miembros autoconvocados de la comunidad educativa. La manifestación se dio en el marco del conflicto que mantiene paralizadas a las universidades nacionales por tercera semana consecutiva y que afecta también a las 60 escuelas secundarias que dependen de ellas.
Pasadas las 20, en la puerta del colegio de la UBA, una multitud de rostros iluminados por el fuego de las velas comienza a moverse a paso lento y firme hacia el Palacio Sarmiento, donde tiene sede la cartera que encabeza el ministro Alejandro Finocchiaro. “Nos moviliza, en primer lugar, el interés que tenemos por que nuestros hijos e hijas estén en las aulas, la defensa irrestricta de la educación pública y la exigencia de un presupuesto decente para nuestras universidades nacionales”, dice Martina Miravalles, de la agrupación Madres y Padres Autoconvocados del Colegio Nacional de Buenos Aires (MaPaC). En diálogo con Página|12, explica que la organización, fundada en 2016 en el marco de un conflicto similar al actual –aunque, sostiene, “menos angustioso porque la paritaria se arregló antes de julio”– “apoya a la organización docente del Buenos Aires e intenta, también, articular con las madres y padres de las otras escuelas preuniversitarias”.
“La educación del pueblo no se vende, se defiende”, resume el cántico que se escucha en la retaguardia de la caravana, que ya atraviesa la Plaza de Mayo y que se fue conformando por alumnos secundarios del CNBA y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.
“A partir de esta semana se ha producido un cambio cualitativo y cuantitativo y podemos decir que estamos frente a un movimiento nacional en defensa de la educación pública, que incluye el reclamo salarial, pero que lo excede”, indica el secretario general de Conadu Histórica, Luis Tiscornia. “Además de la injusticia salarial, que es muy fuerte, hay efectivamente una política de agresión y de ataque hacia la universidad pública, que es un bien muy preciado por el pueblo argentino”, subraya. El dirigente, por otro lado, explica que a la reunión paritaria que el Gobierno convocó para el próximo lunes irán “con expectativas muy moderadas, teniendo en cuenta los encuentros anteriores”. “Ojalá tome nota y haga una propuesta razonable para encauzar este conflicto. Como secretario de una federación con más de 20 mil afiliados, en medio de un conflicto de esta naturaleza, me parece llamativo y grave que todavía no sepamos cuál va a ser la propuesta”, enfatiza.
Un cartel pintado a mano sobre la hoja de un cuaderno exclama: “Docente que lucha también está enseñando”. El papel cuelga de la mochila de una estudiante, haciéndose lugar entre el pañuelo verde de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y el pañuelo naranja que proclama la separación de la Iglesia del Estado.
La marcha de antorchas surgió en el contexto de la activa agenda de medidas que las 57 universidades nacionales, y sus escuelas e institutos, vienen desarrollando para enfrentar el ajuste implementado por el gobierno de Cambiemos. La paritaria de los docentes universitarios y preuniversitarios está trabada desde abril, con una propuesta salarial oficial de aumento del 15 por ciento en cuotas, que ya fue rechazada en varias reuniones por todos los gremios del sector.
Néstor Di Milia, docente del CNBA y dirigente del gremio AGD, cuenta que la última oferta de aumento, realizada el 13 de agosto, fue del 10,8 por ciento más la promesa de seguir negociando. “Frente a una inflación de un 32 por ciento, estaríamos perdiendo 20 puntos del salario”, explica, y agrega: “Todavía está en manos del Gobierno la convocatoria para resolver este conflicto, que no es solamente salarial, sino que está vinculado al recorte presupuestario de cuatro mil millones de pesos a las universidades”. Di Milia destaca la gran participación de las comunidades educativas en las actividades de protesta y subraya que se trata de un conflicto nacional, “que tiene a todas las universidades del país con medidas de fuerza” y que llegará a su punto más álgido el próximo 30 de agosto, cuando se lleve adelante la movilización federal desde el Congreso hacia el Ministerio de Educación.
Allí, durante el cierre de la marcha, sin más infraestructura que un par de micrófonos, los referentes de la comunidad escolar ponen en palabras la situación que atraviesan y vuelven a insistir con el objetivo último de la marcha: la defensa de la educación y la universidad pública, que va más allá del reclamo salarial. “Sin salarios no hay educación de calidad –sentencia Miravalles– y estudiar es un derecho, no un privilegio.”
