El Gobierno español aprobó ayer una reforma legal para exhumar los restos del dictador Francisco Franco. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, confirmó que la exhumación del cadáver se hará mediante una modificación de la Ley de Memoria Histórica de 2007, y prevé que el proceso termine antes de fin de año. Los restos serán retirados del Valle de los Caídos, el mausoleo que el dictador ordenó levantar al norte de Madrid tras la guerra civil española (1936-1939). 

El decreto ley aprobado por Pedro Sánchez, presidente de España, blinda la exhumación para evitar eventuales recursos por parte de la familia del dictador. Sin embargo el decreto sí habilita a la familia a elegir a donde trasladar los restos. Los familiares del dictador contarán con un plazo de 15 días para pronunciarse al respecto y si no lo hacen o deciden no hacerse cargo del cuerpo, el Ejecutivo afirmó que buscará un lugar digno y respetuoso para reubicarlo. “Es urgente hacerlo porque vamos tarde. Un dictador no puede tener una tumba de Estado en una democracia consolidada como la española”, destacó Calvo. La modificación de la ley supone que a partir de ahora nadie podrá estar enterrado en el Valle de los Caídos si no murió en la guerra civil ni fue represaliado posteriormente. El Gobierno de Sánchez planea así convertir el lugar histórico, hasta ahora símbolo del franquismo, en un espacio de homenaje para todas las víctimas de la guerra. El decreto ley deberá ser convalidado en un mes por el Congreso de los Diputados, para lo que necesitan una mayoría simple. Los grupos parlamentarios esperan los detalles de esa norma para definir sus posiciones, sin embargo el Partido Popular y Ciudadanos ya anunciaron que no respaldarán la decisión del Ejecutivo. 

El decreto fue una de las primeras promesas del socialista después de desbancar el pasado primero de junio al conservador Mariano Rajoy luego de moción de censura. Si bien su intención era sacar los restos del dictador del mausoleo lo antes posible, la oposición de la familia retrasó el proceso. Franco fue sepultado en noviembre de 1975 y su muerte abrió la puerta a un proceso de transición a la democracia tras casi cuatro décadas de dictadura en España. El el templo yacen también los cuerpos de unas 32.000 víctimas de la contienda muchos de ellos sin identificar. El monumento recibe visitas a diario y, desde que el Gobierno anunció la exhumación de Franco, éstas se duplicaron.  Ante la decisión de Sánchez, la derecha española arremetió contra la utilización de un instrumento jurídico como el decreto ley alegando que no se trata de una situación extraordinaria ni urgente. La vicepresidenta respondió invocando la posición de Naciones Unidas que desde 2014 dice que no es sostenible tener la tumba del dictador junto a las víctimas de la guerra civil. En este sentido, insistió en que el respeto a las 32.000 víctimas de la contienda que están enterradas en el Valle de los Caídos no es posible estando allí los restos del dictador. La decisión fue valorada positivamente por Amnistía Internacional, que en un comunicado subrayó que con ella se cumplirán las recomendaciones de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación. Además agregó que la medida contribuye a la resignificación del lugar y a la construcción de la memoria. Por su parte, la Fundación Francisco Franco advirtió al Ejecutivo  que con la utilización de esta fórmula podría incurrir en un delito de prevaricación, según declaró uno de los nietos de Franco, al canal Antena 3. El descendiente del dictador tildó además la decisión de Sánchez de oportunista, cobarde y revanchista. En respuesta, desde el Gobierno insistieron en que no hay ni una sola razón de fondo para que la democracia española no se sienta digna con esta exhumación. “No podemos cumplir el 40 aniversario de la Constitución sin haber hecho esto”, enfatizó Calvo.