El Gobierno porteño les hizo llegar a estudiantes secundarios una nota en la que les solicita tener un “seguro de responsabilidad civil” para la marcha que prevén realizar el próximo viernes 31 a la Jefatura de Gobierno. La insólita exigencia está incluida en un texto titulado “Requisitos para el corte de calle”, que las autoridades le remitieron a la Unión de Centros de Estudiantes del Sur desde la Comuna 4, que agrupa a los barrios de Nueva Pompeya, Barracas, La Boca y Parque Patricios.

El texto, que fue dado a conocer por el sitio Nueva Ciudad, pide “brindar cobertura por los importes que resulte obligado a resarcir el organizador del evento en razón de la responsabilidad civil que le corresponda por las lesiones, incapacidad o muerte sufridas por espectadores, o por hechos ocurridos en forma accidental por la acción repentina y violenta”. O sea: se da por descontado que podría haber hechos violentos, los atribuyen a los movilizados y pretenden que se hagan cargo.

La marcha prevista para el 31 de agosto es para denunciar la situación de emergencia que viven los colegios porteños. La convocatoria es para marchar desde Monteagudo y Caseros, en Parque Patricios, hasta la sede del Ejecutivo de la Ciudad, en la calle Uspallata al 3100.

Gustavo Moreno, asesor tutelar de menores, contó a Página/12 que actúan de oficio a la espera de una denuncia de los alumnos. "Consultamos a las autoridades de la Comuna 4 y efectivamente les exigen el seguro. No es aplicable en este caso", aseguró. "Podrían aplicar protocolos a través de un fiscal, como marcha dejando libre un carril, pero no algo que es para un concierto en la 9 de Julio, por ejemplo". También adujo que la ley que se pretende aplicar "sería para eventos como la fiesta electrónica de Costa Salguero", en la cual en abril de 2016 murieron cinco personas por ingesta de drogas sintéticas. 

El asesor recordó que la libertad de expresión está estipulada en el artículo 13 de la Convención de los Derechos del Niño. "Frente a manifestaciones el Gobierno toma la opción de la política represiva", manifestó Moreno, para quien los funcionarios "podrían adelantarse a los acontecimientos, recibir a los estudiantes antes de la marcha y escuchar sus reclamos". 

Hace una semana, la Policía de la Ciudad le labró un acta contravencional a la doctora en Filosofía Mónica Cragnolini por una clase pública en la calle Puan, frente a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La docente fue conminada por los efectivos a liberar al menos un carril y ante su negativa fue sancionada. La medida generó el repudio de la comunidad educativa, en el marco del conflicto salarial por el cual no comenzó el segundo cuatrimestre en las 57 universidades nacionales. Tres días más tarde se realizó un acto de desagravio a Cragnolini, que podría ser citada por una fiscalía.

Además, el mes pasado se revalidó el protocolo antitomas para las escuelas porteñas, tras el rechazo que hizo la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso de los recursos de inconstitucionalidad  que presentaron la Asesoría Tutelar y un grupo de padres.

Hace casi cuatro años, en ocasión de la Marcha del Orgullo Gay, se suscitó una situación similar a la que se plantea ahora con los estudiantes secundarios del sur de la Ciudad.  En noviembre de 2014, los organizadores de aquella movilización denunciaron que el gobierno porteño, entonces a cargo de Mauricio Macri, se negó a garantizar la seguridad del evento a través de una resolución. Explicaron en ese momento que las autoridades “delegan la seguridad en las organizaciones sociales y políticas al momento de otorgar permisos para actos de interés general o políticos en el espacio público, igualándolos a eventos con fines particulares o de lucro en espacios concesionados o privados”. De esa manera, alertaron sobre un “peligroso condicionamiento a la libertad de expresión”. El gobierno de Macri modificó la resolución que dejaba el acto sin custodia, adujo que no había “delegación de facultades propias” y la marcha se hizo.

En consonancia, un fallo judicial condenaba a la Comunidad Homosexual Argentina a pagar casi 500 mil pesos a un transeúnte por un delito común “por un delito común ocurrido en la vereda de la plaza donde desarrollaba un acto, diciendo que la organización ‘omitió su deber de seguridad al no ejercer el poder de policía que le delegó el Gobierno CABA’, a fin de prevenir lo ocurrido”.